Chilpancingo, Gro., 21 de enero de 2026.– La diputada Luissana Ramos Pineda (Morena) presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta a los 84 ayuntamientos y al Consejo Municipal de Ayutla de los Libres para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, procedan a la elaboración, o en su caso actualización y difusión a través de medios electrónicos y digitales del Reglamento Interno de los Órganos de Control Interno Municipales, con el objetivo de garantizar la eficiencia, eficacia y legalidad en el ejercicio de sus atribuciones y obligaciones establecidas en la legislación vigente, detallando su estructura, procedimientos y manuales de operación, con el fin de garantizar que sus actuaciones se realicen con eficiencia, objetividad e imparcialidad, fortaleciendo asi la fiscalización de los recursos públicos municipales.
En tribuna, la legisladora expuso que la Constitución Política del Estado reconoce la obligación de las autoridades de conducirse bajo los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas, así como el derecho de las personas a acceder a la información pública. Además, la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado otorga a las contralorías municipales atribuciones específicas en materia de control interno, fiscalización, auditoría y responsabilidades administrativas.
Añadió que, para ejercer estas funciones con certeza jurídica, es indispensable que cuenten con reglamentos internos vigentes, armonizados y de conocimiento público, como lo señala la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.
Por ello, consideró necesario este exhorto para fortalecer el cumplimiento de las obligaciones legales ya existentes e incentivar las buenas prácticas de gobierno abierto, ya que publicar reglamentos internos no es una concesión, sino una obligación legal y ética que brinda certeza a las y los servidores públicos, además de generar confianza en la ciudadanía.
“Este exhorto tiene como propósito fortalecer la fiscalización municipal, entendida no solo como una función administrativa, sino como un derecho de la ciudadanía a que cada peso público sea vigilado, auditado y ejercido conforme a la ley. Una contraloría con reglas claras y públicas es una contraloría que puede actuar con mayor independencia, eficacia y credibilidad frente a la sociedad”, indicó. La propuesta fue turnada a las Comisiones Unidas de Asuntos Políticos y Gobernación y de Transparencia y Anticorrupción.
