Un intenso debate público se desató en redes sociales y medios de comunicación tras la difusión de un video en el que Adriana Marín, responsable de comunicación digital del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, realizó declaraciones sobre el impacto laboral del crimen organizado en el país.

El video, que se volvió viral en plataformas digitales, corresponde a una entrevista en un programa de análisis político, donde Marín respondió a la afirmación de un periodista que sostenía que “se debe combatir al crimen organizado”. En su intervención, la funcionaria señaló que estas organizaciones reclutan entre 160 mil y 185 mil personas al año, lo que, según dijo, las convierte de facto en uno de los principales generadores de empleo informal en México.

Las palabras de Marín fueron interpretadas por amplios sectores de la opinión pública como una justificación o normalización del crimen organizado, lo que provocó una ola de críticas. Usuarios en redes sociales, analistas y comentaristas políticos calificaron el mensaje como preocupante, al considerar que podría transmitir la idea de que la falta de empleo formal legitima la existencia de actividades criminales.

Ante la controversia, la bancada de Morena en el Congreso de la CDMX se deslindó de las declaraciones, aclarando que se trató de una opinión expresada a título personal y que no representa la postura oficial del grupo parlamentario. Posteriormente, la propia Adriana Marín matizó sus palabras, señalando que su intención no era defender al crimen organizado, sino exponer una realidad social compleja, en la que miles de personas son reclutadas por falta de oportunidades económicas.

Especialistas han señalado que, si bien existen estudios académicos que estiman altos niveles de reclutamiento por parte de grupos criminales, el uso político de estas cifras requiere cuidado, ya que puede generar interpretaciones erróneas o mensajes ambiguos en un contexto de violencia e inseguridad.

El episodio reavivó el debate sobre el papel del Estado en la generación de empleo, la prevención del delito y la responsabilidad del discurso público de los actores políticos, especialmente en un país marcado por la presencia del crimen organizado.

Durante la conferencia “Mañanera del Pueblo”, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ofreció un balance integral de los logros operativos acumulados desde el inicio de la administración y durante el mes de diciembre de 2024. El informe, presentado desde el estado de Morelos, combinó cifras generales de impacto con detalles sobre operativos específicos de alto perfil.

El titular de la SSPC destacó que los resultados reflejan una estrategia dual: por un lado, el desmantelamiento de la infraestructura criminal y, por otro, la captura de objetivos prioritarios que debilitan las estructuras del crimen organizado.

García Harfuch detalló cifras contundentes sobre el trabajo realizado contra los activos del crimen organizado. Desde el inicio del gobierno, se han asegurado 21,357 armas de fuego y se han decomisado 318.8 toneladas de drogas. Esta cantidad incluye un total de 4 millones 348 mil 860 pastillas de fentanilo, sustancia considerada de alto impacto por su letalidad.

En el ámbito de la producción ilegal de estupefacientes, se informó del desmantelamiento de 1,887 laboratorios clandestinos. En cuanto a las detenciones, se ha procedido contra 40,735 personas por delitos catalogados como de alto impacto. Sobre la lucha contra la extorsión, el secretario indicó que, tras la implementación de la estrategia nacional, las fiscalías estatales han abierto 4,350 carpetas de investigación, logrando que el 76.5% de los intentos de extorsión no se consumara.

Más allá de las estadísticas, Harfuch destacó operativos concretos. Uno de los más relevantes fue la captura, el 31 de diciembre de 2024, de Pedro Inzunza Noriega, alias “El Señor de la Silla”, en Culiacán, Sinaloa. El secretario explicó que este individuo formaba parte de una célula criminal dedicada al tráfico de drogas hacia Estados Unidos, lo que lo convertía en un objetivo de interés para las autoridades de ese país. La detención fue catalogada como un golpe significativo a una estructura de alcance transnacional.

Asimismo, el funcionario federal presentó avances en la investigación del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. En diciembre se logró la aprehensión de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, señalado como presunto autor intelectual del crimen y como miembro del grupo delictivo responsable. Una segunda detención, la de Ricardo “N”, un taxista que presuntamente transportó a los agresores después del hecho, complementa los hallazgos recientes en este caso.

Rosa Icela Rodríguez informa sobre intervención en 61 municipios y canje de 9 mil armas

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó un informe sobre los avances del eje de atención a las causas de la inseguridad, enfocado en programas sociales y comunitarios. Los resultados, correspondientes al último trimestre de 2024, muestran una estrategia que complementa las operaciones policiales con intervenciones territoriales y apoyo a la población.

Rodríguez enfatizó que el objetivo es atender los factores sociales que propician la violencia, a través de la presencia directa del gobierno federal en comunidades prioritarias y de mecanismos que promuevan la participación ciudadana y la construcción de paz.

