Fotos Raúl Sendic García Estrada
Accidente en el Bulevard de las Naciones en Acapulco. El conductor de un vehículo placas HDW-477-H embistió a un motociclista e intento darse a la fuga siendo detenido por agentes policíacos, la víctima presenta golpes, fracturas y heridas, fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja, el responsable del accidente fue llevado ante las autoridades competentes.
Por Alberto López Rosas
Estaba anunciada una movilización de diversos sectores sociales convocada por algunos estudiantes de La Normal de Ayotzinapa.
A las 10 am. Estaría en Casa Guerrero, con la viuda del Dip. 500 y de su chofer, a quien el Gobernador, recibiría en audiencia.
En mi caso, no fui requerido para participar con la policía ministerial, a mi cargo en la movilización anunciada para las 11 hs. De ese trágico día.
En mi formación tengo absoluto respeto a la. Vida, a la libertad y al honor, misión indeclinable del Estado.
Ya con la situación fuera de control, con la gasolinera en riesgo del incendio, entre balazos, caos y violencia, fui informado del deceso de dos jóvenes y un técnico de la gasolinera, con graves quemaduras.
El vocero de la entonces Policía Federal, a cargo de Genaro García Luna, se apresuró a deslindar a esa corporación, afirmando que ese cuerpo de seguridad, no había participado en los hechos, que llegó a poner el orden y a tomar el control.
Nada más falso, las fotos y videos los desmentían.
Su estrategia fue hacer responsable a la Procuraduría a mi cargo y sus principales, funcionarios. vivimos entonces una persecución, detuvieron a algunos, giraron órdenes de aprehensión contra otros y desmantelaron a la institución.
Genaro García Luna, imponía su dominio con el apoyo de Felipe Calderón. Lo que queria era meternos presos el tiempo, se lo revirtió.
Dentro de la amenazante y riesgosa situación, mantuvimos firmeza, no cedimos ante la presión federal, sometido a 12 hs. de interrogatorio en la PGR, en Mexico, a dos procesos judiciales y a amenazas, así como varios compañeros y compañeras, mientras los elementos federales, gozaban de impunidad.
Se declaró que no tuvimos responsabilidad alguna, fuimos juzgados y totalmente absueltos.
Presentamos elementos de los que sí habían sido y solo tuvieron el privilegio de la protección.
El episodio fue trágico, fatal, tres vidas perdidas, impunidad, dolor, llanto e indignación.
Con valor, nos defendimos y defendimos una institución encargada de procurar justicia ante el atropello de la Federación.
Fui procesado porque pusimos en libertad a los jóvenes detenidos bajo los inexistentes delitos de Encubrimiento y Contra La Administración de Justicia, me libraron orden de aprensión, no hubo necesidad de aprehenderme, me presenté voluntaria y personalmente a afrontar esos absurdos cargos.
Sin padrino político, ni influencia, más que la razón, desvanecimos la acusación inventada.
Vencimos la infamia orquestada desde el Poder.
Mi respeto a la memoria de esas víctimas de la violencia oficial.
A 14 años de los hechos, casi nada ha cambiado.
La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a María Amparo Casar Pérez, presidenta de la organización civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), por el presunto delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, derivado del cobro de una pensión vitalicia otorgada por Petróleos Mexicanos (Pemex) tras la muerte de su esposo, exfuncionario de la empresa productiva del Estado.
De acuerdo con la acusación, Casar deberá comparecer en audiencia inicial ante un juez federal en el Centro de Justicia Penal del Reclusorio Oriente, donde el Ministerio Público buscará formular la imputación formal y exponer los elementos que sustentan la causa penal.
La investigación se centra en la legalidad de la pensión que Casar ha recibido desde 2005, luego del fallecimiento de su esposo en 2004. Pemex sostiene que el deceso no habría ocurrido como accidente laboral, condición necesaria —según la normativa interna— para el otorgamiento de una pensión vitalicia, lo que, a juicio de la empresa y de la FGR, podría configurar una obtención indebida del beneficio.
El caso se originó a partir de una denuncia presentada por Pemex, que derivó en la apertura de una carpeta de investigación federal. La FGR considera que en el proceso de autorización y mantenimiento de la pensión pudieron haberse utilizado atribuciones de manera irregular, lo que encuadra en el tipo penal previsto en el Código Penal Federal.
