Tras el asesinato de María del Carmen Morales y su hijo, el colectivo al que pertenecía, Guerreros Buscadores de Jalisco, solicitó protección para la familia de la buscadora y para todas las personas que tienen un familiar desaparecido.
María del Carmen Morales dedicó el último año de su vida a la búsqueda de su hijo Ernesto Julián, hasta este jueves, cuando fue asesinada junto con otro de sus hijos, Jaime Daniel Ramírez Morales, en un ataque directo perpetrado en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en el estado de Jalisco.
Pese a que no hay detenidos por el homicidio, la fiscalía del estado adelantó inicialmente que “hasta el momento no hay indicios de que esté relacionado con la labor de la mujer como integrante de un colectivo de búsqueda”, aunque de acuerdo con el grupo al que pertenecía, Guerreros Buscadores de Jalisco, ella había sido amenazada.
Este viernes, la dependencia estatal dijo que hubo una “mala interpretación de la información” y reconoció en conferencia de prensa que una de las líneas de investigación en el caso sí es la labor de María del Carmen como madre buscadora.
Desde 2010, en México han sido asesinadas 28 personas buscadoras, las dos últimas en Jalisco, lo que para la organización Amnistía Internacional es “muestra de todos los pendientes que sigue teniendo el Estado mexicano en la protección de las familias de personas desaparecidas en México”, ya que en las distintas entidades del país sufren de distintos tipos de violencias por su labor.
“El riesgo en el que se encuentra su integridad y su vida es un riesgo en el que están porque el Estado mexicano no hace su labor, porque si buscara efectivamente a las personas desaparecidas los familiares no tendrían que estar haciendo trabajos de búsqueda, no tendrían que estar haciendo denuncias y no tendrían que colocarse en este tipo de riesgos”, subraya Edith Olivares, directora de la organización.
“Por eso insistimos en que hay una responsabilidad del Estado mexicano en estos asesinatos, en estas desapariciones, en el desplazamiento, en los riesgos a la salud y el empobrecimiento que están viviendo las familias de las personas desaparecidas, y por lo tanto tiene el deber de garantizarles protección”, señala Olivares.
