La defensa legal VMA que representa a tres lesionados por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, a la altura de Nizanda en Oaxaca, ocurrido el 28 de diciembre, presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de diversas constructoras: Comsa Infraestructura, Grupo Constructor Diamante, Daniferrotools, así como servidores públicos.

A las afueras de la FGR, el abogado Adrián Arellano señaló que con fundamento en el artículo 225 del Código Nacional de Procedimientos Penales, presentaron la querella por el delito de lesiones, previsto en el artículo 288 del Código Penal Federal, así como la denuncia por los delitos de abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones.

Arellano dijo que representan a los afectados Juan Manuel Iglesias, Flor del Carmen Temich y Alexis Iglesias.

En una videollamada, el señor Juan Manuel manifestó que el 28 de diciembre, él junto con su familia estaban en el Tren Interoceánico y sufrió una lesión de segundo grado en el tobillo. “Mi esposa tiene una lesión de primer grado en una de las cervicales, mi hijo es el más afectado, él tuvo una operación en uno de los brazos, tiene una lesión en la cabeza, le dieron 18 puntos.

“Gracias a Dios fue salvado… Hubo una prontitud en la respuesta de los médicos, Guardia Nacional (GN) que hicieron todo lo posible para que mi hijo fuera trasladado”, resaltó el señor Juan Manuel, quien reside en Ciudad Juárez, Chihuahua y es misionero.

Recordó que después del accidente los enviaron al municipio de Matías Romero, posteriormente a Ixtepec y de ahí vía aérea a la ciudad de Oaxaca porque pensaban que su hijo tenía una abertura de cráneo.

“Sin embargo, bendito sea Dios y la gracia de Dios nos salvaguardó para poder llegar con bien y hoy podemos contar esta triste historia”, enfatizó el afectado.

El abogado dijo que las víctimas que representa, es una familia misionera de Ciudad Juárez, que el 28 de diciembre tenían como finalidad llevar ayuda humanitaria a Oaxaca.

“La familia ha señalado la voluntad de denunciar el delito de lesiones derivado de estas omisiones tanto de autoridades como de contratistas, así como el delito de abuso de autoridad y contra quien resulte responsable.

“Sabemos que la FGR ha iniciado una investigación y la voluntad es colaborar con la misma, ser partícipes activos a través de las víctimas y poder aportar mayores datos para efectivamente saber cuál fue la razón de este descarrilamiento”, remarcó.

A pregunta expresa que la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo que algunos bufetes de abogados sugieren a las víctimas denunciar prometiendo mayores compensaciones, en realidad están más interesados en cobrar comisiones, el litigante subrayó que ellos tienen funciones y llamo a las Barras y Colegios de Abogados a que también participen en esta representación.

• La Presidenta detalló que la Cámara de Diputados tiene la facultad de crear comisiones objetivas, imparciales y plurales

La Presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, anunció que propondrá la creación de una Comisión Especial para investigar y dar seguimiento puntual al accidente del Tren Interoceánico ocurrido el pasado 28 de diciembre.

En conferencia de prensa, puntualizó que lo anterior resulta necesario para llegar al fondo del asunto y fincar responsabilidades «caiga quien caiga».

«La Cámara de Diputados tiene la facultad de crear comisiones objetivas, imparciales, plurales, que den certeza de la investigación. Es necesario que haya un acuerdo de los grupos parlamentarios, yo no tendría ningún inconveniente, al contrario, estaría proponiendo que haya una comisión de investigación a propósito de lo sucedido en esta lamentable tragedia», declaró.

La legisladora panista explicó que dicha comisión deberá vigilar que el Estado cumpla con su obligación de garantizar verdad, justicia, reparación del daño y no repetición.

«Por tanto debe haber una investigación técnica, transparente, objetiva que permita saber a todo México qué pasó y por qué pasó, no se pueden ocultar las responsabilidades de los servidores públicos o de las empresas involucradas.

La reparación en este caso obliga a que el Estado mexicano dé una reparación médica, psicológica, legal, económica, y que se llegue a la justicia», indicó.

