El sorpresivo relevo de Alejandro Gertz Manero de la titularidad de la Fiscalía General de la República, por Ernestina Godoy Ramos, una persona cercana a la presidenta, Claudia Sheinbaum, propició que consultores en políticas públicas en materia de seguridad llamaran la atención sobre lo que ocurre en las fiscalías estatales, las cuales acusan serias debilidades institucionales y deficiencias en materia de autonomía, profesionalización y capacidades institucionales.
Lo preocupante es que esas instituciones locales encargadas de procurar justicia se encuentran en un estado que les impide cumplir con sus obligaciones legales a pesar de que hace 17 años ocurrió la reforma constitucional que introdujo el sistema penal acusatorio; que pasaron 11 desde la publicación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales; que van ya 16 años de la promulgación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 14 de la creación de la Fiscalía General de la República, en cuyos procedimientos legislativos se señaló la necesidad de fortalecer a las fiscalías estatales.
De acuerdo con las conclusiones del informe “Una aproximación al estado que guardan las policías, fiscalías y penales estatales”, concluido hace unas semanas por las organizaciones civiles Causa en Común, Perteneces e Impunidad Cero, “la persistente inseguridad e impunidad en México está intrínsecamente ligada a la debilidad crónica de sus instituciones de seguridad, justicia y penitenciarias”.
Aseguran que, a escala estatal, las fiscalías enfrentan un deterioro creciente, el cual es resultado de un Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) que no ha logrado implementar políticas nacionales efectivas para el desarrollo de estas instituciones, y de la disminución de fondos federales.
Autonomía
El análisis refiere que, en ocasiones, la figura de autonomía se convierte en una etiqueta que no corresponde a los mecanismos de designación y remoción de fiscales, los cuales permiten una injerencia significativa de los gobernadores.
Si se comparan las fechas de inicio de gestión de cada uno de los gobernadores que hoy están en esa función y la de los fiscales actuales, se observa que solamente los fiscales de Estado de México, Nayarit, Veracruz y Yucatán llegaron antes que el mandatario de su entidad.
Además, si bien ya pasaron más de 10 años de la reforma para otorgar autonomía a las fiscalías, en Baja California Sur e Hidalgo siguen siendo definidas en las normativas estatales como dependencias del Poder Ejecutivo.
Las citadas organizaciones crearon un índice de transparencia sobre el grado de desarrollo de las instituciones de procuración de justicia estatales, que otorga una calificación de -100 a 0, de tal forma que, entre más cercana a cero, la calificación indica mayor cumplimiento, y mientras más cercana a -100 más alejada está la institución de cumplir con sus obligaciones legales.
En materia de transparencia destacan la persistencia de mecanismos en los que la designación del fiscal general recae directamente en el Poder Ejecutivo, como se observa en Campeche, Durango y Baja California, limita la independencia estructural deseada.
La diversidad de periodos, como Quintana Roo y Yucatán con lapsos amplios de 12 años, y 17 entidades optando por períodos de siete y nueve años, demuestra una búsqueda activa de estabilidad y proyección a largo plazo para estas figuras clave. Sin embargo, la persistencia de periodos de seis años, similares a los de las gubernaturas en cinco entidades, plantea un cuestionamiento legítimo sobre la consecución de una designación escalonada.
Según el indicador, quienes acusan mayor deficiencia en materia de independencia son las fiscalías de Baja California Sur, Hidalgo y San Luis Potosí y las que menos Ciudad de México, Nayarit y Morelos.
Al respecto, Claudia Ivette Morales, coordinadora de Proyectos de Impunidad Cero, opinó que la autonomía debería ser hoy la gran apuesta de las fiscalías estatales
La investigadora, quien formó parte del equipo que realizó el análisis sobre la situación en la que se encuentran las fiscalías estatales, destacó que, si bien la autonomía debe ser una de las fortalezas de las fiscalías, lo que existe es que los gobernadores intervienen en la designación de los fiscales y en pocas entidades se permite la participación de organizaciones civiles.
“Necesitamos personas idóneas y eso significa que deben hombres o mujeres con las capacidades, formación y experiencia, con el fin de que tomen decisiones técnicas, no políticas”.
En entrevista, recalcó que la autonomía, la coordinación con las demás autoridades y los buenos resultados no son excluyentes.