En contraste, Casar ha rechazado las acusaciones y ha sostenido públicamente que la pensión fue otorgada conforme a la normatividad vigente en su momento. Además, ha promovido recursos legales para evitar la suspensión de los pagos mientras se resuelve el fondo del asunto.
La judicialización del caso ha generado reacciones encontradas. Diversas organizaciones civiles y analistas han expresado preocupación por un posible uso político de la justicia, dada la trayectoria de Casar como académica y activista crítica de la corrupción gubernamental. Otros sectores, en cambio, subrayan la necesidad de revisar y, en su caso, sancionar irregularidades en el otorgamiento de prestaciones financiadas con recursos públicos.
La audiencia en el Reclusorio Oriente será clave para definir si el caso avanza a una etapa de vinculación a proceso o si la defensa logra frenar la imputación. El desenlace tendrá implicaciones tanto jurídicas como políticas, en un contexto de alta polarización en torno a la actuación de las instituciones de justicia.
La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, indicó que dicha entrega responde al compromiso con la inclusión de voces, la escucha activa y la construcción de insumos técnicos y operativos que contribuyan al debate sobre el sistema electoral mexicano.
La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, en conjunto con organizaciones civiles, asociaciones especializadas y actores del ámbito electoral entregarán una propuesta al titular de la Comisión de Presidencial de la Reforma Electoral, Pablo Gómez para su revisión.
En un comunicado, el Instituto indicó que dicha entrega del documento será el próximo lunes 15 de diciembre y formará parte de un ejercicio de interlocución institucional que ha impulsado desde la conformación de la Comisión Presidencial, para canalizar de “manera ordenada, plural y técnica” las aportaciones que distintos sectores de la sociedad han hecho llegar al Instituto en torno a una eventual Reforma Electoral.
“El INE no presenta una iniciativa propia de reforma, ni sustituye las atribuciones del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. En su carácter de organismo constitucional autónomo, el Instituto ha fungido como puente y facilitador para que las propuestas de organizaciones, asociaciones y colectivos puedan ser conocidas por las instancias responsables del proceso de reforma, respetando en todo momento el marco legal vigente”, señaló.
En ese sentido, Taddei Zavala reiteró que este acompañamiento responde a un compromiso institucional con la inclusión de voces diversas, la escucha activa y la construcción de insumos técnicos y operativos que contribuyan a un debate informado sobre el futuro del sistema electoral mexicano.
“Las propuestas que serán entregadas a la Comisión Presidencial recogen experiencias locales, perspectivas especializadas y diagnósticos derivados de la operación cotidiana de los procesos electorales, y buscan fortalecer la democracia, el federalismo electoral y los derechos político-electorales de la ciudadanía”, añadió.
INE aseguró que realiza dicha acción de manera institucional y responsable, sin invadir competencias y de contribuir a que el proceso de análisis y discusión de la Reforma Electoral se desarrolle con información técnica, pluralidad y transparencia, en beneficio del país.
Ponentes acusaron al titular de la Comisión de Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, de que dicho ejercicio es usado para “simular y disfrazar de consenso nacional una iniciativa propuesta por unos cuantos y que no se debata en donde se debe”.
Durante uno de los foros, la activista María José Gómez Mont, de Somos México, dijo que su preocupación creció cuando Gómez defendió la reforma ante las críticas recibidas.
“Mencionó que el método que utilizó la comisión para elaborar el anteproyecto no es el mismo que se ha usado siempre, que antes, muy pocas personas se tenían que poner de acuerdo para llegar a un consenso y que ahora estamos en un debate público a la vista de todo el mundo y es la manera de llegar a un verdadero consenso nacional”, expresó.
Dijo que no son la primera comisión en realizar dichos foros, pues dicha práctica se inició en 1996 “con apertura real a la ciudadanía”.
“Hacer foros no es innovación, no asegura un consenso nacional, pero sobre todo no los exime de tener que dialogar con la oposición. Yo creo que el debate construye nuestra democracia. Creo en el diálogo verdadero y en el diálogo que nos escuchamos para entender, no para refutar”, declaró Gómez Mont.
Reprochó que sus compañeros y su padre que se había registrado para ser asistentes y que había recibido correo de confirmación no les fue permitida la entrada.