López Rabadán recordó que el accidente dejó 14 muertes y 98 personas heridas, y aseguró que ello da muestra de que hubo corrupción.

«El tren interoceánico demuestra que la ineptitud y la corrupción matan. Por eso es que se hace necesario que haya justicia garantizada en esta tragedia para las víctimas directas e indirectas. Lo que tendría que suceder es que no haya moches, es que no haya corrupción, es que no haya gente que se esté enriqueciendo ilegalmente. Es claro que la corrupción mata y es claro que si hay corrupción involucrada en esta tragedia, se debe sancionar», sentenció.

Por su parte, el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, exigió la creación de comisiones especiales en el Congreso de la Unión para dar seguimiento a las investigaciones.

En redes sociales, el legislador priista señaló que hasta el momento no se han deslindado responsabilidades ni se ha proporcionado información suficiente que permita esclarecer lo ocurrido, pese a la magnitud del siniestro y al impacto social que generó.

“Han transcurrido 9 días del trágico descarrilamiento del Tren Interoceánico en el que perdieron la vida 14 personas. Y al día de hoy, no existen informes oficiales claros sobre las causas del accidente, no han deslindado responsabilidades ni proporcionado información suficiente para esclarecer los hechos”, lamentó.

Añorve advirtió que las víctimas mortales y las personas lesionadas no deben quedar en el abandono institucional, por lo que planteó que tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República instalen Comisiones Especiales que permitan revisar de manera independiente el avance de las indagatorias.

El coordinador de los senadores del PRI sostuvo que estos órganos legislativos tendrían como propósito garantizar transparencia, independencia y rendición de cuentas, así como acompañar el proceso para que se sancione a los responsables.

“Para que la muerte ni las heridas queden impunes, exigimos que el Congreso de la Unión cree Comisiones Especiales en las cámaras de Diputados y Senadores para dar seguimiento a las investigaciones, garantizar independencia, transparencia, rendición de cuentas y castigar a los culpables, caiga quien caiga. Solo entonces, se habrá hecho justicia”, subrayó.

“Hasta ahora -recalcó- no existe una versión oficial conclusiva que explique las razones técnicas u operativas del descarrilamiento”, por lo que insistió en que el Estado mexicano tiene la obligación de informar con claridad y actuar contra quienes resulten responsables.

Añorve Baños reiteró que el caso no debe quedar únicamente en declaraciones públicas, sino traducirse en acciones institucionales concretas que atiendan a las víctimas y eviten la repetición de tragedias similares en el sistema ferroviario nacional.

Fue destituida del cargo la fiscal regional de la zona sur, Karla Díaz Hermosilla, quien acusaba de terrorismo al periodista Rafael León. Karla Díaz se desempeñaba como fiscal regional desde marzo de 2024.

Hasta el momento, la FGE no ha emitido una postura oficial sobre la destitución.

Como su relevo, la fiscal general del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, designó a Braulio Salvador Conde Rivas, quien durante ocho años se desempeñó como coordinador regional de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión con sede en Coatzacoalcos.

Procesan a Rafael León; cumplirá sentencia en su domicilio
El 25 de diciembre de 2024, Rafael León Segovia, conocido como Lafita León, fue arrestado por agentes de la Policía Ministerial y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Posteriormente, fue imputado por la Fiscalía General del Estado de Veracruz como presunto responsable de los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública.

Sin embargo, en la audiencia celebrada el lunes 30 de diciembre del mismo año, la Fiscalía estatal determinó la vinculación a proceso del comunicador ya sin considerar el delito de terrorismo, por lo que le dictaron como medida cautelar prisión domiciliaria por un año.

“Después de escuchar los argumentos de la defensa y al valorar los datos de prueba expuestos por esta Fiscalía, atendiendo a lo dispuesto por el Artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dictó el auto de vinculación al proceso única y exclusivamente por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y en contra de las instituciones de Seguridad pública, por los cuales se continuará el proceso en contra del ahora imputado, a quien se le impuso como medida cautelar el resguardo domiciliario por el lapso de un año, todo ello en los plazos y momentos procesales previstos por la ley”.
Además, la fiscal Jiménez Aguirre aseguró que en el estado son respetuosos del ejercicio periodístico y la libertad de expresión.

