Se acabó el censo para dignificados afirman funcionario del bienestar

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Por Osvaldo Rendón Ríos

Ometepec., Gro. 1 de Julio de 2025. Este martes, los damnificados del huracán Erick en los municipios de San Luis Acatlán y Ometepec tomaron las oficinas provisionales de Bienestar, ubicadas en Ometepec, en un intento por exigir la atención que consideran necesaria tras los estragos causados por el fenómeno meteorológico.

Los afectados manifestaron su descontento al señalar que los servidores de la nación no realizaron el censo correspondiente en sus viviendas, lo que ha generado una creciente inquietud entre la población.

Desde la mañana, un grupo de damnificados optó por bloquear la entrada del estacionamiento del Instituto Tecnológico de Ometepec, donde están instaladas provisionalmente las oficinas del bienestar.

Con candados y cadenas, los manifestantes aseguraron que no permitirían la salida de los servidores públicos hasta ser atendidos adecuadamente por el delegado federal de Bienestar en Guerrero, Iván Hernández.

Los afectados señalaron que es inaceptable que, a pesar de las promesas de apoyo, los representantes del gobierno hayan omitido pasar por sus hogares para documentar las pérdidas y afectaciones.

«Nos dejaron fuera del censo. Necesitamos ayuda y no nos vamos a mover hasta que se nos escuche», afirmó uno de los representantes de los damnificados.

Además, los manifestantes advirtieron que, de no recibir respuestas satisfactorias, están dispuestos a llevar a cabo un bloqueo en la carretera federal Acapulco – Pinotepa Nacional a la altura de San Juan de los Llanos, una medida que podría generar complicaciones en el tráfico y en el transporte de mercancías en la región.

Esta situación refleja el profundo malestar de una comunidad que aún lidia con las secuelas del huracán Erick, que dejó daños significativos en infraestructuras y hogares.

La falta de atención rápida y eficaz por parte de las autoridades ha provocado que los afectados se sientan desprotegidos y abandonados en un momento crítico.

Las autoridades deben actuar con prontitud para abordar las demandas legítimas de los damnificados y garantizar que reciban la asistencia necesaria para su recuperación.

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