La Corte está por resolver el litigio entre Google y el abogado Ulrich Richter; expertos y organizaciones advierten que el fallo podría permitir que plataformas digitales eliminen contenidos sin orden judicial y asuman funciones de censura en internet.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está por resolver una de las controversias corporativas más relevantes y complejas de los últimos años, con posibles implicaciones a nivel nacional e internacional. Se trata del caso entre Google y el abogado Ulrich Richter, un litigio que —dependiendo del sentido del fallo— podría abrir la puerta a que empresas privadas asuman funciones de censura en internet, lo que representaría una amenaza a la libertad de expresión, según advierten especialistas.
La condena civil impuesta a Google por juzgados y tribunales mexicanos, que obliga a la empresa a pagar 5 mil millones de pesos por daño moral a Richter, ha encendido alertas incluso fuera del país. No solo por el impacto económico, sino por el precedente que podría sentar sobre la responsabilidad de intermediarios digitales en la publicación de contenidos.
Fuentes del máximo tribunal confirmaron que su presidente, Hugo Aguilar Ortiz, presentará un proyecto de sentencia para resolver este caso, que ha dejado de ser un conflicto individual para convertirse en un debate estructural sobre quién controla la información en internet.
La controversia y sus implicaciones
El origen del conflicto se remonta a 2014, cuando se creó un blog en la plataforma Blogger —propiedad de Google— en el que se vinculaba a Ulrich Richter y a su esposa con diversos delitos, sin pruebas. Un año después, el abogado solicitó la eliminación del contenido; ante la falta de respuesta, inició una demanda.
Durante el proceso judicial, tribunales mexicanos determinaron responsabilizar a Google por no retirar el sitio, aun sin existir una orden judicial que declarara la ilegalidad del contenido. Este criterio ha sido duramente cuestionado por especialistas, quienes advierten que se estaría trasladando a empresas privadas una función que corresponde exclusivamente a las autoridades judiciales.
Organizaciones como el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford y Artículo 19 han advertido que una sentencia en ese sentido permitiría a plataformas digitales eliminar contenidos sin garantías de debido proceso, transparencia ni rendición de cuentas.
Además, señalan que el riesgo de sanciones económicas millonarias podría generar un “efecto inhibitorio”, llevando a las plataformas a eliminar contenido de manera preventiva para evitar litigios.
¿Privatización de la censura?
La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) sostiene que este caso podría consolidar un modelo de “censura privada”, donde empresas tecnológicas decidan qué información permanece en línea.
Según la organización, en México ya existe una tendencia en la que actores con poder económico o político buscan eliminar información incómoda mediante demandas por daño moral, ante la imposibilidad legal de aplicar el llamado “derecho al olvido”.
“No puede asignarse a entidades privadas la obligación de determinar qué información cumple una función pública y cuál debe eliminarse”, advierte R3D.
Libertad de expresión y figuras públicas
Otro punto clave del litigio es la naturaleza del contenido publicado. Google ha argumentado que el blog en cuestión constituye una forma de sátira, protegida por la libertad de expresión, y que Ulrich Richter, por su trayectoria como abogado, escritor y aspirante a cargos públicos, debe ser considerado una figura pública.
De acuerdo con la jurisprudencia mexicana, las figuras públicas están obligadas a tolerar un mayor nivel de crítica. En este contexto, para acreditar daño moral se debe cumplir con el estándar de “real malicia”, es decir, demostrar que la información fue difundida con intención deliberada de causar daño.
Un fallo con impacto estructural
El desenlace del amparo 8/2023 en la SCJN podría redefinir el papel de las plataformas digitales en México. La resolución determinará si estas empresas deben actuar como simples intermediarios tecnológicos o si, ante la presión legal, se verán obligadas a convertirse en árbitros del contenido en línea.
Especialistas coinciden en que el fallo marcará un precedente crucial: definir si internet en México seguirá siendo un espacio abierto o si avanzará hacia un modelo donde la censura sea ejercida, de facto, por corporaciones privadas.
