La presidente Claudia Sheinbaum afirmó que, hasta el momento, no existe ningún indicio que vincule a Alex Tonatiuh Márquez Hernández, quien se desempeñaba como director general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en la red de huachicol fiscal, y subrayó que incluso colaboró en investigaciones para combatir el contrabando de combustibles.

Durante su conferencia, la Mandataria fue cuestionada sobre el cese del funcionario y sobre si había sostenido comunicación con el titular de Aduanas, Rafael Marín, o con instancias como la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno o la Fiscalía General de la República para conocer las razones de su salida.

Al respecto, Sheinbaum explicó que la decisión de relevarlo del cargo fue tomada directamente por el director de Aduanas y que el propio Márquez Hernández estuvo de acuerdo.

“Si hay cualquier investigación, pues tiene que informarlo en su momento la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Si hay alguna queja o alguna noticia, siempre se hacen investigaciones”, señaló la Presidenta, al precisar que, en caso de existir algún procedimiento administrativo o indagatoria, será esa dependencia la encargada de darlo a conocer.

Sheinbaum fue enfática al descartar, por ahora, cualquier vínculo del exfuncionario con actividades ilícitas relacionadas con el huachicol fiscal.

«No hay nada hasta este momento que pueda indicarnos que así fue”, afirmó, al ser cuestionada directamente sobre una posible participación de Márquez Hernández en la red de contrabando de combustible.

La Presidenta también destacó que, durante su gestión en la ANAM, el entonces director de Investigación Aduanera aportó información relevante en indagatorias sensibles, como el caso de un buque localizado en el puerto de Tampico, del cual se derivaron investigaciones que involucraron a personal de la Secretaría de Marina y que aún continúan.

De acuerdo con Sheinbaum, Márquez Hernández alertó sobre la presencia de pipas en ese puerto, lo que permitió avanzar en las pesquisas.

«¿Fue un buen funcionario?», se le preguntó.

La Mandataria sostuvo que cualquier evaluación sobre el desempeño del exfuncionario debe basarse en investigaciones formales.

«Si hay algo contra él, pues tiene que ser con base en las investigaciones administrativas”, concluyó.

• Emilia Calleja apuntó que se trata de construcciones que se harán de nuevas unidades de generación, dentro de las instalaciones ya existentes

Emilia Calleja, directora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), presentó avances de los proyectos prioritarios de generación y transmisión, con lo que se busca asegurar la capacidad suficiente fortalecer la confiabilidad del sistema y evitar riesgos futuros en el suministro eléctrico del país estos.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum de este miércoles 17 de diciembre en Palacio Nacional, Calleja anunció que la CFE ya inició el desarrollo de la primera central de ciclo combinado Francisco Pérez Ríos Tula II, en Hidalgo.

“Este proyecto forma parte del proceso de reconversión energética y de descarbonización que impulsamos desde el gobierno federal”, dijo. Sobre las tres centrales de Salamanca, Altamira y Mazatlán, comentó que se encuentran en proceso de desarrollo de ingeniería básica y la detalle para iniciar obras ya a la brevedad.

Presentó cinco proyectos de generación que adicionarán cerca de tres mil megawatts de capacidad y tendrán una inversión de 4 mil 328 millones de dólares: “Nos van a dar un mayor respaldo al sistema eléctrico nacional, derivado de su ubicación geográfica, que es estratégica en distintas regiones del país”.

Apuntó la directora de CFE que un elemento clave para iniciar con estas centrales, es que en la mayoría de los casos se trata de construcciones que se harán de nuevas unidades de generación, dentro de las instalaciones ya existentes,

Sobre la central de combustión interna en Los Cabos, señaló que están en proceso de reevaluación.

Destacó, además, avances de la central fotovoltaica de Puerto Peñasco en Sonora, cuya fase tres inicia construcción la próxima semana, así como nuevos proyectos fotovoltaicos para avanzar en la entrega de energías limpias.

Resaltó proyectos de transmisión enfocados al esfuerzo de la red existente para dar respaldo al crecimiento de la demanda.

Comentó que hay 66 proyectos de transmisión que se van a ejecutar en lo que queda de 2025 y para 2026. Para el próximo año se han considerado 44 proyectos en su totalidad

Hizo un llamado a que la industria mexicana se sume y participe en estos proyectos, “donde buscamos incrementar el porcentaje del contenido nacional, reglas claras en el marco de la ley y garantizando la estabilidad del sistema eléctrico”.

“Todo esto, impulsando el crecimiento económico y, por lo tanto, social de México. Esto nos permite que el sistema avance de manera ordenada sin poner en riesgo la operación ni comprometer la estabilidad del sistema eléctrico nacional.

“Son decisiones técnicas y administrativas, así como un fuerte compromiso que busca garantizar electricidad suficiente, confiable y continua para nuestras familias, la industria y los servicios públicos, respetando los tiempos que marca la ley y las condiciones reales del territorio”, dijo.

“En la Comisión Federal de Electricidad tenemos el casco bien puesto y seguirá trabajando con orden y transparencia para que cada proyecto se ejecute de manera correcta y cumpla su propósito: impulsar aún más el desarrollo del país”, agregó.

Desde el triunfo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y la instauración de la llamada Cuarta Transformación en el país, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sufrido reformas a 69.6% de su articulado, es decir, más de dos terceras partes de la totalidad de la Carta Magna.

Dichas modificaciones se hicieron realidad a través de 63 reformas constitucionales a un total de 106 artículos y dos transitorios de la Constitución, las cuales han sido aprobadas por mayoría de votos de los grupos parlamentarios de Morena y sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) durante la 64, 65 y 66 Legislatura.

