Chilpancingo, Gro., a 10 de diciembre del 2020.- Las diputadas y
los diputados integrantes de la LXII Legislatura aprobaron la Cuenta
Pública del ejercicio fiscal 2018 de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial del Estado de Guerrero.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública,
diputado Alfredo Sánchez Esquivel, fundamentó el dictamen y señaló
que los ejecutores del gasto, de acuerdo con la Ley de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas del Estado, tienen la ineludible
responsabilidad de rendir cuentas para que la sociedad conozca
cómo, cuánto y en qué gastaron los recursos públicos que les fueron
autorizados y otorgados en un ejercicio fiscal.
Explicó que la Auditoría Superior del Estado fiscaliza las cuentas
públicas presentadas por los entes públicos de manera independiente
y autónoma de cualquier otra forma de control o fiscalización que
realicen los órganos internos de control, y se lleva a cabo conforme a
los principios de legalidad, imparcialidad, confiabilidad,
profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.
Posteriormente, abundó, el Congreso del Estado recibe, a través de la
Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del
Estado, los informes individuales y el informe general derivado de la
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, para realiza un análisis de
los mismos y tras eso enviarlos a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública, que estudia el análisis de la Comisión de Auditoría
para elaborar el dictamen.
En ese tenor, manifestó que los integrantes de la Comisión
determinaron emitir el dictamen con proyecto de decreto por el que se
aprueba la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018 de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial; “todo esto sustentado en el informe de
la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado y el
análisis realizado al informe General y a los informes individuales de la
Auditoría”.

omisiones en algunos rubros.
En contra del dictamen se manifestó el diputado Antonio Helguera
Jiménez (Morena), por considerar que no se cumplió el procedimiento
legislativo plasmado en los artículos 179, 259, 137 de la Ley Orgánica
del Congreso. Además, dijo que debieron emitirse dictámenes
individuales de cada Poder porque de acuerdo con la fiscalización de
cada uno realizada por la Auditoría Superior del Estado, se
encontraron incumplimientos, irregularidades y omisiones en algunos
rubros.
A favor intervino el diputado Jesús Villanueva Vega (Morena), quien
refirió que la rendición de cuentas es el eje central de toda democracia
y está estrechamente ligado al combate de la corrupción. Agregó que
se está ante un nuevo esquema de fiscalización integrado por órganos
especializados y autónomos que deben trabajar de manera coordinada
y sistematizada; sin embargo, a la fecha no hay ningún caso de
sanciones a infractores.
Particularmente, refirió que en los ayuntamientos es donde hay
mayores irregularidades y observaciones, por lo que consideró
necesario mejorar el marco legal para acotar los tiempos de
fiscalización, agilizar el procedimiento, incorporar el mecanismo digital,
e instalar y regularizar los órganos de control interno.
Retomó la palabra el diputado Alfredo Sánchez Esquivel (Morena)
para precisar que la comisión dictaminadora realizó la revisión y
análisis de los informes parciales y general que les otorgó la Comisión
de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado,
considerando pertinente la aprobación de las cuentas públicas de los
tres Poderes. Empero, dijo que la aprobación no exime a los entes
fiscalizados de su responsabilidad ante las observaciones que realizó
la ASE.
Intervenciones
La diputada Leticia Moss Hernández, participó en relación con el "Día
Internacional de los Derechos Humanos", promulgado el 10 de
diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
en París, con el propósito de que los pueblos y naciones impulsen las
bases de los derechos fundamentales y la dignidad humana, basados
en la igualdad, el respeto, la justicia, el bienestar, la libertad de
expresión, entre otros valores, y en contra de la discriminación, la
esclavitud y la tortura.

La legisladora enfatizó que los derechos humanos son un mandato
legal que, desde el ámbito de su competencia, las distintas instancias
deben garantizar y asumir con responsabilidad, para que lo estipulado
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los
Tratados Internacionales sea letra viva y efectiva y garantice que la
sociedad guerrerense cuenta con un verdadero Estado de Derecho,
que se refleje en el respaldo y protección de las autoridades a los
gobernados.