- La Ley Manzo propone seguridad federal para alcaldes amenazados, trámites accesibles para ejercer la legítima defensa y penas severas para quien asesine a un edil
El diputado local Carlos Bautista Tafolla, del Movimiento del Sombrero, presentó en el Congreso de Michoacán la Ley Manzo para honrar la memoria del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado el 1 de noviembre.
La Ley Manzo busca fortalecer la seguridad y la procuración de justicia y consta de 10 iniciativas.
La primera busca que los presidentes municipales amenazados cuenten con seguridad federal, especialmente en zonas de alto riesgo y que los afectados demuestren que están siendo intimidados por el crimen organizado.
También propone trámites accesibles para ejercer la legítima defensa. La propuesta incluye que la Secretaría de la Defensa Nacional “simplifique y flexibilice los trámites para tener un arma en casa”.
Además de que se sancionen los delitos graves como homicidio, feminicidio, secuestro, violación y delincuencia organizada de manera proporcional al daño causado, sin importar la edad.
“Esta reforma establece que los padres o tutores respondan con la reparación del daño para que ninguna víctima quede desprotegida”, dijo Bautista Tafolla.
Entre las propuestas también incluye tipificar el homicidio contra presidentas y presidentes municipales con penas de 35 a 65 años de prisión en Michoacán; fomentar las candidaturas independientes, otorgando más tiempo para reunir financiamiento y el respaldo ciudadano.
También que la fiscalía del estado brinde informes públicos mensuales sobre los avances en los homicidios de presidentes municipales, para evitar que se archiven las carpetas de investigación.
Otra propuesta es la de aumentar las penas por falsificar o usar apariencia oficial. De 15 a 25 años de prisión a quien fabrique, distribuye o venda insignias o uniformes falsos de elementos de seguridad pública. De 25 a 40 años para quien los use o utilice vehículos balizados para cometer delitos, señaló.
Asimismo, propone un castigo de 10 a 20 de prisión para los familiares que encubran a delincuentes. “Esconder a un culpable es participar en el crimen”, sostuvo.
