Chilpancingo, Gro., 11 de marzo de 2026.- La diputada Luissana Ramos Pineda propuso reformas y adiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Guerrero, con el objetivo de reconocer y sancionar la violencia estética como una forma específica de agresión contra las mujeres, derivado de que la imposición de estándares de belleza rígidos actúa como un mecanismo de control social que vulnera la autonomía, la salud mental y el libre desarrollo de la personalidad.
Al exponer la propuesta en la sesión ordinaria de este miércoles, puntualizó que esta forma de violencia tiene su origen en estructuras históricas profundamente arraigadas, particularmente en un sistema patriarcal que durante muchos años ha impuesto reglas y expectativas sobre cómo deben verse, comportarse y presentarse las mujeres ante la sociedad. Bajo una cultura machista, se ha ejercido una presión constante que busca dictar cómo deben vestir, lucir y, en muchos casos, cómo deben decidir sobre su propio cuerpo.
Agregó que se ha reforzado una idea equivocada de lo que se considera “estéticamente correcto”; estos modelos —señaló— no solo excluyen la diversidad, sino que también generan inseguridad, discriminación y violencia simbólica hacia quienes no encajan en esos parámetros.
Refirió que, en Guerrero, esta violencia tiene rostros muy específicos y se manifiesta cuando hay mujeres que son discriminadas al evaluarse su “imagen”, color de piel, peso corporal o edad por encima de su capacidad profesional, así como cuando niñas y adolescentes crecen creyendo que su cuerpo es un objeto de escrutinio público y no el territorio de su propia libertad.
Enfatizó que no se puede permitir que el libre desarrollo de la personalidad, derecho humano consagrado en la Constitución, continúe siendo vulnerado por comentarios despectivos, burlas o exigencias corporales que ponen en riesgo la salud física y mental de las mujeres.
Por ello, con la iniciativa de reformas y adiciones al artículo 9 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se incorpora la violencia estética como un tipo de violencia, lo que da certeza jurídica a las víctimas y facilita la actuación de las autoridades para prevenir y sancionar estas conductas. Sobre todo, se envía un mensaje contundente: el cuerpo de la mujer no es un espacio de propiedad pública ni un objeto de consumo.
La propuesta fue turnada a la Comisión para la Igualdad de Género.
Iniciativas
El diputado Alejandro Carabias Icaza (PVEM) presentó una iniciativa por la que se adiciona la fracción XIX al artículo 5º de la Constitución Política del Estado de Guerrero, para que se reconozca el derecho de las personas a una buena administración pública, garantizando que la actuación de las autoridades se rija por principios de legalidad, eficiencia, transparencia, imparcialidad y calidad en la prestación de los servicios públicos. Fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.
La diputada Beatriz Vélez Núñez presentó una iniciativa para adicionar y reformar diversas disposiciones de la Ley Número 248 de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero y de la Ley Número 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados, para garantizar la ejecución efectiva de los laudos y sentencias laborales en las entidades públicas, estableciendo sanciones a las personas titulares de dependencias y presidencias municipales que incumplan resoluciones judiciales, así como la obligación de prever en los presupuestos una partida específica destinada al pago de dichas obligaciones. Fue turnada a la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo.
La diputada Gladys Cortes Genchi (PVEM) presentó una iniciativa por la que se adicionan las fracciones V y VI al artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero, para establecer requisitos de elegibilidad que garanticen la probidad y ética de las personas titulares de dependencias y entidades de la administración pública, evitando que ocupen dichos cargos personas inhabilitadas, condenadas por delitos dolosos, por violencia familiar o política de género, o que se encuentren como deudoras alimentarias morosas. Fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.
La diputada Araceli Ocampo Manzanares (Morena) presentó una iniciativa por la que se reforma y adiciona un párrafo a la fracción IV del artículo 66 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, con el objetivo de garantizar espacios públicos gratuitos para la instalación de un “Tianguis de Producción Directa” en las cabeceras municipales, para que productores agrícolas, ganaderos y artesanos locales comercialicen sus productos sin intermediarios ni cobros de derechos o cuotas. Fue turnada a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación.
La diputada Ana Lilia Botello Figueroa (Morena) presentó una iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fomento Económico, Inversión y Desarrollo del Estado de Guerrero, para que se visibilice a las personas artesanas en el diseño de las políticas públicas y se les incorpore formalmente al marco jurídico de fomento económico y de inversión del Estado. Asimismo, se busca garantizar una atención integral a sus necesidades productivas y sociales, estableciendo por ley mecanismos de apoyo gubernamental que incluyan incentivos económicos y acompañamiento temporal. Fue turnada a la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo.
El diputado Jhobanny Jiménez Mendoza (PVEM) presentó una iniciativa para reformar y derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, en materia de reestructuración de las comisiones legislativas, para reducir el número de comisiones ordinarias de 34 a 28, y fortalecer la organización y especialización del trabajo parlamentario mediante su redistribución y actualización, eliminando duplicidades, fusionando materias afines y creando órganos especializados que permitan mayor eficiencia en el proceso legislativo. Fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.
