La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, aseguró que no tenía conocimiento del incremento salarial que la llevaría a percibir 84 750 pesos mensuales en 2026, alrededor de 16 950 pesos más que en el presente año. Aun cuando ella presentó el borrador del Presupuesto de Egresos estatal, señaló que el ajuste parte de una medida general para el personal de confianza.

En sus declaraciones, la mandataria explicó que el alza salarial “no fue una decisión personal” sino que se enmarca en un aumento amplio al personal de confianza dentro del presupuesto estatal, y que la cifra se desprende del documento presentado al Congreso local. Afirmó que “en el presupuesto va un aumento a la burocracia, sobre todo al personal de confianza, y creo que de ahí se tomó”.

El proyecto presupuestal contempla elevar su percepción mensual de aproximadamente 67 842 pesos a los citados 84 750 pesos, lo que representa cerca de un 25 % de incremento. Esta decisión ocurre justo cuando el estado enfrenta serios problemas financieros y recientes inundaciones que han dejado cuantiosos daños materiales y sociales.

La revelación ha generado críticas de diversos sectores que cuestionan la congruencia entre el discurso de austeridad y responsabilidad pública que el gobierno estatal promueve, y el alza salarial para el Ejecutivo en plena crisis. La gobernadora insiste en que el aumento respondería únicamente a criterios técnicos derivados del ajuste presupuestal, aunque la oposición advierte sobre el riesgo de que la medida sea percibida como inoportuna y desvinculada de las prioridades de la ciudadanía.

El general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), informó que durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se han desplegado 450 elementos de seguridad para brindar servicio de escolta a servidores públicos. El anuncio se realizó durante la conferencia matutina del gobierno federal, donde se detalló además que recientemente se sumaron 70 efectivos adicionales para reforzar estas tareas.

El general Trevilla Trejo señaló que, aunque se amplió la cobertura con 70 nuevos elementos, no se ha dado a conocer la identidad de los funcionarios beneficiados ni los estados de la República en donde estarán asignados los nuevos escoltas. Tampoco se precisó el criterio de selección o el nivel de riesgo que motivó cada asignación. El protocolo para acceder a este servicio requiere una solicitud formal y un análisis de riesgo previo.

De acuerdo con el informe, los 450 elementos forman parte de un esquema de protección federado que abarca diferentes niveles de gobierno, con el objetivo de fortalecer la seguridad de quienes ostentan cargos públicos en entornos considerados vulnerables. El uso de recursos humanos adicionales refleja la preocupación del Ejecutivo por ampliar la cobertura de protección institucional ante amenazas latentes en diversas regiones del país.

Pese a que el anuncio destaca el aumento del personal dedicado a escoltas, persisten dudas sobre la transparencia del mecanismo: la falta de información pública sobre la asignación por entidad o cargo genera cuestionamientos sobre criterios y costos. Aunado a ello, la eficacia del servicio dependerá de la coordinación interinstitucional y del seguimiento al riesgo real de los servidores públicos incluidos en el programa.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la Cámara de Diputados está analizando una modificación al mecanismo de la Revocación de Mandato, con la intención de realizar dicha consulta en el año 2027, de manera simultánea con las elecciones intermedias. Según la mandataria, esta medida busca optimizar el uso de los recursos públicos al evitar la realización de dos procesos separados.

Sheinbaum explicó que el ajuste en el calendario electoral permitiría agrupar la revocación de mandato con la renovación de la cámara de diputados, los congresos locales y varios gobiernos estatales, lo que derivaría en un ahorro administrativo y presupuestal. Aseguró que esta iniciativa forma parte de una visión de rendición de cuentas y participación ciudadana fortalecida, y añadió que la consulta ya está contemplada en la Constitución, por lo que lo que se discute es el “cuándo” y no el “si”.

En su intervención, la presidenta advirtió, sin embargo, que aunque ve la propuesta con buenos ojos, esta no debe aprobarse de forma apresurada. Subrayó la necesidad de un debate amplio, de garantizar mecanismos que aseguren la transparencia y la participación efectiva, y de no comprometer el carácter ciudadano del mecanismo con fines estrictamente políticos.

