Acapulco, Gro., 24 de mayo de 2024.- La diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Estado, celebró que la LXIII Legislatura trabaje sin descanso y lograra, en días pasados, la aprobación unánime de un amplio paquete de reformas a distintos ordenamientos jurídicos que son torales para el desarrollo de los distintos sectores de la población guerrerense, en particular de los más vulnerados.
En conferencia de prensa en esta ciudad y puerto, ante un amplio número de periodistas interesados en conocer los avances legislativos, la diputada resaltó que se trabaja intensamente en este último tramo de la legislatura para cumplir el compromiso con la ciudadanía, sin que el proceso electoral influya en la productividad parlamentaria. “Las y los 46 diputados estamos comprometidos en avanzar y no heredar pendientes a la siguiente legislatura”, remarcó.
En ese sentido, informó que en el desarrollo de dos sesiones ordinarias realizadas el pasado martes, se aprobaron 9 iniciativas de reformas y adiciones a distintos ordenamientos en materia de educación inclusiva, terapias de conversión, revocación de mandato, violencia política de género, comunicación del Poder Legislativo, unidades de género y bienestar animal, por mencionar algunas.
Respecto a la adición de la “educación inclusiva” en la Ley General de Educación del Estado de Guerrero, precisó que el objetivo es promover, proteger y garantizar los derechos humanos, en igualdad de condiciones, de las personas con discapacidad, erradicando los actos de discriminación.
Detalló que para lograr esta adición se realizó un arduo proceso de consulta a las personas con discapacidad, sus familias y organizaciones que las representan, en todas las regiones de la entidad, aplicando diferentes mecanismos de participación, como son foros presenciales y virtuales, buzones físicos y digitales, y mesas de trabajo, para que las personas dieran sus opiniones y propuestas factibles de ser incluidas en el capítulo de “Educación inclusiva”.
“Con este paso tan importante, la LXIII Legislatura está saldando una deuda histórica con las personas con discapacidad, lo que marcará un antes y un después, a fin de garantizar una educación que cumpla con los estándares y calidad que requiere este sector vulnerado”, subrayó.
Respecto al sector de la diversidad sexual, indicó que se ha avanzado con la aprobación de reformas al Código Civil para reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, sin discriminación alguna, y recientemente se logró la aprobación de adiciones al Código Penal del Estado de Guerrero para tipificar como delito las terapias de conversión, concebidas como instrumento para cambiar, por la fuerza, la orientación sexual de una persona, lo que se castigará con hasta 6 años de prisión.
“Este es un tema que causaba mucha resistencia, y que me da gusto que se haya aprobado en pleno proceso electoral porque indica que la LXIII Legislatura está actuando con congruencia, con independencia a temas personales de cada diputado o diputada, ya que la prioridad es el respeto de los derechos humanos de todas las personas. Con esto se da el claro mensaje de que no puede continuar la discriminación a las personas de la diversidad sexual, y en su caso, habrá sanciones para quienes ejerzan las mal llamadas terapias de conversión”, argumentó.
Por último, la presidenta de la Jucopo reiteró el compromiso del Congreso local para seguir aprobando temas que abracen las causas justas y sociales de todos los sectores. “Ese será el legado que dejará la LXIII Legislatura, y por eso ante ustedes, que son los medios de comunicación y cumplen con la función de informar a la ciudadanía guerrerense, queremos decir que tienen un congreso sensible que antepone el diálogo y el consenso, y que privilegia, sin importar los temas partidistas, el objetivo principal de fortalecer las herramientas jurídicas para el bienestar del pueblo de Guerrero”, apuntó.

APRUEBAN AUMENTO DE SANCIONES POR MALTRATO ANIMAL

Chilpancingo, Gro., 23 de mayo de 2024.- El Congreso del Estado aprobó por unanimidad reformas al Código Penal del Estado de Guerrero para aumentar las penas por conductas y actos crueles hacia los animales, de 9 meses a 11 años de prisión, y multa de 655 a 2 mil 184 Unidades de Medida y Actualización Vigente.

