Carlos Alberto Treviño Medina, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue arrestado en Estados Unidos tras ser acusado de recibir sobornos relacionados con la aprobación de la reforma energética durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Su detención reabre el debate sobre la legalidad y transparencia de uno de los cambios estructurales más polémicos en la historia reciente del país.
Originario de Nuevo León, Treviño Medina es ingeniero en Industrias Alimentarias por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), donde también cursó dos maestrías: una en Administración de Empresas y otra en Ciencias con especialidad en Ingeniería de Alimentos. Su perfil académico, enfocado en procesos industriales y gestión corporativa, lo llevó a ocupar cargos de alta responsabilidad en el sector público, especialmente en áreas financieras, presupuestales y energéticas.
Antes de llegar a la dirección general de Pemex en 2017, Treviño acumuló una trayectoria sólida en distintas dependencias del gobierno federal. Fue considerado un operador técnico de confianza, con capacidad para manejar presupuestos multimillonarios y coordinar proyectos estratégicos.
Entre sus cargos más relevantes destacan:
- Director corporativo de Finanzas en Pemex, donde supervisó el manejo de recursos de la empresa productiva del Estado.
- Director corporativo de Administración y Servicios, con responsabilidad sobre procesos internos y contrataciones.
- Oficial mayor en las secretarías de Economía y de Energía, donde gestionó recursos y apoyó la implementación de políticas públicas.
- Subsecretario de Egresos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encargado de distribuir el presupuesto federal.
- Director general de Financiera Rural, institución dedicada al financiamiento del campo mexicano.
- Director de Finanzas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde manejó uno de los presupuestos más grandes del país.
Su paso por estas instituciones lo consolidó como un perfil técnico, discreto y estratégico, alejado de los reflectores mediáticos pero clave en la operación financiera del Estado.
Llegada a Pemex en medio de turbulencias
Treviño asumió la dirección general de Pemex en noviembre de 2017, tras la salida de José Antonio González Anaya, quien fue nombrado secretario de Hacienda. Su nombramiento se dio en un contexto de tensiones internas, presiones presupuestales y cuestionamientos sobre la viabilidad de la reforma energética.
Durante su gestión, Pemex enfrentó desafíos como la caída en la producción petrolera, el aumento de la deuda y la necesidad de atraer inversión privada. Aunque su perfil era más técnico que político, Treviño tuvo que navegar entre intereses empresariales, presiones legislativas y demandas sindicales.
Acusaciones por sobornos y vínculo con el caso Lozoya
La denuncia contra Treviño fue presentada por Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, quien lo señaló como uno de los funcionarios que habrían recibido sobornos para facilitar la aprobación de la reforma energética. Según la Fiscalía General de la República (FGR), Treviño habría recibido 4 millones de pesos como parte de un esquema de corrupción que involucró a empresarios, legisladores y altos funcionarios.
La acusación forma parte de una investigación más amplia sobre los casos Odebrecht y Agronitrogenados, en los que Lozoya también está implicado. La FGR ha solicitado a autoridades estadounidenses información sobre empresarios que habrían financiado ilegalmente la reforma energética, en lo que se considera uno de los mayores escándalos de corrupción en el sector público mexicano.
Detención en Estados Unidos y proceso judicial
Carlos Treviño Medina fue arrestado en Estados Unidos, aunque las autoridades no han precisado el lugar ni las circunstancias exactas de su detención. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmó que el exfuncionario será deportado a México para enfrentar el proceso judicial correspondiente.
La FGR busca imputarlo por los delitos de cohecho y asociación delictuosa, en el marco de una investigación que podría escalar hacia otros actores políticos y empresariales. Su situación legal permanece en desarrollo, mientras se define su traslado y comparecencia ante tribunales mexicanos.