Los críticos de la propuesta advierten que la agrupación de la revocación con las elecciones intermedias podría convertirla en un instrumento con carga electoral, en lugar de una verdadera rendición de cuentas. Aun así, el gobierno insiste en que la medida favorecerá la eficiencia del sistema electoral y permitirá que más ciudadanos participen en un solo ejercicio conjunto.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reafirmó que la estrategia del gobierno federal para la seguridad no se basa únicamente en la acción represiva, sino que integra un componente preventivo esencial. Señaló que, además de operaciones contra el crimen, la política se extiende a la reconstrucción del tejido social en zonas vulnerables mediante programas específicos.

Entre las iniciativas que resaltó se encuentra el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, programado para el retiro voluntario de armas de fuego en manos de la población civil, y el programa Jornadas por la Paz, destinado a promover actividades deportivas, culturales y de prevención de adicciones. Estas acciones, explicó Harfuch, pretenden quitar instrumentos y motivaciones de violencia al mismo tiempo que generan oportunidades de participación comunitaria.

El secretario explicó que estos programas trabajan de la mano con las denuncias ciudadanas y la colaboración interinstitucional, pues considera que estos elementos constituyen la base para sostener avances en materia de seguridad a largo plazo. Indicó que el papel activo de la población y la coordinación entre federación, estado y municipios son pilares para que las intervenciones tengan efecto duradero.

Con esta visión, el gobierno busca pasar de un enfoque de reacción frente al delito hacia uno de anticipación: desarmar el entorno social de la criminalidad, fomentar vínculos comunitarios sanos y ofrecer alternativas a jóvenes y familias en riesgo. Según Harfuch, sólo así se podrá cimentar una paz más firme y menos dependiente de la fuerza policial.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó en conferencia de prensa los resultados acumulados de la Estrategia Nacional de Seguridad, abarcando de octubre de 2024 a octubre de 2025. El titular de la SSPC destacó la reducción del 37% en homicidios dolosos y enfatizó que los resultados son producto de “la coordinación entre los tres niveles de gobierno y el trabajo constante en campo”.

Resultados Operativos Acumulados
Las acciones implementadas por el Gobierno federal en colaboración con las Fuerzas Armadas y las fiscalías estatales arrojaron las siguientes cifras:

• 37,000 personas detenidas por delitos de alto impacto.
• Casi 300 toneladas de droga aseguradas, incluyendo más de 4 millones de pastillas de fentanilo.
• 18,981 armas de fuego decomisadas.
• 1,614 laboratorios clandestinos desmantelados.
• Solo para el mes de octubre de 2025, se reportaron:
• 2,300 detenciones.
• Más de 13 toneladas de drogas aseguradas.
• Casi 1,700 armas decomisadas.
• 47 laboratorios desmantelados.

Harfuch subrayó que los esfuerzos se han concentrado en entidades históricamente violentas como Guanajuato, Baja California y Michoacán, donde se ha logrado una disminución promedio superior al 40%.

Una nueva fase en la investigación por el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, se abre este miércoles con el anuncio del titular de seguridad federal, Omar García Harfuch: los policías municipales que integraban el primer círculo de seguridad de Carlos Manzo volverán a declarar ante las autoridades estatales. Aunque uno de los escoltas ya admitió haber disparado contra el agresor del edil, los peritajes balísticos siguen en curso para precisar qué arma fue la que abatió al atacante y cuál impactó al propio presidente municipal.

Según Harfuch, los agentes en cuestión no están detenidos, aunque sí localizados y disponibles para acudir a las citaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán cuando así se les requiera. El funcionario detalló que la investigación continúa a cargo de la dependencia estatal, que además revisa irregularidades en el protocolo de seguridad y desempeño de la escolta.

En paralelo, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, apuntó a una flexibilización del dispositivo de protección alrededor de Manzo como una línea de investigación clave. Afirmó que la escolta estuvo conformada por ocho policías municipales elegidos por el propio alcalde, además de 14 elementos de la Guardia Nacional, y que la mezcla de responsabilidades estaría actualmente bajo revisión.

El caso del asesinato de Carlos Manzo —ejecutado en pleno evento público— ha encendido alertas respecto al entorno de inseguridad que enfrenta la región, y la atención está puesta en que tanto los dictámenes periciales como las comparecencias de los agentes conforme a derecho logren arrojar luz sobre la cadena exacta de responsabilidades. La declaración repetida de los escoltas podría ayudar a clarificar no solo qué ocurrió en los segundos críticos del ataque, sino también si existieron fallas o negligencias dentro del protocolo de protección instituido para el edil.

