La Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno continúa detenida en el Senado desde 2020, pese a haber sido aprobada por la Cámara de Diputados hace más de cinco años. Organizaciones civiles y legisladores han advertido que la minuta permanece sin dictaminar, lo que mantiene en vilo a miles de personas afectadas por la violencia y la inseguridad en diversas regiones del país.
El proyecto de ley contempla la creación de un fondo nacional destinado a brindar atención inmediata y reparación integral a las víctimas, así como un registro y un programa de seguimiento. Sin embargo, este esquema financiero se ha topado con un obstáculo central: los criterios presupuestales impulsados en los últimos años por Morena y sus aliados, que establecen que las reformas no deben generar impacto presupuestal, lo que virtualmente bloquea la posibilidad de crear nuevos fondos o estructuras.
De acuerdo con análisis del Instituto Belisario Domínguez, la ausencia de una legislación federal especializada ha impedido ofrecer una respuesta integral al desplazamiento interno, fenómeno cuyo alcance resulta difícil de medir en ausencia de un registro confiable. Organizaciones de víctimas advierten que, mientras la ley permanezca congelada, miles de familias seguirán sin reconocimiento oficial ni mecanismos claros para recibir apoyo o reconstruir su vida.
Líderes legislativos y colectivos afectados han llamado al Senado a retomar de inmediato la discusión, pero voces dentro del Congreso anticipan que, por su carga financiera, la iniciativa podría permanecer estancada durante varios años más. Activistas subrayan que el retraso no solo perpetúa la falta de atención institucional, sino que también profundiza la vulnerabilidad de comunidades que llevan años desplazadas por la violencia sin una ruta de reparación integral.
