Marcial Campuzano
La diputada local Luissana Ramos Pineda presentó una iniciativa para reformar el artículo 205 del Código Penal del estado de Guerrero, con el objetivo de imponer penas más severas a quienes incumplen con su obligación alimentaria.
La propuesta busca que quienes no proporcionen alimentos a sus hijos enfrenten de 1 a 5 años de prisión, y sean inscritos en el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos si la deuda supera los 30 días.
La legisladora explicó que actualmente el marco legal permite una tolerancia de hasta 30 días sin sanción efectiva, lo cual prolonga el daño económico y emocional hacia niñas, niños y adolescentes.
Ramos Pineda afirmó que el incumplimiento de la pensión alimenticia vulnera el derecho de los menores a una vida digna, al limitar su acceso a necesidades básicas como salud, educación, alimentación y vivienda.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 3 de cada 4 hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia. A nivel nacional, el Registro Nacional de Deudores Alimentarios avalado por el Senado, revela que 7 de cada 10 padres no cumplen con sus obligaciones. La diputada aclaró que no se trata de cifras, “se trata de derechos humanos”.
La iniciativa establece que, si la deuda por pensión alimenticia excede los 30 días, el juez deberá ordenar al Registro Civil la inscripción del sentenciado en el Registro Estatal de Deudores Alimentarios, y que, una vez cumplida la reparación del daño, podrá solicitarse la cancelación de dicha inscripción.
Ramos Pineda señaló que el incumplimiento alimentario no solo afecta a menores, sino que también constituye una forma de violencia económica y vicaria hacia las mujeres que generalmente tienen la custodia de los hijos, expuso que estas medidas no castigan la pobreza, sino la omisión deliberada de quienes teniendo los medios deciden no cumplir.
La propuesta también considera que, en caso de que no puedan comprobarse los ingresos del deudor, el juez podrá determinar la pensión con base en la capacidad económica y el nivel de vida que llevaba antes de la separación, lo cual busca evitar evasiones injustificadas que perpetúan la impunidad.
Aunque el Código Civil del estado ya contempla la creación del Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos, la diputada subrayó que hace falta armonizarlo con el Código Penal, ya que actualmente no se da facultad a los jueces penales para ordenar la inscripción de deudores sancionados.
La legisladora exhortó a los diputados de las distintas fracciones parlamentarias y representaciones partidistas del Congreso de Guerrero, que respalden la iniciativa como una muestra clara de compromiso con el interés superior de la niñez, y no permitir que la impunidad siga afectando a los sectores más vulnerables.
