*Marco Tulio Sánchez presentó una iniciativa de reformas al Código Penal
*Estudios indican que ese delito va en constante aumento en Guerrero y en el país
Marcial Campuzano
Por ser un delito que va en constante crecimiento que genera afectaciones graves a las víctimas, el diputado de Morena Marco Tulio Sánchez Alarcón presentó una iniciativa de reformas al Código Penal del estado para que se impongan de 15 a 30 años de prisión, a quienes cometan el delito de extorsión por vía telefónica, redes sociales o por cualquier otro medio electrónico de comunicación e información.
La propuesta fue presentada en la sesión legislativa celebrada este miércoles, y fue turnada a la Comisión de Justicia para que en su momento sea dictaminada y en su caso sea aprobada por el pleno de diputados.
En la exposición de motivos, el legislador morenista expuso que el delito de extorsión a través de llamadas telefónicas, redes sociales o cualquier otra tecnología de la información y la comunicación es cada vez más recurrente en México y en Guerrero, “por lo que es indispensable reformar e incorporar en el Código Penal del estado la comisión de este delito con penas más severas, y que se castigue de manera ejemplar si la víctima pertenece a un pueblo o comunidad indígena o afromexicana”.
Ante el pleno de diputados expuso que a través de teléfonos celulares, los delincuentes planean supuestos escenarios que incluyen situaciones de riesgos o peligro para las posibles víctimas, tales como amenazas de daños físicos, patrimoniales, secuestros, detenciones familiares a causa de un delito, así como actividades de organizaciones delictivas que venden seguridad, entre otras.
Explicó que la extorsión telefónica es un tipo de fraude en el que una persona a través de una llamada telefónica amenaza, engaña o intimida para obtener dinero u otros beneficios.
Citó que el director nacional de Riesgos y Seguridad del Tecnológico de Monterrey señaló que la extorsión telefónica es una amenaza que ha ido en aumento, “con prácticas comunes que usan los delincuentes al hacerse pasar por una autoridad o ser miembro del crimen organizado, el agresor utiliza un lenguaje amenazante para hacer creer que tiene dominio sobre la víctima o su familia, así como la insistencia para que le realicen un pago o transferencia de dinero”.
“El extorsionador suele decir que tiene amigos en la policía o contactos en la Fiscalía, para hacer creer que tiene impunidad ante las autoridades y que la víctima no denuncie el hecho”, señaló.
Como parte de la exposición de motivos de la iniciativa mencionó que la encuesta nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, destacó que en 2018 se cometieron en México 6 millones de delitos de extorsión de los cuales el 91 por ciento fueron por vía telefónica.
Citó también que el investigador Juan Pablo Aguirre Quezada del Instituto “Belisario Domínguez” del Senado de la República, dio a conocer que diariamente se registran en México 13,000 extorsiones en promedio, “por lo que se le considera como uno de los delitos con mayor incidencia en el país, y en los últimos años se ha sofisticado mediante el uso de las tecnologías de la información para engañar y afectar el patrimonio de las víctimas”.
El estudio señala que muchas extorsiones no son denunciadas, que representa la cifra negra característica de este delito, agregó.
Mencionó que en los Códigos Penales de Morelos, Hidalgo y la ciudad de México ya está tipificado el delito de extorsión cuando se utiliza la comunicación telefónica, o cualquier otro medio de comunicación electrónica o de redes sociales.
Por eso se propone aumentar las penas en el Código Penal de Guerrero en el delito de extorsión por vía telefónica, redes sociales o cualquier tecnología de la información y comunicación.
La propuesta es que a los extorsionadores les impongan una pena de 15 a 30 años de prisión, y de 500 a 1,200 Unidades de Medidas de Actualización.
