Chilpancingo, Gro., 16 de febrero de 2026.– La diputada Gloria Citlalli Calixto Jiménez presentó una iniciativa de reforma y adición a diversas leyes, cuyo objetivo es armonizar la legislación estatal con la federal en materia laboral y garantizar de manera expresa la libertad sindical y la autonomía plena de las organizaciones de trabajadores del servicio público.
Las reformas y adiciones a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado; a la Ley 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado; y a la Ley Número 465 de Responsabilidades Administrativas del Estado de Guerrero, se encuentran en análisis en las Comisiones Unidas de Desarrollo Económico y Trabajo, y de Justicia, para su estudio y dictaminación.
El documento presentado por la diputada señala que la finalidad es asegurar procesos democráticos libres en la elección, reelección y destitución de dirigencias sindicales; fortalecer la representatividad legítima de las organizaciones; establecer reglas claras que protejan la toma de decisiones autónomas; y tipificar como falta administrativa grave cualquier violación a la autonomía sindical, con el propósito de consolidar un entorno justo, transparente y respetuoso de los derechos humanos laborales en el estado de Guerrero.
Subrayó que es fundamental legislar en la materia, dado que la libertad sindical y la autonomía de las organizaciones de trabajadores son pilares de un Estado democrático de derecho, al garantizar el equilibrio en las relaciones laborales, la defensa efectiva de los derechos colectivos y la participación auténtica de las y los trabajadores en la vida institucional.
La diputada, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, explicó que estas modificaciones responden a la reforma laboral federal publicada el 15 de diciembre de 2025, la cual fortaleció de manera expresa la protección a la autonomía sindical en el servicio público, prohibiendo y tipificando como falta administrativa grave cualquier forma de injerencia por parte de autoridades o personas servidoras públicas, entre ellas la coacción, la presión jerárquica, el condicionamiento de servicios o prestaciones y el uso de recursos públicos para influir en decisiones sindicales.
Por lo anterior, Citlalli Calixto destacó la necesidad de adecuar el marco jurídico del estado de Guerrero para garantizar la plena vigencia de estos derechos en el ámbito local. Añadió que, con esta reforma, el Congreso del Estado reafirma su compromiso con la democracia sindical y con la construcción de un entorno laboral más justo, plural y participativo para las y los trabajadores del servicio público.
