Ciudad Juárez, Chihuahua, 28 de marzo de 2026.– A tres años del incendio registrado el 27 de marzo de 2023 en una estancia migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM), donde murieron 40 migrantes bajo custodia oficial, el caso continúa marcado por la impunidad, la falta de justicia plena y la ausencia de una reparación integral del daño para las víctimas y sus familias.
Organizaciones de la sociedad civil y familiares denunciaron que, pese a la gravedad de la tragedia, los procesos penales abiertos no han derivado en sentencias firmes contra los responsables. Señalaron que las investigaciones han sido parciales, enfocándose principalmente en personal operativo y de seguridad privada, sin que se haya determinado la responsabilidad de mandos superiores, algunos de los cuales continúan en funciones.
Durante una mesa de diálogo, colectivos como Fundación para la Justicia, el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), la Clínica Alaíde Foppa de la Universidad Iberoamericana y Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) advirtieron omisiones en la investigación, particularmente en lo relacionado con las condiciones de detención de los migrantes y la actuación de las autoridades durante el siniestro.
Asimismo, subrayaron que el Estado mexicano no ha garantizado medidas efectivas para evitar la repetición de hechos similares, lo que evidencia, dijeron, fallas estructurales en la política migratoria. A tres años de la tragedia, el caso sigue abierto y, para las víctimas, la deuda de justicia permanece sin saldarse.
