FIRMA EL CONGRESO UN CONVENIO PARA DIPLOMADO EN MATERIA DE JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS

Chilpancingo, Gro., 13 de diciembre de 2024.- El diputado Jesús Urióstegui García, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, a nombre de esta institución, participó este viernes en la firma de un convenio interinstitucional con distintas instituciones para la realización del diplomado “Justicia electoral, participación política y representación de los pueblos indígenas y afromexicanos”.

Este convenio representa un esfuerzo conjunto entre el Poder Legislativo de Guerrero y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), el Tribunal Electoral del Estado, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (IEPC), la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos del Gobierno estatal y la Universidad Autónoma de Guerrero, como parte de su compromiso con la promoción de los derechos de los pueblos originarios de la entidad.

En su intervención, el diputado Urióstegui García reafirmó que realizarán todas las acciones necesarias para garantizar los derechos de todas las personas, en especial de las y los integrantes de los pueblos indígenas y afromexicanos, y en ese sentido, resaltó la importancia de trabajar de manera conjunta con las instituciones gubernamentales y académicas.

Destacó, asimismo, que hay acciones emprendidas desde los gobiernos federal y estatal que han marcado como prioridad el reconocimiento de los derechos de estos pueblos, mismas a las que la LXIV Legislatura se ha sumado con toda convicción y orgullo.
“Se debe continuar trabajando para lograr que Guerrero sea un estado más justo, con sensibilidad social, porque la representación indígena y afromexicana en esta entidad es muy grande y es necesario caminar juntos”, apuntaló.

En este evento participó el diputado de origen náhuatl Pánfilo Sánchez Almazán, presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, quien en su mensaje resaltó la reciente reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión y ratificada por el Congreso de Guerrero que reconoce a las personas indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, lo que coadyuvará a su desarrollo integral.

También estuvo en el evento la diputada Catalina Apolinar Santiago, presidenta de la Comisión de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos del Congreso de Guerrero; la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, Alma Delia Eugenio Alcaraz; el titular de la oficina de representación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Manuel Vázquez Quintero; la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, Luz Fabiola Matildes Gama; el secretario para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos del Estado de Guerrero, Abel Bruno Arriaga, y el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán.

Dicho diplomado iniciará en el mes de enero próximo en busca fortalecer las capacidades de los actores sociales, políticos y académicos, así como fomentar el conocimiento y la defensa de los derechos de los pueblos originarios, cuya riqueza cultural y social es un pilar fundamental para Guerrero.

PROPONEN PLAZOS PARA LA
DICTAMINACIÓN DE ASUNTOS LEGISLATIVOS

Chilpancingo, Gro., 11 de diciembre de 2024.- El diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros presentó una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado para establecer un marco normativo más estricto y eficiente que dé seguimiento, vigilancia y evaluación del trabajo de las comisiones y comités del Congreso, fijando plazos razonables que eviten demoras injustificadas en el proceso de dictaminación de las iniciativas y demás asuntos propuestos parlamentarios.

En los motivos de su iniciativa, el diputado por Morena explicó que aun cuando se cuenta con una reglamentación puntual y específica para garantizar las condiciones materiales, técnicas y profesionales para que las comisiones dictaminen los asuntos que les son turnados, no existe justificación válida para la omisión del cumplimiento de dictaminación en tiempo y forma, que es de 30 días hábiles.

Añadió que, pese a que la ley lo marca, los promoventes de iniciativas y exhortos podrán solicitar al Presidente de la Mesa Directiva que emita una excitativa, misma que concede a la comisión un nuevo plazo para resolver, pero de no cumplirse, la Mesa Directiva reasigna el turno a otra comisión, la cual tendrá que emitir dictamen a más tardar en el siguiente período ordinario de sesiones, proceso que no sucede y que genera el aplazamiento desmesurado del dictamen.

Precisó que esta situación se ha enfrentado de manera reiterada en cada legislatura y genera rezago legislativo al final de los periodos constitucionales, todo a causa de la inexistencia de una reglamentación que procure el ejercicio permanente de supervisión, vigilancia, seguimiento y evaluación del trabajo en comisiones y comités.

Por lo anterior, Sandoval Ballesteros propone adecuar la Ley Orgánica del Poder Legislativo para que la Conferencia vigile, dé seguimiento y evalúe mensualmente el estado que guarda el proceso legislativo de los asuntos turnados a comisiones y comités, disponiendo las medidas administrativas, técnicas y profesionales que sean necesarias para su desahogo, mismas que el presidente de la Mesa Directiva dará a conocer al Pleno en su informe mensual correspondiente.

La propuesta precisa que las Iniciativas de ley o decreto turnados a comisiones deberán ser dictaminados dentro de un plazo no mayor a 45 días hábiles contados a partir del siguiente día de la recepción del turno, y tratándose de proposiciones de acuerdo, las comisiones o comités tendrán como término para dictaminar hasta el fin de cada período ordinario de sesiones.

El plazo máximo al que hace referencia este artículo no se aplicará en el caso de asuntos que, en términos de la normatividad aplicable, cuenten con un plazo específico para su discusión, análisis, resolución y aprobación, y vencido el plazo y la prórroga, en su caso, sin que se hubiere presentado el dictamen.

Asimismo, el presidente de la Mesa Directiva retirará la iniciativa a la comisión o comisiones y procederá a hacer la declaratoria de publicidad correspondiente, a efecto de someterla como dictamen al Pleno para su discusión y, en su caso, aprobación, a más tardar dos sesiones ordinarias después de vencido el plazo para emitir dictamen.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su correspondiente análisis y dictaminación.

PLANTEAN AMPLIAR ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA DE PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES AFROMEXICANAS

Chilpancingo, Gro., 09 de diciembre de 2024.- La diputada Catalina Apolinar Santiago presentó una iniciativa de adición a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado para que las iniciativas a nivel constitucional y las proposiciones de acuerdo parlamentario que involucren a grupos pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos o a cualquier otro sector vulnerable, sean analizados bajo la modalidad de Comisiones Unidas de Estudios Constitucionales y Jurídicos y la que corresponda al tema.

Además, la propuesta plantea que el procedimiento parlamentario especial para la creación de nuevas municipalidades con influencia indígena y afromexicana que corresponda conocer por ámbito especial de validez, sea analizado en la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación en conjunto con la de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

La diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena reseñó que actualmente, con base a las funciones legislativas plasmadas en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, las comisiones ordinarias y comités analizan, discuten, dictaminan y aprueban reformas constitucionales y temas que impactan de manera trascendente en las formas de vida cotidiana de los diferentes sectores de la sociedad.

Sin embargo, explicó que cuando llega al Congreso de Guerrero una reforma constitucional, sea general o local, sólo recae en una comisión, como fue el caso de la reciente reforma federal que incorporó el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, quedando fuera en este caso la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos, situación que debe ser modificada.

Ante ello, la legisladora resaltó la importancia de aprobar la reforma de adición a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para garantizar la participación activa y representativa no sólo de los representantes populares que integran este órgano legislativo, sino también de la ciudadanía que integra los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, así como sectores vulnerables como las personas con discapacidad, entre otros, para que formen parte de las dictaminaciones y esto coadyuve a eliminar la discriminación.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su análisis y dictaminación correspondientes.