Chilpancingo, Gro., 14 de junio de 2024.- Con el objeto de mejorar el desempeño de la Unidad para la Igualdad de Género del Congreso del Estado, mediante su correcta integración y con un protocolo en la materia que garantice la aplicación del principio de igualdad sustantiva en aquellos espacios en donde aún existen desigualdades, las diputadas y diputados de la LXIII Legislatura reformaron la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.

Esto a propuesta de la diputada Patricia Doroteo Calderón y el diputado Bernardo Ortega Jiménez, quienes argumentaron que uno de los temas de mayor relevancia y trascendencia en la actualidad es lo relativo a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, prueba de lo cual son las reformas constitucionales para establecer la paridad en todo y fortalecer las políticas de empoderamiento de las mujeres en la vida pública de las instituciones.
De acuerdo con el dictamen emitido por la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, actualmente las legislaturas locales reflejan igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; sin embargo, se le debe dar mayor solidez a las áreas administrativas encargadas de velar por la construcción y cumplimiento de acciones que tienen como fin vigilar el cumplimiento efectivo de una igualdad sustantiva.
En este caso, destaca que en el Congreso de Guerrero existe la Comisión para la Igualdad de Género, así como su respectiva unidad, con funciones inherentes a atender la discriminación, exclusión y hostigamiento hacia las mujeres, haciendo prevalecer el reconocimiento y respeto de sus derechos humanos.
Sin embargo, apunta que para prevenir y atender la violencia de género y la violencia política contra las mujeres en el Congreso, es necesario impactar dentro de nuestra legislación, previendo la obligación de que exista un protocolo inherente a prevenir y atender estos casos.
La reforma establece que la Unidad para la Igualdad de Género es el órgano técnico responsable de Fomentar, planear, y dirigir las acciones para institucionalizar la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos dentro del Congreso, asegurando la observancia de los derechos fundamentales, así como la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; la no discriminación en todas las áreas del recinto legislativo, así como promover ambientes laborales libres de violencia en cualquiera de sus modalidades.
Para cumplir con lo anterior, la Unidad para la Igualdad de Género, elaborará, actualizará y presentará ante la Comisión de Igualdad de Género el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia de Género en el Congreso del Estado, a efecto de que este sea aprobado por el Pleno de la LXIII Legislatura.

Chilpancingo, Gro., 14 de junio de 2024.- Para garantizar la oportuna atención médica en casos de interrupción legal del embarazo, así como una adecuada educación sexual y reproductiva, el Congreso local aprobó reformas a la Ley de Salud del Estado de Guerrero.

El dictamen emitido por la Comisión de Salud deriva de una iniciativa presentada por las diputadas Gloria Citlali Calixto Jiménez, Beatriz Mojica Morga (con licencia) y Nora Yanek Velázquez Martínez, y una más de la diputada Elzy Camacho Pineda, todas las cuales convergen en la necesidad de incorporar los conceptos de salud sexual y reproductiva en los esfuerzos por reducir el índice de embarazos no planeados en edades tempranas; disminuir el riesgo reproductivo, e informando la inconveniencia del embarazo antes de los 20 años o después de los 35.

Abunda el dictamen en que, así como se legisló sobre la interrupción legal del embarazo, también se debe incluir la prevención y atención de infecciones de transmisión sexual, particularmente el VIH-SIDA, planificación familiar y distribución gratuita de métodos anticonceptivos entre la población demandante.

Asimismo, que se sebe establecer la atención oportuna y de calidad de los servicios de salud en el estado para la interrupción legal del embarazo, regular las condiciones del servicio, gratuidad, servicios complementarios a la interrupción propia, periodos temporales para practicar la interrupción, y procedimientos que deberán priorizarse según las condiciones médicas de la paciente.

Por ello, queda establecido que se prestarán los servicios de salud sexual, reproductiva y de planificación familiar, previéndose los recursos humanos, físicos y financieros necesarios para que en todos los establecimientos de salud administrados por el Estado se otorgue el servicio médico eficiente y gratuito para que las mujeres ejerzan su derecho a la interrupción legal del embarazo.

Las adecuaciones legales pretenden, además, que la salud sexual, reproductiva y de planificación familiar tiene carácter prioritario, para lo cual la Secretaría de Salud promoverá y aplicará permanentemente políticas y programas integrales tendentes a la formación, capacitación y actualización sobre estas materias, entre el personal adscrito a las unidades médicas, así como de orientación a la población en general.

