PROPONEN TIPIFICAR EL ACECHO COMO DELITO Y EVITAR VIOLENCIAS MAS GRAVES CONTRA MUJERES

Chilpancingo, Gro., 22 de abril de 2025.- La diputada Deyanira Uribe Cuevas presentó una iniciativa de reforma y adición al Código Penal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ambas del Estado de Guerrero, para que se tipifique el delito de acecho y se castigue con penas de seis meses a dos años de prisión, al tratarse de una conducta autónoma, reiterada y no deseada, que atenta contra la libertad, seguridad e intimidad de las mujeres.

En la sesión de este martes, la diputada integrante de Movimiento Ciudadano al presentar el tema en tribuna dijo que el objetivo es prevenir su posible escalamiento a delitos más graves como el feminicidio y garantizar una protección más efectiva a las víctimas de violencia, y que como representantes populares es su obligación dotar a la ciudadanía de instrumentos legales que respondan a las realidades actuales de la violencia que adolece la entidad.

Además, la propuesta contempla modalidades agravantes cuando este delito se comete contra personas especialmente vulnerables, como mujeres embarazadas, personas menores de edad o cuando se hace uso de tecnología para perpetuar el acechamiento.

Agregó que las modificaciones al Código Penal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia responden a que en la actualidad el acecho no se encuentra tipificado, por lo que se debe legislar al respecto, y con ello lograr que este tipo de violencia sea visibilizada al ser una de las formas más peligrosas y perturbadoras que enfrentan las mujeres, y en muchas ocasiones escalan hasta convertirse en formas severas de violencia, que incluso, pueden culminar en feminicidio, por lo que la tipificación de este delito no solo es un acto de justicia, sino de prevención.

La diputada Deyanira Uribe detalló que sociológicamente en nuestra sociedad el acecho es una conducta que se manifiesta mediante la vigilancia, seguimiento, comunicación persistente e invasiva y otras acciones no deseadas dirigidas a una persona específica, que terminan por quebrantar su estabilidad emocional, psicológica y hasta su integridad física.

Por último, refirió que esta propuesta de legislación armoniza el marco legal con los compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano, como la Convención de Belém do Pará y la CEDAW, que nos exigen adoptar medidas de prevención, protección y sanción frente a todas las formas de violencia contra las mujeres.

La iniciativa fue turnada a la Comisiones Unidas de Justicia y Para la Igualdad de Género para su análisis y dictaminación.

*Iniciativas*

El diputado Jhobanny Jiménez Mendoza (PVEM) presentó una iniciativa de reforma y adición a la Constitución Política del Estado de Guerrero para que la Naturaleza sea reconocida como sujeto de derechos con dignidad propia, creando un capítulo específico en el texto constitucional y estableciendo garantías efectivas para su protección y restauración. Fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.

La Mesa Directiva dio lectura a oficio signado por la diputada Gladys Cortés Genchi (PVEM), quien remite la iniciativa de reforma a la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero para que se reconozca de manera explícita a las personas con discapacidad como grupo de atención prioritaria para la Comisión, a fin de garantizar una protección efectiva, inclusiva y accesible de sus derechos humanos, en concordancia con los principios de igualdad y no discriminación establecidos en la normatividad nacional e internacional. Fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos.

La diputada Araceli Ocampo Manzanares (Morena) presentó una iniciativa de reforma a la Ley Registral del Estado de Guerrero para establecer delegaciones del Registro Público de la Propiedad en las regiones del Estado, para garantizar el acceso equitativo a servicios registrales, fortalecer la seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra y facilitar el desarrollo económico, social y humano, especialmente en comunidades rurales e indígenas que actualmente enfrentan barreras económicas, geográficas y culturales para formalizar la propiedad de sus bienes. Fue turnada a la Comisión de Justicia.

La diputada Erika Lorena Lührs Cortés (MC) presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero para que se instituya la Presea “Bertha Bon Glumer Leyva” a las y los Educadores de Guerrero, como un reconocimiento anual que visibilice y valore la labor fundamental de quienes contribuyen al desarrollo integral de la niñez guerrerense desde la Educación Inicial y Preescolar.
Fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.

La diputada Beatriz Vélez Núñez (PRI) presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Salud del Estado de Guerrero para que el Sistema Estatal de Salud implemente acciones integrales de capacitación, orientación y fomento que promuevan la lactancia materna como alimento exclusivo durante los primeros seis meses de vida del bebé, priorizándola sobre el uso de sucedáneos dentro de los servicios de salud, con el fin de mejorar la atención materno-infantil. Fue turnada a la Comisión de Salud.

CREA EL CONGRESO LA PRESEA “FAUSTINA BENÍTEZ” COMO UN RECONOCIMIENTO A LA LUCHA HISTÓRICA DE LAS MUJERES

Chilpancingo, Gro., 22 de abril de 2025.- El Pleno del Congreso del Estado aprobó instituir la Presea «Faustina Benítez» para reconocer a aquellas mujeres que se destaquen en la lucha por los derechos de las niñas y mujeres en el Estado de Guerrero.

En el dictamen de reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, derivado de una propuesta realizada por el diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón, se destaca que con esta reforma se pretende rendir homenaje a una mujer cuya vida no sólo marcó una época, sino que tejió con fuerza y dignidad parte del alma colectiva de México, Faustina Benítez.

Faustina fue madre, líder y compañera de causas con quien fuera uno de los principales jefes insurgentes durante el movimiento independentista de 1810 y presidente de México en 1855, el general de división Juan Álvarez. Era originaria de Coyuca de Benítez, municipio que lleva el apellido de esta destacada guerrerense que alzó la voz contra las injusticias, defendió los derechos de las mujeres, campesinos, pueblos originarios y de los trabajadores marginados.

