Chilpancingo, Gro., 14 de marzo de 2023.- Con el propósito de integrar la extorsión en el catálogo de delitos que cuentan con medida cautelar de prisión preventiva, para que quienes la cometan permanezcan privados de su libertad mientras transcurre su proceso penal, garantizando la seguridad de las víctimas, el diputado Joaquín Badillo Escamilla presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En el documento, el diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena menciona que la violencia asociada a los grupos delincuenciales se ha incrementado en el país, particularmente en Guerrero, lo que ha traído reclamos de la sociedad civil, por carecer de acciones legales efectivas que prevengan estos actos y desarticulen a las organizaciones criminales.
Agregó que la extorsión es una de las prácticas que mayormente afectan a los guerrerenses, mismo que se que se encuentra tipificado en el artículo 243 del Código Procesal Penal del Estado, a pesar de lo cual no cuenta con medidas cautelares como la prisión preventiva, y se ha convertido en un acto común ejercido ya no solo por los grupos delincuenciales, sino por muchos ciudadanos que lo ven como una forma de obtener recursos económicos.
“La extorsión es una forma efectiva de ejecutar acciones violentas, que pueden ser de manera directa o indirecta, con nuevas modalidades; sin embargo, las más recurrentes son por vía telefónica, donde se amenaza a una persona con secuestrar a un ser querido si no paga determinada cantidad de dinero; por anónimos y de tipo personal, donde miembros de las organizaciones delincuenciales acuden a exigir el denominado cobro de derecho de piso, o cobro de protección”, abundó.
El legislador subrayó que dicho delito ha afectado completamente la actividad comercial, con mayor incidencia en los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Taxco, Tlapa, Iguala, Tierra Caliente y parte de la zona Norte, causando no solo daño físico, psicológico y patrimonial a las víctimas, sino a las familias que sufren un miedo profundo por su integridad y por la pérdida de sus bienes o sus ahorros.
Por todas estas razones, Badillo Escamilla considera la necesidad de dotar a las instituciones de las herramientas legales para la persecución y sanción de la extorsión, integrándola en el catálogo de los delitos que cuentan como medida cautelar la prisión preventiva.
La propuesta de reforma fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su análisis y emisión del dictamen correspondiente.
