Marcial Campuzano
El ex diputado federal Rubén Cayetano García presentó una alerta constitucional ante el Congreso de la Unión en contra del Congreso de Guerrero, por presuntamente violar los diputados el pacto federal, al no homologar correctamente la reforma judicial local con la federal en lo que se refiere a la designación del presidente del Tribunal Superior de Justicia.
Señaló que mientras la reforma judicial federal establece que el titular del Poder Judicial federal será quien tenga el mayor número de votos en el proceso electoral judicial del 1 de junio de este año, la reforma efectuada en Guerrero plantea que el presidente del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial y del órgano de administración judicial será designado en la primera sesión de pleno que tengan los magistrados que sean electos en 2027.
Esto es que una vez que el pueblo elija en las urnas a las y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Disciplina Judicial, “entre ellos designarán al o a la presidenta, mientras que la Constitución Política del país señala en los artículos 94 segundo párrafo, y 100 segundo párrafo, que quien presidirá la Suprema Corte de Justicia de la Nacional y el Tribunal de Disciplina Judicial será quien alcance la mayor votación.
El ex legislador federal señaló que esta situación fue hecha del conocimiento a la Cámara de Diputados federal y al Senado de la República, a través de una alerta constitucional que entregó a los presidentes de las mesas directivas de las 2 Cámaras, para el efecto de que ordenen a los diputados de Guerrero que homologuen correctamente la reforma judicial local con la federal.
Rubén Cayetano sostuvo que hay una contravención de la Constitución local con la federal, “porque no se tutela la decisión de los electores, y por el contrario se busca mediante la simulación, mantener el privilegio de seguir siendo el poder político el que imponga a los titulares de ambos órganos del Poder Judicial de Guerrero”.
“Si desde el Congreso se permite esta incongruente y antidemocrática rebeldía en Guerrero, se mantendrá la burla a nuestro pueblo simulando aquí la democratización del Poder Judicial más oprobioso de la República, aparte del retroceso de mandar la elección judicial hasta el 2027, cuando todos sabemos que, si en algún lugar de México es más urgente la elección de magistraturas y juzgados, ese lugar es Guerrero, que es epicentro de la demanda de justicia en el país”, agregó.
Además, dijo que en materia de derechos laborales para servidores públicos y trabajadores del Poder Judicial del estado, no están garantizados el pago de las pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones de carácter laboral especificadas para el Poder Judicial federal en el artículo décimo transitorio del decreto del 15 de septiembre de 2024, y que en Guerrero desaparecen en el artículo décimo cuarto transitorio de la reforma que fue aprobada en marzo de este año.
Por el contrario, se establecieron en el artículo décimo primero transitorio de la reforma judicial local, el privilegio de los haberes de retiro para jueces y magistrados del Poder Judicial del estado, “por lo que el Congreso de La Unión debe revisar estos procedimientos anticonstitucionales cometidos por el Congreso de Guerrero”, indicó.
Para el ex legislador federal es inadmisible que habiéndose votado en 2024 y realizados tantos esfuerzos para democratizar al Poder Judicial federal, “en Guerrero se mantengan los procedimientos del viejo régimen, el cacicazgo ramplón y los retrocesos democráticos desalentando el avance de la transformación de la vida pública del país”.
Si la reforma judicial de Guerrero es ratificada por los ayuntamientos y publicada en el Periódico Oficial, y el Congreso de la Unión no hace las correcciones, dijo que recurrirá a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que dentro de los plazos legales, ejerza sus atribuciones y presente la controversia constitucional para revertir la reforma judicial del estado.
