*La Comisión Instructora del Congreso analizará si es viable iniciar juicio de procedencia
*Aclaró que no se politizará ese asunto para evitar presiones externas
Marcial Campuzano
El presidente de la Comisión Instructora del Congreso local Arturo Álvarez Angli, confirmó que la solicitud para que inicie un juicio de procedencia -desafuero- que presentó la Fiscalía General del Estado a través de una agente del Ministerio Público, va dirigida contra un presidente municipal cuyo nombre no reveló, pero adelantó que no se politizará ese asunto y que será respetado el procedimiento.
Además, el legislador por el Partido Verde Ecologista señaló que, por las amenazas recibidas, el presidente municipal de Cuajinicuilapa se presenta de manera esporádica a sus actividades edilicias, sin hacer presencia en eventos públicos, y que lo mismo ocurre con la alcaldesa de San Nicolás, Tarsila Molina, que también desde el inicio de su periodo de gobierno fue amenazada.
Ante la secrecía que se guarda referente a este tema, el legislador local aclaró que todos los temas que resuelve la Comisión instructora de los cuales pueden derivar juicios de procedencia o revocación de mandato, deben ser manejados con secrecía hasta en tanto no se analicen correctamente las evidencias, las pruebas, y se pueda tomar una determinación.
“Lo digo de esta forma porque me parece muy irresponsable lo que ha sucedido en momentos anteriores y en esta legislatura, en donde aún sin conocer del asunto, éstos se terminan discutiendo en medios de comunicación y en las redes sociales sin contar con elementos, y eso le provoca al Congreso un gran problema porque se generan presiones distintas sin saber realmente qué es lo que se está recibiendo”, explicó.
Esta es la primera petición que recibe la 64 Legislatura de Guerrero, para iniciar un juicio de procedencia en contra de un servidor público de elección popular, para que la Fiscalía esté en condiciones de ejercitar acción penal.
Al respecto el legislador expuso que con secrecía, es la manera más correcta de tratar los asuntos, más allá de la gravedad o no gravedad del tema de que se trate, “porque lo correcto es manejarlo con absoluta secrecía con respeto al debido proceso, y que eso permita hacer análisis y tomar decisiones sin presiones externas y con objetividad”.
Si los asuntos se politizan desde antes de revisarlas y decidir sobre ellas, los riesgos de equivocarnos son más altos, advirtió el presidente de la Comisión Instructora.
Arturo Álvarez dijo que la petición de juicio de procedencia que solicitud la Fiscalía del Estado en contra de un presidente municipal, a través de la agente del Ministerio Público Margarita Azucena Sánchez Gutiérrez, será tratado con respeto al debido proceso. “Es decir, con absoluto respeto a todas las partes involucradas intentando politizarlo lo menos posible”.
De acuerdo a los análisis del expediente, el presidente de la Comisión Instructora informó que entre 30 y 40 días pudieran tener los elementos suficientes para determinar lo que en su caso proceda.
En otro tema informó que por las condiciones de inseguridad que prevalecen en los municipios de Cuajinicuilapa y San Nicolás de la región de la Costa Chica, los presidentes municipales Idelberto Salinas Mariche y Tarsila Molina Guzmán, respectivamente, sólo se presentan de manera esporádica a sus actividades, y los 2 determinaron por separado no asistir a eventos públicos.
Aclaró que la alcaldesa y el presidente municipal, ambos militantes del Partido Verde Ecologista, cumplen con sus responsabilidades sólo que lo hacen con medidas de seguridad.
El legislador aclaró que esta situación no es privativa de esos municipios costeros, también ocurre en varios municipios del estado en donde el uso de los vehículos blindados es normal, “pero es algo que no debe normalizarse”.
Señaló también que se reanudaron las clases presencias en las escuelas de todos los niveles educativos que hay en esos municipios de la Costa Chica.