De acuerdo con el dictamen elaborado por la Comisión de Justicia de una iniciativa del diputado Joaquín Badillo Escamilla, el maltrato o crueldad animal son comportamientos irracionales de una persona hacia estos seres sintientes, que les causan sufrimiento, estrés e incluso la muerte.

Además, señala que estos actos no solo provocan algún tipo de daño o lesiones de carácter físico a los animales, sino que también los afectan acciones como el abandono, tenerlos en precarias condiciones de salud, no brindarles espacios para su recreación y privarlos de alimentación.

Para coadyuvar a resolver esta problemática, el derecho mexicano cada vez más reconoce y amplía los derechos para los animales, muestra de lo cual es que el Poder Judicial federal los ha reconocido como parte de las familias mexicanas.

“Los animales de compañía, principalmente perros y gatos, se constituyen como un miembro del núcleo familiar. Hoy en día, la familia que adopta un animal adquiere obligaciones similares a los demás miembros, tales como derecho a la salud, comida saludable y suficiente, esparcimiento, y a tener un lugar confortable donde guarecerse”, apunta.

Por ello, al recrudecer las sanciones se pretende disuadir este tipo de violencia que hoy por hoy se ha extendido a niveles inimaginables, y que debe ser castigado de manera más enérgica.

Al razonar su voto a favor del dictamen, el diputado promovente, Joaquín Badillo Escamilla, resaltó que con esto se otorgan las herramientas necesarias, legales y jurídicas para que la pena por el maltrato o muerte de un animal pueda ameritar la prisión, y no solo el pago de una multa.

APRUEBA EL CONGRESO REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE REVOCACIÓN DE MANDATO DEL EJECUTIVO ESTATAL

Chilpancingo, Gro., 23 de mayo de 2024.- El Congreso del Estado aprobó por unanimidad el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero para establecer normas que regulen el procedimiento en materia de consulta popular y revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo Estatal.

Conforme a lo expuesto por la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, el dictamen se integra de dos iniciativas con el mismo tema, una presentada por los diputados Héctor Apreza Patrón y Manuel Quiñónez Cortés (con licencia), y la otra por la diputada Jessica Ivette Alejo Rayo (con licencia).

Abunda el documento que una vez realizado el análisis pertinente, la comisión dictaminadora determinó en sentido favorable debido a que no son violatorias de derechos humanos ni se encuentran en contraposición con ningún ordenamiento legal, especificando que dentro de las modificaciones realizadas a las propuestas se concluye que la revocación de mandato solo aplicará a quien ocupe la titularidad del Poder Ejecutivo estatal. Lo anterior, con el razonamiento de que el tiempo es mayor y su aplicabilidad sería a los tres años de mandato.

Destaca entre las modificaciones a la Constitución que la revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo se llevará a cabo conforme a lo siguiente: será tramitada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero a petición de las ciudadanas y ciudadanos por un número equivalente, al menos, al 10 por ciento de la lista nominal de electores, en la mitad más uno de los municipios, y deberá plantearse durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional, para que el instituto, dentro de los siguientes 50 días a que se reciba la solicitud, verifique los requisitos establecidos y emita inmediatamente la convocatoria al proceso para la revocación de mandato.

Se precisa también que este proceso podrá llevarse a cabo en una sola ocasión durante el periodo constitucional, mediante votación libre, directa y secreta, y será vinculante cuando la participación corresponda como mínimo al 40 por ciento de dicha lista y la votación sea por mayoría absoluta, además de que su jornada no podrá coincidir con procesos electorales o de participación ciudadana local o federal.

Para regular y garantizar el ejercicio del derecho político de las ciudadanas y los ciudadanos a solicitar, participar, ser consultados y votar respecto a la revocación del mandato de la persona que resultó electa popularmente como gobernador del estado, el Congreso emitirá una Ley Reglamentaria, y en caso de haberse revocado el mandato, el Congreso, dentro de los 30 días siguientes, y por el voto de las dos terceras partes del número total de sus miembros, nombrará a un gobernador sustituto, quien concluirá el período constitucional.