Durante la conferencia matutina de este martes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que su homóloga hondureña, Xiomara Castro, le manifestó una seria preocupación por posibles actos de injerencismo en las próximas elecciones de Honduras.

Sheinbaum detalló que la presidenta Castro expresó su inquietud respecto a que actores externos puedan intentar influir en el proceso electoral de su país, por lo que subrayó la importancia de garantizar que “sea únicamente el pueblo hondureño quien decida su futuro”.

La mandataria mexicana señaló que esta conversación ocurrió durante la reunión bilateral sostenida en Palacio Nacional, donde ambas presidentas revisaron temas de cooperación en materia energética, migratoria y de desarrollo regional. Sheinbaum destacó que México mantiene una postura firme de respeto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos, principios que —afirmó— deben prevalecer especialmente en contextos electorales.

Además de abordar el tema del injerencismo, ambas mandatarias reiteraron su intención de fortalecer los proyectos conjuntos y avanzar en acuerdos que beneficien a las poblaciones de ambos países.

La visita de Xiomara Castro se produce a pocos días de los comicios hondureños, lo que ha dado un mayor relieve a sus declaraciones sobre la necesidad de preservar la integridad del proceso electoral.

El gobierno federal presentó el proyecto para la construcción de la supercomputadora mexicana ‘Coatlicue’, la cual tendrá una capacidad para realizar 314 mil billones de operaciones por segundo, además de que a diferencia de las existentes ésta será pública.

Para su construcción se estima una inversión de alrededor de 6 mil millones de pesos. Esta supercomputadora ayudará a resolver problemas públicos que requieren alta capacidad de cómputo, realizar investigación científica de punta en sectores estratégicos, ofrecer capacidad de cómputo para apoyar proyectos emprendedores, dar servicios de cálculo masivo a la iniciativa privada, entre otros.

• Estado actual: El proyecto se encuentra en la fase de anuncio y planificación. La construcción está programada para comenzar en 2026, con un plazo de finalización estimado de 24 meses (dos años).
• Capacidad: Se espera que tenga una capacidad para realizar 314 mil billones de operaciones por segundo, lo que la convertiría en la supercomputadora pública más potente de América Latina.
• Inversión: Se estima una inversión de alrededor de 6 mil millones de pesos mexicanos.
• Colaboración: El gobierno mexicano firmó un convenio de colaboración con el Centro Nacional de Supercomputación de España (Centro de Supercomputación de Barcelona) para apoyar el proyecto.
• Uso: Será una supercomputadora pública, orientada a resolver problemas que requieren alta capacidad de cómputo, como investigación científica de punta, predicciones meteorológicas, análisis fiscales (para el SAT), desarrollo de inteligencia artificial y procesamiento de información agropecuaria. 

El titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, aseguró que en la iniciativa de Ley de Aguas Nacionales se garantizan los derechos de agua para heredar y vender propiedades y en este caso se otorga un nuevo título de concesión a nombre del nuevo propietario.

«Establece las bases para garantizar el derecho humano al agua, se definen las competencias, se reconoce a los sistemas comunitarios de agua que operan en distancias zonas del país. El principal cambio que el agua deje de verse como mercancía y sea un derecho humano, como un bien», expuso.

Agregó que quienes están en contra de la Ley de Aguas Nacionales es porque no quieren perder sus privilegios, pues aseguró que hay quienes tienen concesiones y no las usan o en otros casos comercializan con ellas, lo que causa una gran afectación.

En medio de la creciente tensión política en Michoacán, el diputado local Carlos Alejandro Bautista Tafolla respondió con firmeza a Gerardo Fernández Noroña, luego de que este último cuestionara públicamente a la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, insinuando que actuaba movida por “ambición” tras el asesinato de su esposo, el alcalde electo Carlos Manzo.

Las declaraciones de Noroña provocaron un inmediato rechazo dentro del Movimiento del Sombrero —fundado por el propio Manzo— y desataron un mensaje contundente de Bautista, quien acusó al político de minimizar el dolor de una víctima y de politizar una tragedia que aún conmociona al estado.

“¿Cómo te atreves a meterte con una víctima cuando no entiendes su dolor? No está ahí por elección, está ahí porque le arrebataron al amor de su vida”, expresó Bautista Tafolla en un mensaje dirigido directamente a Noroña. El diputado también aseguró que Quiroz no se encuentra sola y que su labor como alcaldesa responde a un compromiso con la población, no a intereses personales.

De manera desafiante, agregó: “A ti, que solo te preocupa seguir respirando política: métete conmigo. Pero a Grecia, déjala en paz. Y si quieres hablar, aquí te espero en Uruapan… o dime a dónde voy”.

La confrontación ha reavivado el debate sobre la responsabilidad y sensibilidad que figuras públicas deben tener al referirse a víctimas de violencia, especialmente en un contexto tan delicado como el de la sucesión de un cargo tras un homicidio político.

Mientras tanto, Grecia Quiroz continúa al frente del gobierno municipal de Uruapan, enfrentándose no solo al reto institucional, sino también al clima de tensión generado alrededor de su figura tras el asesinato de su esposo.

• Esto generó controversias en redes sociales y diferentes medios de comunicación

La presidenta Claudia Sheinbaum desmintió el martes las declaraciones de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien un día antes aseguró que varios de los líderes de los bloqueos carreteros tenían carpetas de investigación abiertas desde hace años por obstrucción de vías principales. La mandataria afirmó que esa versión “no es correcta” y sostuvo que actualmente no existe ninguna carpeta de investigación contra los transportistas y productores que participaron en las protestas.

Durante su conferencia matutina, la presidenta señaló que “quizás” las palabras de la titular de Gobernación fueron malinterpretadas y recalcó que su administración no persigue a nadie por manifestarse. Aunque reconoció que el cierre de carreteras es una actividad ilícita, puntualizó que eso no implica iniciar procesos penales contra quienes protestaron. “No hay carpetas en su contra”, subrayó.

La contradicción entre ambas declaraciones se dio en medio de la tensión generada por los bloqueos simultáneos realizados por organizaciones de transportistas y campesinos en decenas de puntos del país. Las palabras de la secretaria de Gobernación provocaron molestia entre los manifestantes, quienes acusaron un intento de criminalización de la protesta social.

Ante este escenario, el Gobierno federal instaló mesas de diálogo para atender las demandas del sector agrícola y de autotransporte. Sin embargo, el choque de versiones entre la presidenta y su secretaria dejó en evidencia una contradicción interna en el discurso oficial, justo cuando el conflicto por los bloqueos carreteros continúa latente.