El diputado local Carlos Bautista Tafolla, del Movimiento del Sombrero, presentó en el Congreso de Michoacán la Ley Manzo para honrar la memoria del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado el 1 de noviembre.
La Ley Manzo busca fortalecer la seguridad y la procuración de justicia y consta de 10 iniciativas.
La primera busca que los presidentes municipales amenazados cuenten con seguridad federal, especialmente en zonas de alto riesgo y que los afectados demuestren que están siendo intimidados por el crimen organizado.
También propone trámites accesibles para ejercer la legítima defensa. La propuesta incluye que la Secretaría de la Defensa Nacional “simplifique y flexibilice los trámites para tener un arma en casa”.
Además de que se sancionen los delitos graves como homicidio, feminicidio, secuestro, violación y delincuencia organizada de manera proporcional al daño causado, sin importar la edad.
“Esta reforma establece que los padres o tutores respondan con la reparación del daño para que ninguna víctima quede desprotegida”, dijo Bautista Tafolla.
Entre las propuestas también incluye tipificar el homicidio contra presidentas y presidentes municipales con penas de 35 a 65 años de prisión en Michoacán; fomentar las candidaturas independientes, otorgando más tiempo para reunir financiamiento y el respaldo ciudadano.
También que la fiscalía del estado brinde informes públicos mensuales sobre los avances en los homicidios de presidentes municipales, para evitar que se archiven las carpetas de investigación.
Otra propuesta es la de aumentar las penas por falsificar o usar apariencia oficial. De 15 a 25 años de prisión a quien fabrique, distribuye o venda insignias o uniformes falsos de elementos de seguridad pública. De 25 a 40 años para quien los use o utilice vehículos balizados para cometer delitos, señaló.
Asimismo, propone un castigo de 10 a 20 de prisión para los familiares que encubran a delincuentes. “Esconder a un culpable es participar en el crimen”, sostuvo.
Nayeli Rivera García, titular del Escuadrón Red Púrpura, un agrupamiento encargado de vigilar centros recreativos y combatir la violencia de género en Culiacán, Sinaloa, fue asesinada a balazos, según confirmó la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
La oficial, de 42 años de edad, regresaba a su casa sobre la carretera Culiacán–Navolato cuando fue interceptada por sujetos armados a la altura del ejido Los Alamitos, quienes le dispararon en varias ocasiones, desatando una persecución que se prolongó por la zona.
A pesar de sus intentos por escapar, la comandante murió en el interior de su camioneta particular antes de que pudiera recibir apoyo de los servicios de emergencia. Personal de distintas corporaciones policiales acudieron minutos después para asegurar el área e iniciar la búsqueda de los responsables del ataque.
Nayeli Rivera García pasó 14 años de servicio en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán , donde alcanzó el grado de Policía Primero. Era licenciada en Criminalística, con maestría en Seguridad Pública, además se encontraba estudiando la licenciatura en Derecho.
En los últimos años obtuvo reconocimientos por parte de la corporación y de sus compañeros, quienes celebraron su designación como titular del Escuadrón Red Púrpura . En ese escuadrón era la encargada, junto a un grupo de jóvenes policías, de combatir la violencia de género, principalmente en centros nocturnos y corredores turísticos.
México y Estados Unidos llegaron a un acuerdo sobre la entrega de agua de la cuenca del Río Bravo después de que Donald Trump amenazó con imponer un impuesto de cinco por ciento por acusar un incumplimiento del tratado de aguas.
En un comunicado conjunto, los países informaron que México tiene la intención de liberar 249.163 millones de metros cúbicos de agua para Estados Unidos a partir de la semana del 15 de diciembre.
“México y Estados Unidos han alcanzado un entendimiento sobre la gestión del agua para el ciclo actual y el déficit de agua del ciclo anterior bajo el Tratado de Aguas de 1944”, informó.
Según el documento, los países revisaron acciones para cumplir con las obligaciones del Tratado, incluida la retribución oportuna del déficit excepcional del ciclo de agua anterior.
Y mantienen negociaciones para realizar un plan de trabajo con miras a consolidarlo el 31 de enero de 2026.
