Zona Cero
Roberto Santos
Con cuatro votos en contra, el Congreso de Guerrero aprobó la reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro).
La decisión, lejos de poner punto final al debate, abrió una nueva discusión sobre los límites entre la autonomía universitaria y la política partidista.
El diputado Pánfilo Sánchez Almazán, presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, fue claro al defender el proceso legislativo.
Explicó que la Comisión actuó conforme a la Constitución local, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y los procedimientos parlamentarios.
Subrayó que su papel no es de persecución ni de consigna, sino de análisis y equilibrio: “Nuestra responsabilidad es buscar el equilibrio entre la autonomía universitaria y el marco legal vigente”, afirmó.
El legislador también recordó que la iniciativa fue presentada por la gobernadora del estado, quien cuenta con la facultad constitucional de iniciar leyes.
Según dijo, el dictamen se elaboró tras un estudio exhaustivo y con base en criterios recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre consultas legislativas. Todo, insistió, dentro del marco de la legalidad.
Sin embargo, no todos los diputados comparten esa visión y esta reforma fue motivo de protestas de algunos universitarios que quisieron verla como un intento del rector de ampliar su periodo y de reelegirse.
Incluso en la sesión anterior fue cuando la diputada Diana Bernabé protagonizó un momento tenso al recriminar a Sánchez Almazán, cuando la comisión de Educación aprobó dicho dictamen, y en una postura más emocional que argumentativa, le dijo que “mejor se hubiera quedado en el PT antes de venir a llenarnos de vergüenza en Morena”, dejando la impresión de que el debate legislativo se desplazó del terreno de las ideas al de las descalificaciones personales.
Episodios como ese empañan el trabajo parlamentario, porque el Congreso, por naturaleza, debe ser un espacio de pluralidad, diálogo y acuerdos, no de gritos ni de soberbia personales. La política, al final, se construye negociando, no imponiendo temas personales.
Detrás de la molestia de ciertos sectores no parece estar el contenido técnico de la reforma, sino motivaciones políticas, como cerrarle el paso al rector Javier Saldaña Almazán, si decidiera hacer carrera electoral fuera de la universidad.
Una maniobra que refleja más temor que convicción, especialmente cuando está por arrancar el proceso electoral con miras al 2027.
Mientras tanto, la UAGro ha mostrado madurez institucional. La comunidad universitaria de la zona Centro —integrada por directores, estudiantes y líderes sindicales— manifestó públicamente su respaldo unánime a la reforma.
El Consejo Universitario, órgano máximo de gobierno, fue quien la aprobó en primera instancia. Sus integrantes son electos mediante voto libre, directo y secreto, lo que otorga legitimidad a sus decisiones.
Esa es la esencia de la autonomía universitaria: decidir el rumbo de la institución sin presiones externas, políticas o partidistas y los diputados, en una democracia, deben escuchar antes de juzgar.
Politizar una reforma nacida del propio seno universitario no solo es injusto, sino que representa un riesgo para la autonomía que por décadas ha defendido la UAGro.
Por lo tanto, la universidad no debe convertirse en un campo de batalla electoral ni en caja de resonancia de intereses personales.
La UAGro pertenece a la sociedad guerrerense, no a los partidos. Es, y debe seguir siendo, un espacio de conocimiento, reflexión y libertad.