La secretaria detalló que, desde noviembre de 2024, se ha intervenido en 61 municipios catalogados como prioritarios, ubicados en 12 entidades federativas. Estas acciones, coordinadas con autoridades estatales y municipales, incluyen visitas a hogares, ferias de paz, la conformación de comités de paz y la recuperación de espacios públicos.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, presentó el informe oficial sobre los resultados de la estrategia de seguridad durante el año 2025. Basándose en datos de las 32 fiscalías estatales, el reporte muestra una tendencia a la baja sostenida en los principales indicadores delictivos a lo largo de los últimos 15 meses.

El análisis, presentado durante la conferencia en Morelos, compara el desempeño desde septiembre de 2024, inicio de la administración, hasta diciembre de 2025, ofreciendo un panorama completo de la evolución de la violencia en el país.

Caída histórica en homicidios dolosos:
La cifra más destacada del informe es una reducción del 40% en el promedio diario de homicidios dolosos a nivel nacional. Al comparar septiembre de 2024 con diciembre de 2025, el promedio pasó de 86.9 a 52.4 homicidios por día, lo que equivale a 34 homicidios menos cada 24 horas.

Figueroa Franco señaló que diciembre de 2025 fue el mes con la cifra más baja de homicidios en diez años (desde diciembre de 2015) y que se alcanzó la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes más baja desde 2006.

Reducción generalizada en delitos de alto impacto

El análisis por tipo de delito, al comparar 2024 con 2025, mostró disminuciones en la mayoría de las categorías:

• Feminicidio: -15.2%
• Secuestro: -11.3%
• Robo de vehículo con violencia: -19.5%
• Robo a transeúnte con violencia: -15.9%
• Robo transportista con violencia: -23.3%
• Extorsión: +2.3% (único delito con incremento).

En una perspectiva a ocho años (2018-2025), se registra una caída del 47% en el promedio diario de delitos de alto impacto.

Concentración geográfica y estados con mejoría:
A pesar de la mejora nacional, el delito se mantiene concentrado. Siete entidades acumularon el 50.5% de los homicidios dolosos en 2025: Guanajuato (10.9%), Chihuahua (7.7%), Baja California (7.3%), Sinaloa (7.1%), Estado de México (6.5%), Guerrero (5.6%) y Michoacán (5.4%). En contraste, 26 estados redujeron sus homicidios entre 2024 y 2025, destacando Zacatecas (-71.1%), Chiapas (-58%) y Quintana Roo (-56.8%).

El titular de la Secretaría de Marina (Semar), almirante Raymundo Pedro Morales, se refirió al descarrilamiento del Tren Interoceánico, informando que se mantiene una estricta cadena de custodia en el sitio del accidente, a cargo de personal de la Marina y de la Fiscalía General de la República (FGR).

El almirante Morales expresó: “Espero que la Fiscalía en breve dé un dictamen de lo que sucedió. Estamos colaborando con transparencia (…) para determinar las causas y deslindar responsabilidades”. Sus declaraciones subrayan el papel de la Semar en el resguardo de la escena y su disposición a colaborar con la investigación penal correspondiente.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que ha solicitado a la FGR “celeridad” tanto en la investigación de las causas del accidente como en la “reparación integral de los daños” causados.

La mandataria también abordó la denuncia interpuesta por personas afectadas por el descarrilamiento, reconociendo que “todas las personas tienen y pueden ejercer su derecho a denunciar”. Este comentario valida la acción legal emprendida por los ciudadanos, al tiempo que el gobierno federal espera los resultados de la investigación para establecer responsabilidades.

La presidente Claudia Sheinbaum se refirió al caso de la diputada federal morenista, Alejandra Ang, quien fue detenida por autoridades estadounidenses por intentar cruzar la frontera con 10 mil dólares sin declarar.

Sobre el asunto, la mandataria afirmó que la legisladora “tiene que dar explicaciones” y que “se tendrá que realizar la investigación” correspondiente. Sheinbaum dejó claro que el caso debe seguir el curso legal establecido, sin interferencias.

Aprovechando la coyuntura, la presidenta envió un mensaje general a los funcionarios públicos: “El poder es humildad, uno tiene que comportarse siempre sirviendo al pueblo y manteniendo una vida honesta y en la justa medianía”.

Subrayó el principio de legalidad al añadir que “sí hay un delito, tiene que ser investigado por las fiscalías”. Sheinbaum concluyó diciendo que estará al pendiente para determinar si este caso corresponde ser investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) o por una fiscalía local, dependiendo de la competencia legal.