EXHORTA EL CONGRESO A MUNICIPIOS PARA
ESTABLECER LOS CENTROS DE CONTROL ANIMAL

Chilpancingo, Gro., 29 de mayo de 2024.- El Congreso del Estado aprobó por unanimidad un exhorto a los municipios del estado y al Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres para establecer, en concordancia con la Ley de Bienestar Animal del Estado de Guerrero, en sus respectivos reglamentos los Centros Municipales de Control Animal y órganos administrativos competentes, con el presupuesto necesario para la implementación de acciones en la materia.

Al exponer desde tribuna su propuesta, la diputada Leticia Mosso Hernández detalló que la Declaración Universal de los Derechos de los Animales establece que todos éstos tienen derecho a la existencia, y las autoridades de gobierno les deben garantizar cuidado, protección e integridad.

Expuso que en el ámbito local Guerrero fue y sigue siendo un estado pionero en la materia, al ser uno de los primeros en promulgar, en diciembre de 2014, la Ley 491 de Bienestar Animal, con el objetivo de protegerlos, favorecer su atención, manutención, alojamiento, así como prohibir el maltrato, la crueldad, el abandono y el abuso.

La misma ley establece, además, partidas específicas para el desarrollo y fomento del bienestar animal, así como nuevas obligaciones y facultades para los municipios, entre la que destaca contar con al menos un Centro de Control Animal.

Sin embargo, Mosso Hernández dijo que pese a que la ley antes mencionada obligaba a las autoridades municipales a emitir en el ámbito de sus competencias un reglamento en materia de protección animal, dentro de un plazo no mayor a 45 días naturales de la publicación del Reglamento estatal, a casi 10 años de su promulgación, sólo 7 de los 84 municipios del estado cuentan con un Reglamento Municipal en la materia, como son Taxco, Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Iguala, Eduardo Neri y Tixtla, cifra que se reduce con respecto a los Centros de Control Animal, que únicamente existen en las municipalidades de Chilpancingo, Eduardo Neri y Acapulco.

Por lo anterior, la también presidenta de la Mesa Directiva resaltó la importancia de hacer un llamado a las autoridades municipales para promover el trato digno a los animales y la promoción de acciones e instrumentos legales en la materia.

“Es una obligación legal a la que no podemos rehuir, máxime cuando múltiples estudios han demostrado que la violencia en contra de los animales está intrínsecamente ligada a la violencia social, hecho por el cual debemos coadyuvar en la consolidación de una sociedad más consciente de su entorno y respetuoso de todas las formas de vida”, apuntó.

LLAMAN DESDE EL CONGRESO A CONSIDERAR LA
REUBICACIÓN DEL CERESO DE LAS CRUCES, EN ACAPULCO

Chilpancingo, Gro., 28 de mayo de 2024.- El Pleno del Congreso del Estado aprobó un dictamen con proyecto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a que valore y decida la reubicación del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Las Cruces, ubicado en el municipio de Acapulco de Juárez.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Joaquín Badillo Escamilla, en su calidad de presidente de la Comisión de Seguridad Pública, externó que una vez analizada la propuesta  presentada por la diputada Beatriz Mojica Morga (con licencia), el órgano dictaminador determinó dar seguimiento al exhorto en mención porque el objetivo principal es garantizar los derechos de las personas que se encuentran ahí recluidas, así como proteger a las familias que viven alrededor del recinto, garantizándoles el derecho a la tranquilidad, a la paz, y a no ser víctimas de situaciones que pongan en riesgo su vida.

Detalló que el proyecto inicial de los centros de reclusión, tanto a nivel federal como estatal, es que se localicen lejos de las zonas urbanas, por los peligros, la inseguridad y conveniencia, aunque en el caso del Cereso de Las Cruces, ha quedado dentro de la zona urbana, con los consecuentes peligros y molestias a los vecinos cercanos.

Frente a tal escenario, las diputadas y diputados consideran importante la solicitud al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno estatal presentada por la diputada promovente, para pedir la reubicación del penal en comento y así no solo garantizar la seguridad de la ciudadanía, también para poder mejorar a las colonias que se encuentran ubicadas alrededor del mismo, ya que por normatividad están limitadas para poder solicitar obras de infraestructura para mejorar sus servicios y sus condiciones de vida.

Abundó en que, por cuestiones presupuestales y financieras, dicha acción requiere de la participación de instituciones públicas independientes de la autoridad penitenciaria, así como de otros actores, tales como las organizaciones civiles o la iniciativa privada, lo cual no quiere decir que el Estado se desentienda de sus responsabilidades ineludibles, ya que la seguridad, la custodia y la situación jurídica de las personas privadas de la libertad, así́ como la administración de los establecimientos penitenciarios, siempre deben permanecer bajo la vigilancia de las autoridades correspondientes.

Por lo anterior, expuso, la Comisión de Seguridad Pública se pronunció a favor de procurar las condiciones mínimas de internamiento compatibles con su dignidad y necesidades básicas de la población interna, relacionadas con los servicios médicos, alimentación, provisión de agua potable, y sobre todo de condiciones básicas de seguridad interna.

Para ello, agregó, el Estado deberá contar necesariamente con un diagnóstico prospectivo integral de la infraestructura física y operativa existente, debiéndose detallar cuál es el estado físico y cómo es la operación de los inmuebles de aseguramiento para la readaptación social.

Asimismo, realizar una evaluación prospectiva de la información para identificar y planear las acciones necesarias, ante la posible reubicación del penal antes mencionado.