Ciudad de México, 28 de marzo de 2026.– La actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas presentada por el gobierno federal reavivó el debate sobre la magnitud real de la crisis en México. De acuerdo con autoridades, el país acumula más de 132 mil registros históricos de personas desaparecidas y no localizadas; sin embargo, tras un proceso de depuración, solo 43 mil 128 casos fueron clasificados como desapariciones “vigentes”, es decir, aquellos en los que no se tiene rastro actual de la persona.
Durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, se explicó que la revisión buscó eliminar duplicidades, corregir inconsistencias y reclasificar expedientes con algún tipo de evidencia posterior. Según la versión oficial, más del 90 % de los registros han sido aclarados o integrados en otras categorías, mientras que únicamente 3 mil 869 casos cuentan actualmente con una carpeta de investigación abierta.
No obstante, la nueva metodología ha sido duramente cuestionada por colectivos de familiares y organizaciones civiles, quienes advierten que esta depuración podría estar reduciendo artificialmente la dimensión del problema. Señalan que miles de casos fueron relegados por falta de información —una omisión atribuible a las propias autoridades— y denuncian que el cambio en los criterios no implica una disminución real de las desapariciones, sino una modificación en la forma de contarlas.
La controversia revive un debate de fondo: si la reclasificación contribuye a una mejor comprensión del fenómeno o si, por el contrario, diluye la gravedad de una crisis que, para miles de familias, sigue sin resolverse.