Fundamentó el dictamen la diputada Gloria Citlalil Calixto Jiménez, presidenta de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, quien señaló:
“Este Congreso del Estado, representación plural del pueblo de Guerrero, reconoce hoy no solo a la mujer, sino a la historia viva que encarna. Reconoce que la lucha de Faustina Benítez fue también la lucha de miles que, como ella, han mantenido encendida la llama de la justicia en los rincones más profundos de nuestra tierra suriana y del México mismo”.

Al instituir una presea con su nombre, no sólo se honra a una mujer excepcional, sino que compromete a seguir construyendo el país justo, libre e igualitario que ella soñó y se sienta el precedente para que el Poder Legislativo de Guerrero haga un reconocimiento público y formal, a quienes como ella se destaquen por romper paradigmas al luchar por la dignidad, por los derechos y por la vida misma de otras mujeres, se señala en el dictamen.

Razonó su voto a favor del dictamen el diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón, quien consideró que lo aprobado representa un reconocimiento institucional y un acto de justicia histórica dirigido a visibilizar, honrar y perpetuar en la memoria la contribución de este personaje que dejó un legado y contribuyó en la lucha por los ideales, igualdad y justicia social en favor de las mujeres.

Asimismo, con la aprobación de esta condecoración, el Poder Legislativo muestra su compromiso con la equidad de género al reconocer el papel histórico que han jugado las mujeres en el país y en el Estado.

*Intervenciones*

La diputada Leticia Rodríguez Armenta (Morena) intervino con el tema: “Guerrero necesita caminos seguros”.

El diputado Alejandro Bravo Abarca (PRI), intervino sobre la Conmemoración del «CXI Aniversario de la Gesta Heroica del Puerto de Veracruz».

Las diputadas Obdulia Naranjo Cabrera (PVEM) y Claudia Sierra Pérez (PT) participaron en relación al “Día de la Madre Tierra”.

PROPONE DIPUTADA FORTALECER MARCO JURÍDICO CONTRA VIOLENCIA FAMILIAR

Chilpancingo, Gro., 22 de abril de 2025.- La diputada Luissana Ramos Pineda (Morena) propuso adicionar el Código Penal del Estado para fortalecer el marco legal en materia de violencia familiar, reconociendo todas sus formas: física, psicoemocional, sexual, económica, patrimonial y contra los derechos reproductivos, ampliando el concepto de relación familiar y de hecho, e incorporando sanciones más severas, medidas de protección y tratamientos especializados para personas agresoras, estableciendo de manera específica y ampliada a los sujetos activos del delito, con el objetivo de garantizar a las víctimas, principalmente mujeres, el derecho humano a vivir libres de violencia.

En su propuesta de adición y modificación del delito de violencia familiar y violencia familiar equiparada contemplada en los artículos 198 y 200 del Código Penal del Estado, la diputada expresa que las violencias contra las mujeres, niñas y adolescentes, es una forma de discriminación que les impide disfrutar de derechos y libertades en igualdad de condiciones con los hombres.

Dijo que las conductas violentas entre los miembros de la familia, principalmente contra mujeres, tienen que ser limitadas y sancionadas por el Estado, ya que provoca consecuencias graves como depresión, trastornos de estrés postraumático, de personalidad, ansiedad, uso de sustancias ilegales, del sueño, alimentación y hasta suicidio.

Por ello, “en el ámbito de justicia a través de las resoluciones judiciales se debe visibilizar y sancionar la violencia familiar reconociéndola como una de las más graves violaciones a la dignidad y a los derechos humanos, y por ende como uno de los más grandes obstáculos para el desarrollo humano”.

En ese sentido, propone que, quien por acción u omisión ejerza cualquier tipo de violencia física, psicoemocional, sexual, económica, patrimonial o contra los derechos reproductivos, que ocurra o haya ocurrido dentro o fuera del domicilio o lugar que habite, en contra del o la cónyuge, excónyuge, concubina, exconcubina, el concubinario, exconcubinario; el pariente consanguíneo en línea recta ascendente o descendente sin límite de grado, el pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado; el adoptante o adoptado; el incapaz sobre el que se es tutor o curador; y la persona con la que se haya constituido sociedad en convivencia se le impondrá de uno a seis años de prisión.

Además, la pérdida de los derechos que tenga respecto de la víctima, incluidos los de carácter sucesorio, patria potestad, tutela y alimentos, se decretarán las medidas de protección conforme a lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y se sujetará al agente a tratamiento especializado para personas agresoras de violencia familiar.

También se equipara a la violencia familiar y se sancionará con las mismas penas y medidas de seguridad, al que realice cualquiera de los actos señalados en contra de la persona que esté sujeta a su custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado o con quien tenga una relación de hecho o la haya tenido en un período hasta de dos años antes de la comisión del acto u omisión.

Se entenderá por relación de hecho la que exista entre quienes mantengan una relación de pareja, aunque no vivan en el mismo domicilio; se encuentren unidos por vínculos de padrinazgo o madrinazgo; se incorporen a un núcleo familiar aunque no tengan parentesco con ninguno de sus integrantes; tengan relación con los hijos de su pareja, y a la vez ellos con la pareja de alguno de sus progenitores.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia.

Acuerdos
La diputada Violeta Martínez Pacheco (Morena) presentó un punto de acuerdo para exhortar al Poder Judicial del Estado a generar guardias de trabajo en días y horas inhábiles, en juzgados de primera instancia, en materias Familiar, Civil y/o Mixto, que conozcan y resuelvan asuntos familiares (alimentos, convivencia y violencia familiar), con las facultades para resolver casos de urgencia, garantizando de esa manera el acceso a la justicia, sin importar que el día y momento cuando ocurra la necesidad del ciudadano sea hábil o no. Fue turnado a la Comisión de Justicia.