Cerca de 50% de las reformas constitucionales aprobadas fueron presentadas por el Ejecutivo federal, como la que avaló el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en materia de telecomunicaciones y la que dio al Estado el monopolio del litio en México, entre otras.

El 50% restante fue a propuesta de las y los grupos parlamentarios de Morena en la Cámara de Diputados y Senadores, a cargo de Ricardo Monreal y Adán Augusto López, entre las que destaca la reforma judicial y en materia de supremacía constitucional para impedir que la Suprema Corte de Justicia (SCJN) y otros tribunales anulen reformas o adiciones a la Carta Magna.

Fue el 5 febrero de 2022, durante la ceremonia por el 105 aniversario de la Promulgación de la Constitución Mexicana, en el Teatro de la República en Querétaro, cuando Andrés Manuel López Obrador reveló que pensó en escribir una nueva Constitución, con el argumento de que no se había legislado a favor del pueblo de México, sino a favor de las minorías.

“Después de nuestro triunfo, pensamos en proponer una nueva Constitución, lo pensamos, porque todas la reformas que se hicieron en 36 años fueron para ajustar el marco legal en beneficio de las minorías, no para defender al pueblo ni hacer valer nuestra soberanía”, aseveró.

Sin embargo, detalló que hacerlo hubiera sido un gran reto, por lo que se optó por realizar reformas profundas: “Lo que nos hubiese costado llevar a cabo un cambio así, el tener una nueva Constitución. Nos hubiese desgastado, nos hubiese confrontado, no hubiésemos avanzado. Entonces optamos por reformar, buscando los equilibrios, también la conciliación y se avanzó en reformas muy importantes”.

De acuerdo con información oficial del Congreso mexicano, del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2024, durante la administración del expresidente López Obrador se llevaron a cabo 41 reformas a 96 artículos constitucionales.

Destacan la reforma al artículo 4 en materia de bienestar, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de mayo de 2020, que logró la consolidación de pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, becas para estudiantes y derecho a la vivienda; la reforma al artículo 127, por la que se estableció que ningún servidor público puede ganar más que el Presidente de México, así como la eliminación de privilegios para funcionarios como parte de una estrategia de austeridad republicana.

De igual forma, durante el gobierno de López Obrador la mayoría legislativa de Morena y sus aliados aprobó una reforma al artículo 28 de la Constitución para prohibir la condonación de impuestos a particulares; las modificaciones a los artículos 13, 16, 21, 31, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 para hacer constitucional la integración de la Guardia Nacional (creada en marzo de 2019) a la Sedena.

También se avalaron reformas para reconocer en la Carta Magna los derechos de la personas indígenas y afromexicanas; reconocer el derecho humano al agua; ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, entre ellos el feminicidio, huachicoleo, y corrupción; la obligación del Estado de garantizar el acceso a internet; sentar que la Rectoría de la Comisión Federal de Electricidad queda a cargo del Estado y el establecimiento de penas de cárcel a quien incurra en maltrato animal, entre otras.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha dado continuidad a la idea de reestructurar la Carta Magna, y en lo que va de su administración, desde el 1 de octubre de 2024 a la fecha, se han avalado 22 reformas constitucionales a un total de 53 artículos.

Aunque en su conjunto los artículos reformados en ambos gobiernos suman 149, en 41 casos se modificaron los mismos, por lo que el número exacto de modificaciones se centraron en 106 artículos y dos transitorios de la Constitución.

Las reformas constitucionales más destacadas del gobierno de Sheinbaum Pardo incluyen la reforma al Poder Judicial para establecer la elección de ministros, magistrados y jueces por voto popular; la prohibición de siembra de maíz transgénico y blindaje de maíces nativos, con el lema “sin maíz no hay país”; la modificación al artículo 28 para recuperar la capacidad de operar trenes de pasajeros, a cargo del Estado mexicano, así como la garantía constitucional de igualdad sustantiva y derecho a una vida libre de violencia, buscando eliminar la brecha salarial.

Asimismo, la Ley Silla para asegurar el derecho de trabajadores a usar asientos durante su jornada laboral; así como la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de octubre de 2025, que estableció la reducción del quórum necesario de ocho a seis votos para ciertas decisiones del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Los 96 artículos reformados en la administración de López Obrador son el 2, 3, 4, 10, 16, 19, 21 22, 31, 35, 36, 41, 52, 53, 56, 73, 76, 78, 81, 84, 89, 94, 99, 115, 116, 122, en 2019; artículos 4o, 115 y 122 en 2020; artículos 30, 43 73, 74, 94, 97, 99, 100, 105, 107, 108 y 111 en 2021; reforma al artículo Quinto Transitorio del Decreto en 2022; artículos 38, 55, 91, 102 y 116 en 2023; y artículos 2, 13, 16, 17, 20, 21, 32, 55, 65, 73, 76, 78, 82, 89, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 107, 110, 111, 113, 116, 122, 123, 129 y Decreto de Interpretación de Artículo Tercero Transitorio, en 2024.

Mientas que los artículos constitucionales que han sido reformados durante el gobierno de Sheinbaum Pardo son el 3, 4, 6, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 41, 73, 76, 78, 89, 105, 107, 113, 116, 122, 123 y 134 en 2024.

Mientras que en lo que va del año destacan las reformas constitucionales a los artículos 4, 5, 19, 25, 27, 40, 55, 59, 73, 76, 78, 82, 115, 116, 122 y 123.