“Ambos gobiernos coinciden en la importancia de continuar trabajando de manera cooperativa en el marco del Tratado de Aguas de 1944 y de la CILA/IBWC. En caso de incumplimiento, cada país puede actuar de manera soberana, de acuerdo con sus intereses nacionales, sujeto a sus obligaciones internacionales en el Tratado”, advierte.
Al margen del comunicado conjunto, la cancillería aseguró que México no ha incurrido en violación alguna a las disposiciones del tratado de aguas.
“En un periodo marcado por una sequía extraordinaria y sin precedentes que ha afectado a usuarios de ambos países, México ha realizado entregas adicionales, siempre dentro del marco del Tratado, la disponibilidad hidrológica y de los limites operativos y de infraestructura de la región, sin afectar el agua para consumo humano y producción agrícola en la frontera”, afirmó.
Remarcó además que las acciones emprendidas durante el último año muestran que México cumple conforme a la disponibilidad real del recurso, sin afectar el derecho humano al agua y la producción de alimentos, y “continuará haciéndolo dentro del marco del Tratado y la cooperación binacional”
“El gobierno de México reitera su disposición a colaborar de manera constructiva con la administración de los Estados Unidos sin afectar los intereses de su pueblo y la nación, para asegurar una implementación mutuamente beneficiosa conforme a las estipulaciones del Tratado, reconociendo que se trata de un desafío compartido”.
En un operativo ejecutado tras semanas de labores de inteligencia, autoridades de seguridad desarticularon un centro de operaciones ilícitas en la comunidad de Teocalco, municipio de Tula de Allende, utilizado para el almacenamiento de hidrocarburo robado y la venta de estupefacientes.
La intervención de los cuerpos de seguridad confirmó que el inmueble operaba como un punto clave para el huachicoleo en la región. Durante el cateo, se aseguraron 6 mil 570 litros de combustible, los cuales estaban distribuidos en 24 contenedores y bidones de diversas capacidades.
Además del hidrocarburo, los elementos de seguridad incautaron herramientas logísticas para el trasiego ilegal, incluyendo mangueras de alta presión. El inventario oficial reportó también el aseguramiento de 7 autos presuntamente utilizados para la distribución del combustible:
Las unidades presentaban reporte de robo vigente o alteraciones en sus números de identificación vehicular.
El hallazgo reveló que la estructura criminal no se limitaba al robo de combustible. En el sitio, las corporaciones localizaron 70 dosis de sustancia granulada con las características propias de la droga sintética conocida como cristal.
Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas detenidas ligadas a este predio. La carpeta de investigación se mantiene abierta con el objetivo de localizar a los operadores de esta red logística.
El almacenamiento y posesión ilícita de combustibles es un delito federal grave. De acuerdo con la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, las sanciones se han endurecido para desincentivar esta práctica.
Según la normativa vigente, se impondrán penas de 20 a 30 años de prisión y multas económicas severas a quien:
Por Osvaldo Rendón Ríos
Juchitán., Gro. 12 de diciembre de 2025.- En respuesta a la solicitud del Comisario de la localidad de Agua Zarca, elementos de la policía preventiva Y el personal de Protección Civil municipal de Juchitán llevaron a cabo un eficaz operativo de resguardo durante el reciente jaripeo baile celebrado el pasado jueves, este evento, de gran tradición y significado para la comunidad, atrajo a numerosos asistentes que disfrutaron de las emocionantes competencias ecuestres y actividades culturales.
Sin embargo, en un giro desafortunado, se reportaron tres lesionados entre la cuadrilla de jinetes, quienes sufrieron accidentes durante la exhibición, afortunadamente, el equipo de emergencias de Protección Civil actuó de manera rápida y profesional, brindando atención médica inmediata a los afectados, asegurando su traslado al centro de salud más cercano para recibir cuidados adicionales.
El despliegue de las autoridades fue fundamental no solo en la atención de incidentes, sino también para garantizar la seguridad del público presente, desde el inicio hasta la culminación del evento, se implementaron medidas de prevención y vigilancia, lo que permitió que las festividades concluyeran sin mayores inconvenientes.
Los habitantes de Agua Zarca expresaron su agradecimiento a las autoridades por el apoyo brindado, resaltando la importancia de contar con protocolos de seguridad en eventos de esta índole, la colaboración entre Protección Civil y la policía municipal demuestra el compromiso de las autoridades con el bienestar de la comunidad y la necesidad de asegurar que estas tradiciones continúen celebrándose en un ambiente seguro y controlado.
