Un intenso debate público se desató en redes sociales y medios de comunicación tras la difusión de un video en el que Adriana Marín, responsable de comunicación digital del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, realizó declaraciones sobre el impacto laboral del crimen organizado en el país.
El video, que se volvió viral en plataformas digitales, corresponde a una entrevista en un programa de análisis político, donde Marín respondió a la afirmación de un periodista que sostenía que “se debe combatir al crimen organizado”. En su intervención, la funcionaria señaló que estas organizaciones reclutan entre 160 mil y 185 mil personas al año, lo que, según dijo, las convierte de facto en uno de los principales generadores de empleo informal en México.
Las palabras de Marín fueron interpretadas por amplios sectores de la opinión pública como una justificación o normalización del crimen organizado, lo que provocó una ola de críticas. Usuarios en redes sociales, analistas y comentaristas políticos calificaron el mensaje como preocupante, al considerar que podría transmitir la idea de que la falta de empleo formal legitima la existencia de actividades criminales.
Ante la controversia, la bancada de Morena en el Congreso de la CDMX se deslindó de las declaraciones, aclarando que se trató de una opinión expresada a título personal y que no representa la postura oficial del grupo parlamentario. Posteriormente, la propia Adriana Marín matizó sus palabras, señalando que su intención no era defender al crimen organizado, sino exponer una realidad social compleja, en la que miles de personas son reclutadas por falta de oportunidades económicas.
Especialistas han señalado que, si bien existen estudios académicos que estiman altos niveles de reclutamiento por parte de grupos criminales, el uso político de estas cifras requiere cuidado, ya que puede generar interpretaciones erróneas o mensajes ambiguos en un contexto de violencia e inseguridad.
El episodio reavivó el debate sobre el papel del Estado en la generación de empleo, la prevención del delito y la responsabilidad del discurso público de los actores políticos, especialmente en un país marcado por la presencia del crimen organizado.
