Fue el 18 de marzo de 1938 cuando el Presidente de la República Mexicana, el General Lázaro Cárdenas del Río, expidió el decreto de la Expropiación Petrolera, el cual consistió en la apropiación legal del petróleo que explotaban 17 compañías extranjeras para convertirse en propiedad de los mexicanos.
Este suceso fue el resultado de la implementación de la Ley Expropiación de 1937 y del Artículo 27 de la Constitución Mexicana aplicado a las compañías petroleras extranjeras que en ese momento tenían el control de la industria petrolera.
Con este decreto estableció que el Estado mexicano tendría control total sobre la producción y comercialización del petróleo en territorio nacional, lo que permitió a los diferentes gobiernos tener recursos económicos adicionales a los que provienen de los impuestos, productos, derechos o aprovechamientos.
Durante estos últimos años, la industria petrolera y sus ingresos han sido la fuente principal de ingresos para las finanzas públicas y por ende el motor de la actividad económica del país.
En nuestro país, la actividad petrolera se concentra en los siguientes estados: Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Puebla y Veracruz; siendo solo tres entidades en donde se concentra mayor actividad de extracción de hidrocarburos (Campeche, Tabasco y Veracruz) y en donde se genera la mayor parte de los ingresos que anualmente se reparten entre los gobiernos locales del país.
Sin embargo, ante la caída de los precios del petróleo y para obtener resultados favorables, es necesario coordinar estrategias entre los gobiernos federales, estatales y municipales para impulsar la Reforma Energética, lo cual ayudará a aprovechar nuestros recursos energéticos de forma eficiente, sustentable a fin de crear las condiciones para el progreso y desarrollo de la población mexicana.
