“El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), desde su creación, primero, se le ha visto como un entramado complicado que nadie quiere entender o que a nadie le interesa entender, y segundo, es como un llamado a misa”, asegura su presidenta, Vania Pérez Morales.
La doctora en Ciencias Políticas y miembro desde 2021 del Comité de Participación Ciudadana del SNA denuncia que, incluso, el sistema es oneroso si se comparan los 83 centavos que al año paga cada mexicano para su funcionamiento con los resultados que ha tenido, prácticamente nulos.
“El Sistema Nacional Anticorrupción está enfocado para hacer una política de Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que los tres niveles de gobierno, los tres Poderes de la Unión, puedan ser observados, fiscalizados y eventualmente sancionados por malas prácticas. Desde mi punto de vista, no ha ocurrido así por la falta de un ingrediente fundamental: la voluntad política”.
Admite que, por inanición, los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador propiciaron que el SNA nunca operara como debía, es decir, la falta de nombramientos y la eliminación del Inai minaron su funcionamiento.
Por ejemplo, al final del sexenio de Peña Nieto no se nombraron a los magistrados regionales anticorrupción ni a los de la Sala Anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa. Luego, al llegar López Obrador, no solo se incumplió con varios nombramientos en el Comité de Participación Ciudadana (CPC), sino que se eliminó al Inai.
Alerta que “un número importante de ciudadanos tomó la oportunidad de ser integrante de los comités de participación como una beca” y no se dedican de tiempo completo a esa actividad, como se los mandata la ley, sino que ni siquiera acuden a las sesiones o firman los acuerdos. A eso se suma el desinterés de quienes han encabezado algunas de las instituciones gubernamentales que integran el Comité Coordinador del SNA.