La secretaría de Seguridad federal informó que, desde la implementación de la estrategia contra la extorsión el pasado 6 de julio, se ha detectado que 12 centros penitenciarios concentran el 56 % del total de las líneas telefónicas utilizadas para extorsionar, y que en esos mismos recintos se han registrado 478 personas detenidas por este delito. En conferencia, el titular del área, Omar García Harfuch, detalló que ante este hallazgo se han puesto en marcha acciones emergentes para cerrar el canal de comunicación de los internos con el exterior y contener la comisión de extorsiones desde el interior de los penales.

Entre las medidas aplicadas destaca el retiro de una antena de telefonía en el penal de Altamira, Tamaulipas; el cambio de la antena operativa en el penal de Matamoros; y el bloqueo total de servicios 3G y 4G en el penal de Santa Martha Acatitla, Ciudad de México, con lo que se logró bloquear aproximadamente un 33 % de las líneas detectadas que servían para extorsionar. Estas acciones se enmarcan en la llamada estrategia nacional de combate a la extorsión que busca desactivar desde la infraestructura los mecanismos de perpetración de este ilícito.

El funcionario agregó que el objetivo es que, para el primer trimestre de 2026, todos los 14 reclusorios federales y los tres penales del ámbito de la Ciudad de México queden incluidos en este esquema de bloqueo y control, con el fin de impedir que los internos puedan operar redes de extorsión desde su encierro. Con ello se pretende atacar la extorsión desde su raíz organizativa y operativa, reconociendo que la prisión ya no es sólo lugar de custodia, sino también de origen de delitos de alto impacto que trascienden las paredes del centro penal.

Sin embargo, el reto sigue siendo complejo. El hecho de que más de la mitad de las líneas de extorsión sean trazables a un pequeño número de centros penitenciarios revela tanto la vulnerabilidad del sistema carcelario como la pervivencia de redes criminales que operan desde dentro. Los bloqueos tecnológicos son sólo parte del camino: las autoridades también deberán asegurar la vigilancia, evitar la infiltración de dispositivos ilícitos, y fomentar la colaboración entre dependencias federales, estatales y locales para que estas medidas no resulten temporales sino parte de un cambio estructural.

Durante una conferencia de prensa realizada el 11 de noviembre, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) anunció que los homicidios dolosos en México registraron una caída del 37 % entre septiembre de 2024 y octubre de 2025, al pasar de un promedio diario de 86.9 víctimas a aproximadamente 54.6. Este descenso se presenta como uno de los logros más destacados de la gestión de Claudia Sheinbaum.

La funcionaria a cargo, Marcela Figueroa Franco, señaló que siete estados concentran el 51 % del total de los homicidios dolosos del país: Guanajuato (11.1 %), Chihuahua (7.6 %), Baja California (7.3 %), Sinaloa (7.1 %), Estado de México (6.6 %), Guerrero (5.7 %) y Michoacán (5.6 %). Esto muestra que, aunque el promedio general nacional ha descendido, la violencia sigue concentrada en ciertos estados.

Figueroa también refirió que el delito de extorsión cayó un 14 % tras la puesta en marcha, en julio de 2025, de una estrategia especial contra ese ilícito. Este dato indica que, más allá de los homicidios, el gobierno apunta a reducir también otros crímenes de alto impacto mediante políticas específicas.

A pesar de estos avances, los retos persisten. Aunque la estadística nacional indica una mejora, la percepción social de inseguridad se mantiene elevada en varios estados, y los centros de gravedad del crimen —como Guanajuato, Sinaloa o Michoacán— siguen generando preocupación. Habrá que observar si la tendencia se consolida y si estos indicadores se traducen en una disminución palpable del miedo y el riesgo en la vida cotidiana de la población.

El promedio de homicidios dolosos diarios disminuyeron 37% de septiembre de 2024 a octubre de 2025, destacó Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La funcionaria destacó que siete estados concentran el 51% de los casos:

• Guanajuato, con 11.1%
• Chihuahua, con 7.6%
• Baja California, con 7.3%
• Sinaloa, con 7.1%
• Estado de México, con 6.6%
• Guerrero, con 5.7%
• Michoacán, con 5.6%

Marcela Figueroa también destacó una disminución del 14% en el delito de extorsión desde la implementación en julio de una estrategia especial para combatir este ilícito.