El Gobierno de México ha rechazado de manera contundente el reciente informe del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED), que advierte sobre posibles “crímenes de lesa humanidad” en el país. A través de un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, la administración federal calificó el documento como “tendencioso, parcial y sesgado”, acusando además una supuesta falta de rigor jurídico y hasta un posible conflicto de interés dentro del organismo internacional. Esta postura, sin embargo, abre un debate más amplio sobre la relación entre el discurso oficial y la dimensión real de una crisis que, lejos de resolverse, continúa acumulando cifras alarmantes.
El señalamiento del Ejecutivo no es menor: sostiene que el informe omite avances institucionales implementados desde 2019 y reforzados en la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, además de ignorar información actualizada presentada días antes de la resolución. También argumenta que el análisis del Comité se centra en periodos anteriores —particularmente entre 2009 y 2017— y en un número limitado de entidades, lo que, según el gobierno, distorsiona la realidad actual. No obstante, esta línea de defensa parece apoyarse más en una delimitación temporal del problema que en una refutación de fondo sobre su continuidad estructural.
Por su parte, el Comité de la ONU sostiene que existen “indicios fundados” de que en México se cometen desapariciones forzadas bajo patrones que podrían encuadrarse en crímenes de lesa humanidad. Esta conclusión no implica necesariamente una política de Estado a nivel federal, pero sí apunta a dinámicas sistemáticas en distintas regiones, donde la participación —directa o indirecta— de funcionarios públicos ha sido documentada. El énfasis del organismo internacional es claro: no se requiere una orden centralizada para configurar este tipo de crímenes, basta con la existencia de ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil.
El contraste entre ambas narrativas revela un punto crítico: mientras el gobierno insiste en atribuir la mayoría de las desapariciones al crimen organizado, el Comité advierte que la línea entre actores estatales y no estatales es, en muchos casos, difusa. Esta ambigüedad es precisamente uno de los factores que agrava la crisis, al dificultar la investigación, la sanción y, sobre todo, la prevención de estos delitos.
Las cifras expuestas por el organismo internacional refuerzan la dimensión del problema: más de 4 mil 500 fosas clandestinas localizadas, miles de cuerpos recuperados y alrededor de 72 mil restos humanos sin identificar. Estos datos, más allá de su origen temporal, evidencian una capacidad institucional rebasada, particularmente en materia forense y de búsqueda. En este sentido, la afirmación gubernamental de que el informe “no corresponde a la realidad actual” resulta, cuando menos, cuestionable frente a la persistencia de estas condiciones estructurales.
La solicitud del Comité para que el secretario general de la ONU, António Guterres, remita la situación a la Asamblea General no implica sanciones directas, sino un llamado a activar mecanismos de cooperación internacional. Sin embargo, el rechazo del gobierno mexicano podría interpretarse como una resistencia a la supervisión externa, en un contexto donde la confianza en las instituciones nacionales sigue siendo limitada, especialmente entre las familias de personas desaparecidas.
En el fondo, el conflicto no es únicamente técnico o jurídico, sino profundamente político. La administración federal busca defender su narrativa de avances y transformación institucional, mientras que el organismo internacional pone el acento en la continuidad de patrones de violencia y en la insuficiencia de las respuestas estatales. La pregunta clave es si el debate se centrará en descalificar el diagnóstico o en atender la crisis.
Porque más allá de informes, comunicados y disputas diplomáticas, el dato irrebatible es que México sigue enfrentando una de las crisis de desapariciones más graves del mundo. Y en ese terreno, la discusión no debería ser quién tiene la razón, sino qué se está haciendo —y qué falta por hacer— para detenerla.
