Una nueva fase en la investigación por el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, se abre este miércoles con el anuncio del titular de seguridad federal, Omar García Harfuch: los policías municipales que integraban el primer círculo de seguridad de Carlos Manzo volverán a declarar ante las autoridades estatales. Aunque uno de los escoltas ya admitió haber disparado contra el agresor del edil, los peritajes balísticos siguen en curso para precisar qué arma fue la que abatió al atacante y cuál impactó al propio presidente municipal.
Según Harfuch, los agentes en cuestión no están detenidos, aunque sí localizados y disponibles para acudir a las citaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán cuando así se les requiera. El funcionario detalló que la investigación continúa a cargo de la dependencia estatal, que además revisa irregularidades en el protocolo de seguridad y desempeño de la escolta.
En paralelo, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, apuntó a una flexibilización del dispositivo de protección alrededor de Manzo como una línea de investigación clave. Afirmó que la escolta estuvo conformada por ocho policías municipales elegidos por el propio alcalde, además de 14 elementos de la Guardia Nacional, y que la mezcla de responsabilidades estaría actualmente bajo revisión.
El caso del asesinato de Carlos Manzo —ejecutado en pleno evento público— ha encendido alertas respecto al entorno de inseguridad que enfrenta la región, y la atención está puesta en que tanto los dictámenes periciales como las comparecencias de los agentes conforme a derecho logren arrojar luz sobre la cadena exacta de responsabilidades. La declaración repetida de los escoltas podría ayudar a clarificar no solo qué ocurrió en los segundos críticos del ataque, sino también si existieron fallas o negligencias dentro del protocolo de protección instituido para el edil.