“Siendo importante resaltar que esta institución actúa con estricto respeto a la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, garantizando en todo momento el debido proceso a las personas involucradas, conduciéndose con estricta objetividad y sujetándose al tamiz jurisdiccional. En esa tesitura la Fiscalía General del Estado de Veracruz, reitera su compromiso de realizar investigaciones profesionales, transparentes y sin distingo alguno; se continuará informando a la opinión pública conforme al desarrollo del proceso y en apego a los tiempos legales”.

La diputada local morenista Alejandra Ang Hernández fue retenida en la garita de Mexicali-Calexico por intentar ingresar a Estados Unidos dinero en efectivo sin declarar.

En su posicionamiento, la morenista explicó que “por error no resguardé en mi casa el dinero en efectivo” y aseguró que los recursos son ahorros personales de ella y su esposo, producto de años de trabajo y la venta de un automóvil, y que planeaba utilizarlos para comprar un vehículo.

Los billetes fueron incautados por las autoridades en la garita, y Ang indicó que se encuentra atendiendo el procedimiento administrativo correspondiente para aclarar lo sucedido y recuperar los fondos. “Estoy cooperando plenamente y entregaré toda la información requerida para cerrar este trámite con puntualidad”, subrayó.

Medios locales y publicaciones en redes sociales señalaron que la legisladora llevaba alrededor de 800 mil pesos en efectivo, cuando las normas estadounidenses permiten trasladar hasta 10 000 dólares (aproximadamente 180 000 pesos) sin permiso previo al cruzar la frontera.

Ang también negó que este incidente haya resultado en la revocación de su visa estadounidense.

Se espera información oficial adicional de las autoridades migratorias y aduanales sobre el caso.

Este martes 6 de enero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló sobre la designación de Estados Unidos para considerar terroristas a los cárteles de la droga mexicanos.

En este contexto y desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que esta figura le da al país norteamericano más elementos para una posible intervención. Sin embargo, aclaró que eso no ocurrirá en México.

Considerar terroristas a los cárteles digamos que les da más elementos, pero eso no va a ocurrir. No estamos de acuerdo con el injerencismo”, refirió.

En el marco de su conferencia mañanera, la jefa de Estado expresó que se realizaron modificaciones a la Constitución para evitar una invasión con el fin de proteger la soberanía nacional.

Bajo esta misma premisa, la primera presidenta del país apuntó que Estados Unidos tiene que reforzar la persecución de los delitos y el combate al tráfico de armas, una de las principales demandas del gobierno de México.

Aunado a lo anterior, Sheinbaum Pardo detalló que en un año tres meses su gobierno redujo el homicidio doloso en 37 por cientos, lo que muestra que se ha estado trabajando bien, por lo que colaborar y cooperar con el país vecino del norte sí es y seguirá siendo prioritario.

Sí con la colaboración y cooperación, es lo que les hemos manifestado. No estamos de acuerdo con el intervencionismo”, señaló.

Sólo el pueblo de Venezuela decidirá quién lo gobierne

Sobre la situación que se está viviendo en Venezuela, en relación a la intervención de Estados Unidos a dicho país con el fin de capturar al presidente Nicolá Maduro y su esposa Cilia Flores, la doctora Sheinbaum aseguró que “sólo el pueblo de Venezuela puede definir a quién quiere como gobernante”.

Desde el Salón Tesorería, la presidenta de la República, destacó y reiteró que la política de México siempre ha defendido la no intervención.

No podemos estar de acuerdo nunca con que un país invada fuera de la carta de las Naciones Unidas incluso si fuera culpable de lo que se le acusa, que todavía está por verse en el caso de Maduro, pero esta es la política exterior de México”, sostuvo.

Por último, la líder del país, señaló que una cosa es no estar de acuerdo con un régimen y otra que “una potencia o un país utilice la fuerza para llevarse a un presidente”.