De la misma forma, las acciones en la materia que realicen las instituciones deberán contar con perspectiva de derechos humanos y de género, visión de respeto a las diversidades sexuales, y conforme a las características particulares de los diversos grupos poblacionales, especialmente niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

La diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez razonó su voto a favor del dictamen, refiriendo que desde el inicio de la actual legislatura se asumió como compromiso coadyuvar con la progresividad de los derechos de las mujeres, hasta garantizar su autonomía y libertad.

Chilpancingo, Gro., 13 de junio de 2024.- La diputada Angélica Espinoza García presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Personas Jóvenes del Estado de Guerrero para establecer que las personas pueden comenzar su vida laboral a partir de los 18 años, y no a los 14, como marca el texto vigente.

Al exponer los motivos de su propuesta, la legisladora refirió que el interés superior del menor es un derecho resguardado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atendiendo a la Convención de los Derechos del Niño, que mandata protegerlos de la explotación laboral y económica, y de toda actividad, desempeño o labor que impida su desarrollo físico o interfiera en su educación y salud física y mental.
Abundó en que el trabajo infantil es definido como todo aquel que priva a niñas, niños y adolescentes de su potencial y dignidad, lo cual es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico, y le produce efectos negativos inmediatos y futuros a su desarrollo físico, mental, psicológico y social.
En ese sentido, Espinoza García considera pertinente que el Estado, por medio de sus autoridades, debe aplicarse en prevenir, atender y sancionar los casos en que la infancia y adolescencia se vean perjudicadas en su integridad por trabajar antes de los 15 años.
Para reforzar su argumentación, la legisladora recordó lo estipulado en la Ley Federal del Trabajo, que prohíbe la participación de niñas, niños y adolescentes en labores relacionadas al campo agrícola, de aserradero, silvícolas, de caza y pesca; que impliquen el uso de químicos, manejo de maquinaria, vehículos pesados, obras de construcción y algunas industrias como la minería.
Por todo lo anterior, indicó que es menester atender de manera puntual la educación en las infancias, y establecer que la edad idónea para comenzar una vida laboral activa debe ser a partir de la mayoría de edad; es decir, a los 18 años.
Finalmente dijo que su compromiso como legisladora es procurar el interés superior del menor, procurando que las normas nacionales e internacionales del trabajo que protegen a niñas, niños y adolescentes sean respetadas por las y los empleadores.
Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de la Juventud y el Deporte para su análisis y dictaminación correspondiente.

Chilpancingo, Gro., 13 de junio de 2024.- El Congreso del Estado aprobó la Ley para la Atención, Inclusión y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista del Estado de Guerrero, con el objeto de reconocer, promover y garantizar la plena integración e inclusión de este sector vulnerable en la sociedad, coadyuvando con el libre desarrollo de la personalidad, no sólo de los infantes, sino de las personas adultas que viven con este padecimiento.

El dictamen realizado al interior de la Comisión de Salud precisa que una vez analizada la iniciativa de ley presentada por el diputado Héctor Apreza Patrón, se dictaminó en sentido positivo por considerar que este ordenamiento es indispensable para armonizar el marco jurídico local con la Ley General aprobada en 2011.

Detalla también que, si bien es cierto existen ordenamientos para erradicar la discriminación hacia las personas con discapacidad, es fundamental generar un marco jurídico que detone dinámicas institucionales que reconozcan, dimensionen, atiendan y creen las condiciones necesarias para garantizar a las personas con autismo el ejercicio pleno de sus derechos, así como su desarrollo en condiciones de igualdad con las demás personas.

El documento explica, además, que como parte del proceso de dictaminación, y por la naturaleza del tema, la Comisión de Salud esperó las propuestas obtenidas en la Consulta a Personas con Discapacidad en Materia de Educación Inclusiva, ejercicio que fue coordinado por la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad, y del que se obtuvieron propuestas y hallazgos relativos al autismo, mismos que fueron incorporados en el dictamen.

El nuevo ordenamiento establece como prioridad garantizar el respeto y protección de los derechos de las personas con autismo, basado en un modelo médico y educativo que siente las bases para erradicar la exclusión histórica y los obstáculos que enfrentan este sector junto con sus familias, contribuyendo al fortalecimiento de la concienciación social.

Corresponde también al Gobierno del Estado asegurar el respeto y ejercicio de los derechos que les asisten a las personas con la condición del espectro autista; mientras que la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Guerrero, deberán llevar a cabo cada inicio del ciclo escolar campañas de diagnóstico de educandos con la condición del espectro autista, mismos que se integrarán en un padrón único para su atención y protección.

A todas estas acciones se sumarán los municipios a través de sus áreas correspondientes de salud, con el fin de garantizar los derechos de las personas autistas de la entidad.