El próximo 1 de junio, los ciudadanos mexicanos tendrán la oportunidad de elegir a más de 3,000 jueces que marcarán el rumbo de la justicia en el país durante al menos seis años. Sin embargo, el proceso electoral se ha visto envuelto en controversias, ya que muchos de los aspirantes han sido señalados por escándalos relacionados con corrupción, ineficiencia o falta de preparación. Aunque hasta ahora sus perfiles eran poco conocidos, un análisis preliminar revela que solo tres de cada diez candidatos poseen un doctorado, destacando áreas como Derecho Penal, Derechos Humanos y Juicios Orales.
Entre los aspirantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 27 de los 65 candidatos han sido vinculados a algún escándalo mediático. Figuras como Paula María García Villegas, acusada de duplicar su tesis universitaria, y Ángel Mario García Guerra, quien exoneró al exgobernador de Nuevo León por presuntos delitos de corrupción, han generado debate sobre la idoneidad de los candidatos. También destacan nombres como Luz María Zarza Delgado, involucrada en el caso de la Estafa Maestra, y las aspirantes Loretta Ortiz Ahlf, Lenia Batres y Yasmín Esquivel, cuestionadas por su cercanía con Morena y el expresidente López Obrador.
El nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que sustituirá al Consejo de la Judicatura Federal, también enfrenta dudas sobre la trayectoria de sus aspirantes. De los 38 candidatos, al menos 13 han sido señalados por situaciones polémicas. Entre ellos, Juvenal Carbajal, acusado de intentar favorecer a su esposa en el Poder Judicial de Oaxaca, y Celia Maya, magistrada en retiro, quien ha sido criticada por su cercanía con el oficialismo y por no renunciar a su pensión de más de 157 mil pesos mensuales. Estas revelaciones ponen en duda la independencia y transparencia de quienes serán responsables de garantizar la justicia en México.