El jaripeo baile es una expresión cultural arraigada en la región, que no solo celebra las habilidades ecuestres, sino también la convivencia familiar y comunitaria, los organizadores del evento ya han previsto futuras acciones para mejorar la seguridad y evitar incidentes similares, reafirmando que la diversión y el cuidado van de la mano en cada celebración.
Así, Agua Zarca continúa siendo un ejemplo de resiliencia y unidad, donde la cultura y la seguridad se entrelazan en cada paso del baile.
*Del “partirle los dientes” a querer huir impunemente; caso Maduro
Roberto Santos
Apenas un día separó la amenaza del repliegue. Nicolás Maduro pasó, sin escalas, de asegurar que estaba listo para “romperle los dientes” a Donald Trump, a pedirle —en privado— que le permita abandonar el poder, huir del país con su familia y preservar intacta su fortuna. La épica revolucionaria se derrumba cuando la realidad toca la puerta.
La información revelada por Reuters es demoledora, y para decepción de las decenas de seguidores en otros países, incluido México, Maduro habría comunicado directamente al presidente estadounidense que está dispuesto a dejar la presidencia de Venezuela a cambio de una amnistía total, levantamiento de sanciones personales y el cierre de los procesos legales que enfrenta, incluso ante la Corte Penal Internacional.
“La revolución” que se transformó en populismo dictatorial, encarnado por un narco estado, en Venezuela se interrumpe ante el nuevo sueño de Maduro de encontrar un salvoconducto para él y su familia, dejado en el olvido a los pobres por los que tanto dijo trabajar.
Pero hay un detalle que vuelve esta salida casi imposible de vender, incluso para la realpolitik más cínica y es que sobre Nicolás Maduro pesa una recompensa millonaria por su captura, vivo o muerto, ofrecida por el propio gobierno de Estados Unidos.
Es una ficha judicial activa que lo coloca en la misma categoría que capos del crimen organizado internacional.
A ello se suma un elemento aún más explosivo. Según la administración de Donald Trump, Maduro no sólo es un dictador atrincherado, sino el líder del llamado “Cártel de los Soles”, una estructura señalada oficialmente como organización terrorista y narcocriminal.
Bajo esa clasificación, el mandatario venezolano deja de ser un actor político convencional y pasa a ocupar el lugar de un objetivo estratégico del combate internacional contra el terrorismo y el narcotráfico.
En ese contexto, la amenaza de “romperle los dientes” a Trump suena hoy a bravata desesperada, casi infantil.
Porque no se le habla así al mismo poder que ha puesto precio a tu cabeza, te acusa de dirigir una organización criminal transnacional y documenta, expediente tras expediente, los crímenes cometidos durante tu dictadura.
La contradicción es evidente: ¿Cómo conceder amnistía, perdón y salvoconducto a alguien señalado como terrorista, con recompensa activa y acusado de crímenes de lesa humanidad?
No se trata sólo de voluntad política, sino de límites legales e históricos. Un acuerdo de salida sin consecuencias no sólo chocaría con la justicia internacional, sino con las propias bases discursivas del trumpismo, que ha hecho del castigo ejemplar un eje de su política exterior.
Bielorrusia aparece en el horizonte como posible refugio, un destino coherente para quienes gobiernan a espaldas de los derechos humanos.
Pero ni siquiera el exilio garantiza impunidad. El estigma de terrorista no se borra cruzando fronteras, y las órdenes de captura no caducan con discursos de despedida.
Así, Maduro queda atrapado entre dos relatos irreconciliables: el del líder que prometía resistir hasta el final y el del hombre que hoy busca escapar sin rendir cuentas.
Entre la propaganda y la justicia hay una distancia que ya no puede disimularse con consignas y hoy lo evidente es que la dictadura va a caer.
La pregunta ya no es si Maduro quiere irse, sino si puede hacerlo sin pagar el costo de los crímenes cometidos durante la dictadura que encabezó. Y todo indica que, esta vez, romper dientes no alcanza para romper expedientes.
Por cierto, veremos cuántos de sus adoradores llenan los aeropuertos para ir a defenderlo del “imperialismo yanqui”.
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