La exembajadora de México en Reino Unido, Josefa González-Blanco Ortiz-Mena, hizo públicos señalamientos sobre una supuesta trama de corrupción al interior de la representación diplomática en Londres, en la que —afirmó— habrían participado funcionarios del Servicio Exterior Mexicano. De acuerdo con su denuncia, las irregularidades no solo implicarían desvío de recursos públicos, sino también omisiones por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), entonces encabezada por Juan Ramón de la Fuente.
Según la exdiplomática, fue en febrero de 2026 cuando dejó constancia formal de estos hechos mediante el acta de entrega-recepción y un informe de incidencias, donde detalló anomalías de carácter financiero, administrativo y operativo. En dichos documentos, atribuyó un papel central a la exagregada administrativa Érika Pardo Rodríguez, a quien señaló como presunta articuladora de un esquema irregular con apoyo de otros funcionarios.
González-Blanco, quien ocupó el cargo desde marzo de 2021 hasta el 26 de enero de 2026, indicó que las primeras alertas fueron notificadas a la Cancillería desde diciembre de 2024. Posteriormente, solicitó la intervención del Órgano Interno de Control mediante correos electrónicos enviados el 15 y el 21 de enero de 2025, sin que —según su versión— se emprendieran acciones contundentes.
En su informe, la exembajadora describe la existencia de un supuesto mecanismo de simulación contractual para desviar fondos públicos a través de una empresa de limpieza identificada como “Easy Steps Cleaning Service LTD”. Este esquema, aseguró, habría sido operado en complicidad con los embajadores David Nájera, Aureny Aguirre y Aníbal Gómez Toledo, quienes presuntamente permitieron la consolidación de un “coto de poder” dentro de la sede diplomática.
El documento también refiere que el contrato con dicha empresa fue suscrito en enero de 2021 por quien entonces fungía como encargada de negocios, Aureny Aguirre. A partir de ahí, se habrían realizado pagos por un monto aproximado de 140 mil 950 libras esterlinas —equivalentes a cerca de cuatro millones de pesos— que, según la denuncia, terminaron en cuentas personales vinculadas a Érika Pardo Rodríguez y a su hija.
La exfuncionaria detalló además inconsistencias en los procesos bancarios: al ingresar como beneficiaria a la supuesta empresa, el sistema generaba alertas por discrepancias en el nombre; sin embargo, al sustituirlo por el de la exagregada administrativa, las operaciones eran validadas sin contratiempos, lo que —a su juicio— evidenciaría la manipulación deliberada de los datos para concretar las transferencias.
