- Con propuestas como uso de la IA, el INE intenta poner fin a la creciente presencia del crimen organizado en los comicios y asegurar que el financiamiento sea lícito
En 36 propuestas tan sólo del área de Fiscalización, que incluyen el uso de IA, desaparición de secreto ministerial, interoperabilidad con SAT, UIF, CNBYV, SHCP, ASF y otras autoridades, entre otros temas, el INE priorizó el poder garantizar la integridad de los comicios, ante elecciones cada vez más costosas y de creciente presencia del crimen organizado.
Lo anterior, para disminuir el riesgo de que la competencia electoral se defina por la capacidad de inyectar recursos opacos en las campañas y no por la voluntad ciudadana.
Entre las propuestas centrales están el reducir el uso de efectivo, cerrar espacios a la triangulación y detectar de manera temprana esquemas de financiamiento paralelo.
El INE plantea también reforzar la coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT y la Fiscalía General de la República, para que la información fiscal, bancaria y penal pueda cruzarse de forma sistemática en investigaciones electorales.
La intención es que el dinero de procedencia ilícita no sólo genere sanciones administrativas, sino consecuencias penales efectivas.
En materia de sanciones, la propuesta del INE plantea un viraje de fondo: dejar atrás un esquema centrado casi exclusivamente en multas económicas para avanzar hacia consecuencias que realmente impacten la validez de las elecciones y la permanencia de los actores infractores en el sistema.
De manera expresa, el documento propone “incorporar causas de nulidad” vinculadas a los resultados de la fiscalización, de modo que conductas graves no queden en simples castigos administrativos.
En la propuesta 27 se señala que, además de las causales ya existentes, “podrían incluirse nuevas causas relacionadas con los resultados de la fiscalización de los recursos, como la del rebase de topes, aportaciones de entes gubernamentales o partidos políticos o de otras fuentes ilícitas”.
En el mismo sentido, el documento busca cerrar los márgenes de impunidad frente a la ocultación deliberada de información financiera.
La propuesta 23 plantea armonizar la ley con los criterios del Tribunal Electoral en los casos Salgado y Morón, para ampliar y precisar el catálogo de sanciones por la “falta de entrega del informe de ingresos y gastos de precampaña”, de forma que la omisión no se resuelva únicamente con multas, sino con consecuencias acordes a la gravedad de impedir la fiscalización efectiva del origen y destino del dinero.
A ello se suma la intención de fortalecer las medidas de apremio y sanciones directas contra partidos, candidaturas, proveedores y terceros que incumplan los requerimientos de la autoridad fiscalizadora, incluyendo la suspensión del Registro Nacional de Proveedores cuando las faltas sean reiteradas o graves, al considerar que “las sanciones económicas no son lo suficientemente inhibitorias”.
Paralelamente, el INE propone modernizar de manera radical sus capacidades de detección y prueba de estas conductas mediante el uso de tecnologías avanzadas.
En la propuesta 18 se plantea “facultar y mandar al INE a explorar y emplear inteligencia artificial y las mejores tecnologías disponibles a su alcance para el procesamiento de datos”, así como crear un Comité Técnico Asesor que actualice permanentemente estas herramientas.
El propio documento detalla que el análisis masivo con IA permitiría, entre otras cosas, la “detección de documentos falsos”, la identificación de “patrones de exposición en redes sociales” y la auditoría automatizada de ingresos y egresos de propaganda y almacenes de los partidos, hoy difíciles de revisar de forma manual.
De manera complementaria, se propone usar estas tecnologías para la “definición de universos fiscalizables, procesamiento de datos a gran escala, homologación de criterios de revisión y detección oportuna de hallazgos”, con cruces de información entre múltiples fuentes y en tiempo real.
PIDEN RECURSOS PARA FISCALIZACIÓN
Para la reforma electoral, el INE advierte que la fiscalización requerirá una expansión operativa sin precedentes.
Plantea duplicar o incluso triplicar al personal encargado de visitas de verificación, monitoreo de redes y recorridos de campo, así como aumentar el gasto en equipo de cómputo y vehículos.
Señala la necesidad de crear mecanismos para identificar cuando campañas judiciales se beneficien indirectamente de gastos de partidos, y de fortalecer el intercambio de información con otras autoridades.
También propone controles más estrictos sobre gastos de representantes de casilla, ante el riesgo de intervención indebida de partidos en elección judicial.
Alerta sobre eventos masivos que podrían beneficiar simultáneamente a candidaturas judiciales y partidistas, complicando la atribución de gastos y sanciones, así como sobre un posible encarecimiento de la propaganda por concentración de proveedores.
Finalmente, reconoce que la fiscalización actual se basa en muestreos y que, sin más personal, aumentarán los riesgos de omisiones y fallas en la auditoría.
PLANTEAMIENTOS:
Cruce de datos: Mayor coordinación para que la información fiscal, bancaria y penal pueda cruzarse en investigaciones electorales.
Tecnología: Modernizar las capacidades de detección y prueba de incumplimiento de candidatos, provee-dores y terceros en materia de fiscalización.
Vigilancia: Ordenar al INE explorar y emplear inteligencia artificial y las mejores tecnolo-gías para detectar documentos falsos, por ejemplo.
OTRAS PROPUESTAS:
*Sanciones a partidos que discriminen a las mujeres del recurso para campañas.
* Regular fiscalización de procesos internos de partidos previo a precampañas (corcholatas).
* Permitir convenios con organizaciones internacionales para fiscalizar origen, montos y destino de recursos.
* Un capítulo completo en la ley para fiscalizar propaganda digital.
* Auditar activos digitales de partidos o candidatos.
* Prohibir informes de ingreso y gasto en papel, salvo justificación previa.
* Revisar fiscalización de elección judicial, demasiadas limitaciones para candidaturas.
* Que la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) transparente qué hace con los recursos por multas a partidos.
* Revisar tarjetas de crédito y créditos bancarios de candidaturas a elección judicial.
