Se cumplen 54 años de la matanza de copreros

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El 20 de agosto de 1967, en la esquina de la avenida Ejido y Calle 6, sucedió una de las matanzas que marcó la historia de Acapulco y del estado de Guerrero: se le conoce como Masacre de La Coprera donde durante una asamblea regional de la Unión de copreros se disparó contra cientos de los asistentes, dejando como saldo 35 personas muertas  y 150 heridos.

Durante la década de los sesenta, la producción de coco y sus derivados para abastecer el mercado mundial, empezó a cobrar auge en México. En el estado de Guerrero la extensa producción existente fue siendo acaparada para su comercialización por los caciques y empresarios locales que acaparaban la compra y la pagaban a precios muy bajos, los ejidatarios de coco habían venido inconformándose y denunciando las irregularidades existentes y el intento de control en la Unión Regional de Productores de Copra del Estado de Guerrero (URPCEG), señalando problemas con la junta directiva y el manejo presupuestal con uso indebido de recursos y la inconformidad por el establecimiento de un impuesto por parte del gobernador del estado Raymundo Abarca Alarcón -médico militar priista quien ejerció el cargo de 1963 a 1969-. El 23 de abril de 1967 se realizarían elecciones para renovar la dirección y el conflicto se recrudeció.

Durante más de dos años los campesinos se inconformaban por la falta de apoyos, el maestro rural Florencio Encarnación, originario de Tixtla, recién asignado al municipio de Coyuca de Benitez al ver la explotación a la que eran sujetos los campesinos, ayudo a su organización por la exigencia de elecciones democráticas y pago justo por la copra. La fuerza de la Unión siguió creciendo y los empresarios, políticos y acaparadores tuvieron temor dado que esta pagaba a 3.50 pesos el kilo de la pulpa del coco y los acaparadores lo pagaban a 50 centavos, estaban robando, De este modo, en abril de 1967, Raymundo Abarca Alarcón; el líder de la Confederación Nacional Campesina, Amador Hernández, y el presidente de la URPCEG, Rosendo Ríos Rodríguez, y su candidato Jesús Flores Guerrero -líder ajeno a las luchas de los campesinos recolectores de coco-, enfrentaban la lucha de los campesinos coperos por la democracia interna en la URPCEG y en contra de un impuesto implantado por la administración abarquista.

Previo a la elecciones se organizaron actividades políticas y sociales, sin embargo se dio como vencedor a Flores Guerrero, los disidentes inconformes presentaron denuncias por fraude en las elecciones: falsificación de credenciales, compra de votos, engaños a campesinos entre otros, además, recurrieron a la asesoría del entonces diputado César del Ángel, quien recorrió la zona coprera y visitó más de 100 ejidos convocando a celebrar un congreso de la URPCEG para destituir a Jesús Flores Guerrero, elegir una nueva dirección y suspender el impuesto de 13 centavos por kilogramo de copra, para regresar al anterior impuesto de tres centavos, y dieron como fecha el 20 de agosto en el edificio de la unión. La respuesta no se hizo esperar, con apoyo del gobernador se intentó disuadir a César del Ángel, la dirigencia electa se atrinchero en el edifico el mismo día del congreso, realizaron acopio de armas, y contratación de asesinos profesionales, la masacre estaba planeada.

Los líderes de la Unión Regional de Productores de Copra del Estado de Guerrero, apoyados por gatilleros de renombre y el gobernador Raymundo Abarca Alarcón, abrieron fuego y reprimieron a 800 productores de copra desarmados, cuando intentaban ingresar al edificio sede para la realización del congreso previamente planeado.

En su momento, el Consejo de Autodefensa del Pueblo de Guerrero señaló: “El 20 de agosto se escenificó la más descarada y sangrienta agresión a los campesinos productores de copra por parte de la policía judicial, grupos de bandoleros y guardias blancas al servicio del gobierno estatal y de los caciques acaparadores de copra” .

Dentro de los derechos humanos que se vulneraron durante este terrible acontecimiento encontramos los siguientes:

  • Derecho a la legalidad
  • Derecho a la seguridad jurídica
  • Derecho al trato digno y al honor
  • Derecho al acceso a la justicia

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