La nueva Ley General de Aguas avanza tras su aprobación en San Lázaro, imponiendo multas millonarias y penas de cárcel hasta de 8 años a quienes cedan o comercialicen concesiones.
El dictamen contempla penas de hasta ocho años de prisión y multas millonarias a quienes cedan o comercialicen concesiones. También se refuerza la certeza jurídica entre tierra y agua.
Tras 24 horas de discusión, el legislador guerrerense Marco de la Mora afirmó que el cambio “por fin reconoce el agua como un derecho humano y no como objeto de especulación”.
“La gente primero. Eso es lo que marca esta reforma”, dijo.
El dictamen contempla un Registro Público Nacional del Agua, eliminación del mercado negro, sanciones severas, un fondo de reserva, reconocimiento a sistemas comunitarios, captación pluvial, trámites ágiles y tecnificación del riego.
“Esto le dará certeza al campo, al hogar y a las comunidades de Guerrero”, añadió el diputado guerrerense.
