Roberto Santos
La iniciativa de reforma electoral enviada con tanto entusiasmo por la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados abrió el debate sobre el futuro del sistema político mexicano; también dejó al descubierto las grietas dentro del propio bloque gobernante.
Lo que en otros momentos se presentaba como una alianza sólida entre Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, hoy enfrenta su primera gran tensión política.
La propuesta será discutida entre el 18 y el 25 de marzo, pero desde ahora el escenario es claro: Morena no tiene asegurada la mayoría calificada que exige una reforma constitucional.
El proyecto plantea modificar once artículos de la Constitución y tocar aspectos sensibles del sistema electoral, desde el financiamiento de los partidos hasta la integración del Congreso.
Sin embargo, más allá de los cambios técnicos, lo que ha provocado el choque con sus aliados es la reducción de prerrogativas y la nueva fórmula para repartir recursos públicos entre partidos.
Mientras Morena defiende que el financiamiento se distribuya en mayor proporción según los votos obtenidos, tanto el Verde como el PT consideran que ese esquema debilita la pluralidad política y favorece la concentración del poder.
Las quejas han sido directas. Desde el PT, su coordinador en San Lázaro, Reginaldo Sandoval, advirtió que la reforma podría abrir la puerta a un “partido de Estado”, una acusación que refleja la profundidad del desencuentro.
Para los petistas, la propuesta implica un retroceso democrático y pone en riesgo el equilibrio del sistema partidista.
El Verde, por su parte, mantiene una posición cautelosa: analiza el contenido del proyecto, pero evita comprometer su voto, dejando claro que no respaldará automáticamente una reforma que afecte sus condiciones políticas y financieras.
El conflicto es grave para Morena, partido que cuenta con 253 diputados y requiere el respaldo de sus aliados para alcanzar la mayoría calificada en el pleno.
Sin los 62 legisladores del PVEM y los 49 del PT, la reforma queda prácticamente sin posibilidades de prosperar, más aún con la oposición cerrando filas en contra.
Así, lo que debía ser una iniciativa estructural para rediseñar el sistema electoral terminó convirtiéndose en un factor de división dentro del propio bloque oficialista.
En política, como sabemos, los aliados suelen marchar juntos mientras los beneficios sean compartidos.
La discusión de esta reforma electoral será, más que un debate jurídico, una prueba de fuego para la cohesión del bloque que ha dominado la política nacional en los últimos años.
Y por ahora, las señales apuntan a que esa hegemonía ya no es tan monolítica como parecía.
