Chilpancingo, Gro., 22 de mayo de 2025.- El diputado indígena, Pánfilo Sánchez Almazán (PT) presentó una iniciativa para prohibir de forma absoluta cualquier unión conyugal entre menores de 18 años.

Esta propuesta busca reformar la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Código Civil y el Código Penal, todos del Estado de Guerrero, para establecer sanciones penales y civiles para quienes promuevan o consientan matrimonios entre menores de edad, así como la pérdida de la patria potestad y tipificar este delito para que se sancione con prisión y agravantes cuando la víctima pertenezca a grupos vulnerables.

El legislador resaltó que esta iniciativa es en respuesta a una problemática que se presenta en diferentes comunidades de la entidad, pese a que ya existen ordenamientos que prohíben los matrimonios infantiles, aún persisten, muestra de ello, es el recientemente registrado en la comunidad de San Pedro Cuitlapan, municipio de Tlacoachistlahuaca, donde se celebró públicamente una unión simbólica entre dos menores de 12 años, promovida por familiares , legitimada por autoridades tradicionales y aceptada socialmente por la comunidad.

Dicha acción dejó en evidencia una problemática estructural que aún persiste en algunas regiones de la entidad, como lo son zonas indígenas, rurales y de alta marginación donde las uniones forzadas entre menores son una cruel realidad aunque ya están prohibidas por la ley federal y local, siguen ocurriendo bajo el amparo de usos y costumbres, vulnerando profundamente los derechos humanos de las niñas y niños y adolescentes.

Por ello, el legislador propone que se plasme en los ordenamientos antes mencionados prohibir de manera absoluta cualquier tipo de unión conyugal entre personas menores de 18 años, sin importar si se trata de matrimonios formales, simbólicos o informales; establece sanciones penales de prisión o agravantes y civiles para quienes promuevan, faciliten o consientan estas uniones que contempla perder la patria potestad de los infantes.

Pánfilo Sánchez resaltó que esta reforma no es contra la cultura ni contra las comunidades, sino en favor de la niñez, y como legislador dijo que es importante eliminar cualquier vacío o resquicio legal.

“Estoy convencido de que legislar también es ponerle límites a la injusticia, la niñez guerrerense merece leyes claras, justicia pronta y protección real y como diputado asumo con responsabilidad mi compromiso de no permitir que estas violencias sigan ocurriendo bajo nuestra mirada indiferente, las niñas y niños no son propiedad, no son mercancía, no son moneda de cambio ni objeto de negociación, son personas con derechos, y es nuestra obligación garantizarlos», finalizó el diputado.

La iniciativa de reforma fue turnada a las Comisiones Unidas de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y de Justicia para su análisis y dictaminación.

Chilpancingo, Gro., 22 de mayo de 2025.- Diputadas y diputados de las Comisiones de Estudios Constitucionales y Jurídicos y para la Igualdad de Género del Congreso de Guerrero presentaron una iniciativa de reforma y adiciones a la Constitución Política local para armonizarla con la Constitución Política Federal, en materia de Igualdad sustantiva con el objetivo de garantizar la perspectiva de género, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y la erradicación de la brecha salarial por razones de género.

La propuesta presentada por las diputadas Gloria Citlali Calixto Jiménez, Araceli Ocampo Manzanares, Leticia Mosso Hernández, Pilar Vadillo Ruiz, Obdulia Naranjo Cabrera, y los diputados Alejandro Carabias Icaza, Joaquín Badillo Escamilla y Robell Urióstegui Patiño, señala que esta iniciativa obedece al proceso de armonización para que Guerrero cuente con un marco jurídico más robusto, que pueda impactar en todos los niveles del desempeño público y de la convivencia social.

Agrega que la necesidad de reformar la Constitución es para garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, proteger de manera efectiva a niñas y mujeres, garantizar que haya una representación paritaria en la integración de los espacios públicos de toma de decisiones a fin de transformar las relaciones sociales, eliminar desigualdades estructurales y garantizar un marco jurídico que promueva una sociedad justa, equitativa e incluyente.

Señala que “La igualdad formal nos dice que somos iguales ante la ley, pero no basta, porque en las calles, en los hogares, en los centros de trabajo y en las instituciones, las mujeres siguen enfrentando obstáculos que los hombres no. Por eso hablamos de igualdad sustantiva: una igualdad real, que se sienta, que transforme la vida de las personas, que vaya al fondo y no se quede sólo en la forma”.

Refiere que reformar la Constitución no es un acto simbólico, es un paso fundamental para reconocer que el Estado tiene la obligación de construir condiciones estructurales que garanticen el ejercicio pleno de los derechos de todas, es decir, incorporar la igualdad sustantiva significa que el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos asuman con claridad que hombres y mujeres tienen los mismos derechos.

Se señala que plasmar en la Constitución local la igualdad sustantiva significa reconocer las desigualdades históricas, culturales y estructurales que han colocado en desventaja a las mujeres, y con la armonización las instituciones estatales y municipales deberán actuar de manera afirmativa para corregirlas sus acciones y proporcionar mejores oportunidades a las mujeres en los diferentes espacios de toma de decisiones.