Chilpancingo, Gro., 15 de julio de 2024.- Diputadas y diputados aprobaron un acuerdo suscrito por la Junta de Coordinación Política por el que se establecen las bases y lineamientos para la entrega-recepción de los asuntos y recursos asignados a las y los servidores públicos de la LXIII Legislatura al Congreso de Guerrero.

El acuerdo parlamentario explica que los artículos 43 y 57 de la Constitución Política del Estado y el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo establecen que el Congreso del Estado se renovará cada tres años por la legislatura correspondiente, la cual se instala el 01 de septiembre del año de renovación, siendo el 31 de agosto del presente año que concluye el periodo constitucional de la LXIII Legislatura.

Ante esto, el punto de acuerdo presentado por las y los integrantes de la Jucopo precisa las obligaciones de los servidores públicos y los lineamientos para cumplir de forma oportuna y eficaz con la entrega de los recursos humanos, materiales y financieros de las áreas, para dar cumplimiento a la Ley 213 de Entrega–Recepción de las Administraciones Públicas del Estado y los Municipios de Guerrero, y que también contempla al Poder Legislativo.

Esta entrega–recepción contempla a la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política, los órganos administrativos, órganos técnicos, comisiones y comités legislativos, los cuales al concluir el periodo constitucional de la LXIII Legislatura deberán dar a conocer el estado que guardan los recursos financieros, humanos, materiales y documentación e información generada durante el ejercicio de sus funciones, y en el caso de las comisiones y comités, deberán adicionar la relación de archivos e información legislativa, entre las que se encuentran las iniciativas, proposiciones y demás asuntos dictaminados o resueltos en definitiva, así como los pendientes de ser considerados por el Pleno. Para ello, las presidentas y presidentes de estos órganos legislativos instruirán a sus secretarias y secretarios técnicos.

Dicho proceso deberá realizarse con base a los formatos proporcionados por la Contraloría Interna del Poder Legislativo y la información será entregada a la Comisión de Instalación a más tardar la tercera semana de agosto del presente año.

Por último, el acta de entrega–recepción por conclusión del periodo constitucional de la legislatura se elaborará por la Comisión de Instalación dentro de un plazo no mayor a los 30 días hábiles, a partir de la fecha de conclusión del periodo constitucional de la LXIII Legislatura.

Chilpancingo, Gro., 11 de julio de 2024.- El Pleno del Congreso del Estado aprobó la Ley que Regula el Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación para la Seguridad Pública del Estado de Guerrero, que establece las bases de coordinación en la materia entre las instituciones de seguridad pública de la entidad, los municipios y prestadores de servicios de seguridad privada.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Joaquín Badillo Escamilla, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, manifestó que la ley en mención propuesta por su homólogo Marco Tulio Sánchez Alarcón es procedente porque tiene el objetivo de coadyuvar a la disminución y erradicación del delito, en beneficio de la sociedad.

Refirió que el uso de esta tecnología contempla un sistema de videovigilancia, drones y softwares de reconocimiento facial que serán instalados en puntos estratégicos de la entidad, permitiendo a las corporaciones policiacas tomar acciones inmediatas cuando un crimen esté aconteciendo.

Asimismo, a las imágenes capturadas por los sistemas de videovigilancia podrán tener acceso la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Poder Judicial, a fin de aportar pruebas para su integración en las carpetas de investigación, que favorezca al correcto procesamiento de los imputados.

Badillo Escamilla resaltó la importancia de este ordenamiento porque, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad del INEGI, sólo el 6.1% de los delitos cometidos fueron denunciados, y de éstos el 50.8% no continúa con su investigación por falta de medios probatorios que permitan llegar a la verdad de los crímenes.

“La importancia de instalar sistemas de videovigilancia permitirá ver en tiempo real la comisión de los delitos y, en consecuencia, realizar la captura de manera flagrante, además de tener los elementos de prueba suficientes que permitan el procesamiento de los culpables, impactando directamente en la reducción de los índices de criminalidad”, remarcó.

En su oportunidad, el diputado promovente de la iniciativa, Marco Tulio Sánchez Alarcón, razonó su voto indicando que en las últimas décadas la entidad ha ocupado los primeros lugares en la lista de delitos cometidos, ante lo cual el uso de las tecnologías es de suma relevancia para disminuir estos índices.

Con la aprobación de este nuevo ordenamiento se reformó también la Ley 179 del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, con el propósito de armonizarla con la Ley que Regula el Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación para la Seguridad Pública del Estado, lo que permitirá tener un control absoluto de la información obtenida por los equipos de seguridad y las cámaras de videovigilancia colocadas estratégicamente en la entidad.

Chilpancingo, Gro., 10 de julio de 2024.- El Congreso del Estado aprobó reformas al Código Penal del Estado de Guerrero para incorporar el delito de acoso sexual callejero, mismo que se castigará hasta con 8 años de prisión.

De este modo, cometerá este delito quien con fines o móviles lascivos asedie a otra persona, tome fotos y/o grabe su cuerpo sin su consentimiento; tenga contacto físico y/o arrinconamiento no consentido; persiga, haga masturbación o realice exhibicionismo en lugares públicos y/o privados, vías y transporte público, por ser acciones que provocan malestar en la víctima y dañan su dignidad e integridad personal.
En sesión extraordinaria, la Comisión de Justicia presentó al Pleno el dictamen derivado de una propuesta que hizo la diputada Leticia Mosso Hernández, donde señala la importancia de tipificar el acoso sexual callejero para erradicar este tipo de conductas que laceran la dignidad, en especial de las mujeres.
Refiere que no ha sido suficiente que en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se establezca el hostigamiento y acoso sexual como parte de la violencia familiar, laboral y escolar, pues este tipo de acoso en espacios, vías y transporte públicos sigue siendo invisibilizado, a pesar de que se comete frecuentemente.
Abunda que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2022 del INEGI, en Guerrero el 68.8 por ciento de las mujeres de 15 años o más experimentaron algún tipo de violencia, ya sea psicológica, física, sexual, económica o patrimonial a lo largo de la vida, y 44.1 por ciento en los últimos 12 meses.
Por ello, se establece que a quien cometa el delito de acoso sexual callejero se le impondrá de 3 a 8 años de prisión y de 200 a 500 días multa, y cuando el agresor sea reincidente o exista la participación de dos o más agresores, o se realice por servidores públicos, la penalidad se duplicará.
Además, este delito se perseguirá a petición de la parte ofendida, salvo que exista la participación de servidores públicos, en cuyo caso será de oficio.
Asimismo, se suprime el vocablo “reiteradamente” en los delitos de hostigamiento sexual y acoso sexual, porque se considera que el molestar en una sola ocasión no resta la gravedad a la conducta, ya que el hecho que una mujer haya sido asediada con fines lascivos una sola vez, es suficiente para que le haya generado un daño o perjuicio físico, emocional, psicológico o económico a la víctima del delito.
La diputada promovente Leticia Mosso Hernández razonó su voto a favor del dictamen de reforma al Código Penal del Estado en materia de acoso sexual callejero, manifestando su agrado porque la LXIII Legislatura sigue legislando para garantizar la seguridad de las mujeres guerrerenses.