- Coyuca exige justicia para Yosmara
Roberto Santos
Este viernes 4 de julio, mujeres organizadas de Coyuca de Benítez saldrán a las calles para exigir castigo a los agresores de Yosmara, una joven de 24 años que hoy permanece hospitalizada en el Hospital General de El Quemado, en Acapulco, luchando por su vida y por su dignidad.
Yosmara “N” fue encontrada el pasado sábado 28 de junio en un baldío de la comunidad de Las Lomas, municipio de Coyuca de Benítez. Estaba golpeada, violada y abandonada como si su vida no tuviera valor.
La escena es desgarradora: inconsciente, ensangrentada, cubierta de moscas, con signos evidentes de una agresión brutal, presuntamente cometida por un grupo de jóvenes.
Fue personal de Protección Civil quien la localizó y dio aviso. Desde entonces, su madre, Mariela García Bautista, no ha parado de exigir justicia, con una dignidad y valentía que ninguna autoridad ha demostrado hasta ahora.
Cuando doña Mariela acudió al Ministerio Público de Coyuca para levantar la denuncia, la respuesta fue absurda y ofensiva: “Sólo la víctima puede declarar”.
Es decir, para la insensible burocracia del MP, una joven inconsciente, con trauma severo y lesiones internas, debe levantarse de su cama para ejercer su derecho a la justicia.
La revictimización institucional ha sido tan cruel como la agresión misma.
En Guerrero, no basta con sobrevivir a una violación: también hay que sobrevivir a un sistema que te ignora, que te rechaza y que, en los hechos, protege más al agresor que a la víctima.
No es una denuncia aislada. La magistrada Indalecia Pacheco, entrevistada por la periodista Josefina Pastor, advirtió que ha recibido múltiples quejas sobre el maltrato y la revictimización que agentes del Ministerio Público ejercen contra mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia.
“Es importante y necesario que la Fiscalía General del Estado implemente mecanismos de vigilancia e incluso sanciones a su personal, especialmente a agentes del Ministerio Público, para garantizar la aplicación de la perspectiva de género”, dijo.
El caso de Yosmara toma un giro aún más indignante cuando se supo que uno de los presuntos agresores, identificado como Diego “N”, acudió al hospital acompañado de sus padres para ofrecer dinero a la familia de la víctima a cambio de silencio.
Como si la justicia fuera una moneda. Como si la dignidad de una mujer se pudiera comprar.
Pero la respuesta de doña Mariela fue clara y contundente:
“Mi hija no está a la venta. No quiero su dinero. Quiero justicia.”
Una madre que se ha convertido en la voz que el Ministerio Público le negó a su hija.
Frente a la omisión de las autoridades y el silencio institucional, las mujeres de Coyuca de Benítez se están organizando.
Este viernes 4 de julio, mujeres de diversas comunidades marcharán por las calles del municipio para exigir justicia para Yosmara, castigo a los responsables y el fin de la impunidad en los casos de violencia sexual.
Será una manifestación pacífica con un llamado directo a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y al fiscal general Zipacná Jesús Torres Ojeda para que actúen sin demora.
Porque, hasta ahora, nadie entiende qué está esperando el fiscal para intervenir.
No se trata de rumores. Hay evidencia física, hay una víctima hospitalizada, hay una madre decidida. ¿Qué más necesitan para actuar?
La Fiscalía debe iniciar de inmediato una carpeta de investigación, detener a los responsables y sancionar a los funcionarios que se negaron a recibir la denuncia.
Porque no se les debe recordar que la justicia no es un favor: es un derecho.
Yosmara tiene derecho a vivir, a sanar y a ser protegida por el Estado.
Y su madre tiene derecho a exigir justicia sin ser ignorada, humillada ni sobornada.
Este caso, como muchos otros, muestra el rostro de una violencia estructural que castiga dos veces a las mujeres: primero en el cuerpo, luego en las instituciones.
Pero esta vez hay una madre que no está dispuesta a callar.
Y esta vez, Coyuca marchará para exigir justicia para una de sus hijas.