Lo que implica la autonomía es realizar el trabajo mediante el principio de la debida diligencia, es decir, realizar la procuración de justicia con base en los criterios establecidos en la Constitución y en las leyes, abundó.
En ese sentido dijo que el gran temor que existe, con la intromisión de los gobernadores en la designación de los fiscales, es que lo que haya sea subordinación de la fiscalía a los gobiernos estatales, lo cual puede derivar en, no solo deficientes investigaciones no apegadas a derecho, sino que se utilice a esas instituciones con fines políticos, en cacerías de brujas y persecuciones políticas.
Por su parte, Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, consideró que lamentablemente no se ha cumplido con la intención de tener fiscalías autónomas.
En ese sentido mencionó que lo que acaba de pasar con el nombramiento de la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, es lo que pasa con las fiscalías estatales, en donde solo se simula que los congresos la designan, cuando realmente quienes lo hacen son los gobernadores y en el ámbito federal la presidenta.
El reconocido consultor indicó a este periódico que, en algunos casos, al no haber autonomía, lo que acaba ocurriendo es que únicamente se persiguen judicialmente a enemigos políticos de las personas en el gobierno.
Remarcó que lo que se buscaba era tener fiscalías autónomas con el fin de evitar que se realizaran investigaciones judiciales pactadas con los gobernadores y que la permanencia de los fiscales trascendiera los periodos sexenales. Ninguna de las dos se ha cumplido, enfatizó.
“La mayoría en cuanto llegó un gobierno nuevo renunciaron argumentando causas poco creíbles”.
Profesionalización
En el ámbito de la profesionalización, los análisis realizados por Causa en Común, Perteneces e Impunidad Cero, refieren que se observan esfuerzos en capacitación pero persisten lagunas preocupantes en la formación inicial y en cuanto a la actualización del personal sustantivo, lo que incide directamente en la calidad de la investigación y persecución de delitos.
Concretamente refiere que la carrera ministerial muestra debilidades en la implementación de procesos claros y transparentes de promoción por mérito, afectando la motivación y el desarrollo profesional.
También refieren que la certificación del personal enfrenta obstáculos significativos en la falta de transparencia sobre el número de elementos acreditados en control de confianza, competencia y desempeño, impidiendo una verdadera rendición de cuentas sobre la idoneidad de quienes integran estas instituciones.
En materia de certificación, Chihuahua cuenta con el mayor número de servidores públicos certificados, junto con Veracruz, Puebla y Tabasco. En contraste, las instituciones de procuración de justicia en Chiapas, Ciudad de México y San Luis Potosí, son las que cuentan con la menor cantidad de personal certificado.
Del mismo modo, en el ámbito de la evaluación de competencia, se detectó que la mayoría de las entidades no cuentan con manuales o lineamientos para la realización de evaluaciones a ministerios públicos y peritos. Sin embargo, destacan Baja California Sur, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Querétaro, Tabasco y Yucatán, por ser las únicas entidades que evalúan las competencias de los tres perfiles sustantivos.
Los análisis de una serie de indicadores sobre certificación muestran con mejores calificaciones Michoacán, Puebla y Estado de México y en los últimos lugares Coahuila, Colima y Morelos.
En materia de profesionalización, los esfuerzos de capacitación también exhiben inconsistencias, tanto en el número de cursos como en las horas invertidas.
Según el documento, si bien hay entidades que reportan un elevado número de capacitaciones, no siempre se correlaciona con una gran cantidad de horas de formación. Por ejemplo, Michoacán reportó un total de 82 capacitaciones, equivalentes a un total de 8,037 horas de formación; en contraste, Veracruz, reportó 85 capacitaciones, equivalentes a un total de 48,932 horas.
A su vez, la cantidad de personal capacitado varía drásticamente entre las entidades que reportaron datos. Hay entidades como Tamaulipas y Estado de México, que muestran un alto volumen de capacitación; en contraste con entidades como Sinaloa y Tlaxcala, con cifras mucho más bajas.
Por ello, las organizaciones concluyen que la profesionalización del personal de procuración de justicia en México avanza, pero de forma desigual y con una urgente necesidad de estandarización, inversión equitativa en todos los perfiles y una mayor transparencia.
