- La presidenta de Mexicanos contra la Corrupción está citada a comparecer en el Reclusorio Oriente el martes 16 de diciembre
La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a María Amparo Casar Pérez, presidenta de la organización civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), por el presunto delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, derivado del cobro de una pensión vitalicia otorgada por Petróleos Mexicanos (Pemex) tras la muerte de su esposo, exfuncionario de la empresa productiva del Estado.
De acuerdo con la acusación, Casar deberá comparecer en audiencia inicial ante un juez federal en el Centro de Justicia Penal del Reclusorio Oriente, donde el Ministerio Público buscará formular la imputación formal y exponer los elementos que sustentan la causa penal.
La investigación se centra en la legalidad de la pensión que Casar ha recibido desde 2005, luego del fallecimiento de su esposo en 2004. Pemex sostiene que el deceso no habría ocurrido como accidente laboral, condición necesaria —según la normativa interna— para el otorgamiento de una pensión vitalicia, lo que, a juicio de la empresa y de la FGR, podría configurar una obtención indebida del beneficio.
El caso se originó a partir de una denuncia presentada por Pemex, que derivó en la apertura de una carpeta de investigación federal. La FGR considera que en el proceso de autorización y mantenimiento de la pensión pudieron haberse utilizado atribuciones de manera irregular, lo que encuadra en el tipo penal previsto en el Código Penal Federal.
En contraste, Casar ha rechazado las acusaciones y ha sostenido públicamente que la pensión fue otorgada conforme a la normatividad vigente en su momento. Además, ha promovido recursos legales para evitar la suspensión de los pagos mientras se resuelve el fondo del asunto.
La judicialización del caso ha generado reacciones encontradas. Diversas organizaciones civiles y analistas han expresado preocupación por un posible uso político de la justicia, dada la trayectoria de Casar como académica y activista crítica de la corrupción gubernamental. Otros sectores, en cambio, subrayan la necesidad de revisar y, en su caso, sancionar irregularidades en el otorgamiento de prestaciones financiadas con recursos públicos.
La audiencia en el Reclusorio Oriente será clave para definir si el caso avanza a una etapa de vinculación a proceso o si la defensa logra frenar la imputación. El desenlace tendrá implicaciones tanto jurídicas como políticas, en un contexto de alta polarización en torno a la actuación de las instituciones de justicia.
