El Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó este lunes la fiscalización de los comicios judiciales realizados en México, en los que se eligieron jueces, magistrados y ministros, y anunció sanciones económicas por un total de 18 millones de pesos. La investigación reveló irregularidades relacionadas con los llamados acordeones, listas impresas y digitales distribuidas masivamente para influir en el voto de los ciudadanos.
De las más de 7,000 candidaturas que participaron en la elección, 177 que aparecieron en los acordeones y resultaron ganadoras recibieron multas mínimas, que en algunos casos no superan los 150,000 pesos. La sanción más alta fue para los nueve ministros electos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con multas que en total no rebasaron los 566,000 pesos, a pesar de que inicialmente se estimaba aplicar multas por hasta el 10% de los topes de campaña.
Las multas individuales varían según la capacidad económica de cada candidato, y en el caso de los ministros, la sanción más elevada fue para Loretta Ortiz, con 127,000 pesos, mientras que Irving Espinoza la multa fue de 39,599 pesos. La fiscalización también detectó otras irregularidades, aunque aún no se ha logrado determinar el origen de los volantes clasificados como propaganda ilegal.
El proceso de investigación continúa, con la Unidad Técnica de Fiscalización del INE trabajando para seguir la ruta de los acordeones y llegar a quienes encabezaron la operación. La mayoría de los consejeros del organismo electoral respaldó la continuidad de las pesquisas, aunque el debate en el pleno estuvo dividido. Un bloque de consejeros consideró que las sanciones, aunque menores, eran necesarias para enviar un mensaje de que estas conductas no serán toleradas, mientras que otros rechazaron las multas por falta de sustento jurídico y por dificultades en cuantificar la totalidad de la propaganda.
El pleno del INE también hizo un llamado al Congreso para que modifique la legislación electoral y otorgue mayores herramientas para investigar y sancionar este tipo de prácticas, que amenazan la integridad del proceso democrático. La discusión refleja la complejidad del tema y la necesidad de fortalecer los mecanismos legales para evitar que operaciones similares se repitan en las próximas elecciones judiciales de 2027.
