Chilpancingo, Gro., 08 de junio de 2026.- La Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, analiza una iniciativa presentada por el diputado Jhobanny Jiménez Mendoza para adicionar el artículo 141 Bis de la Ley Número 790 de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado, con el propósito de implementar un sistema de supervisión externa certificada en los proyectos de desarrollo urbano, fortalecer el control técnico de las obras, prevenir irregularidades y garantizar desarrollos seguros, ordenados y sustentables.
Al presentar la propuesta, el diputado externó que el derecho a una vivienda adecuada y a un desarrollo urbano ordenado constituye un principio fundamental reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en diversos instrumentos internacionales; por ello, resulta indispensable garantizar que los asentamientos humanos y los proyectos de urbanización cumplan con estándares de seguridad estructural, protección civil, sustentabilidad ambiental y calidad en los servicios.
La adición busca crear un sistema de supervisión externa certificada para proyectos de asentamientos humanos, fraccionamientos, obras de urbanización, vialidades y equipamiento urbano, mediante empresas especializadas que deberán obtener una certificación expedida por la autoridad estatal competente.
Jhobanny Jiménez agregó que la reforma contempla requisitos estrictos para obtener dicha certificación, entre los que se encuentran: experiencia comprobable en supervisión técnica de obras, personal profesional especializado, certificación de calidad bajo estándares internacionales, seguro de responsabilidad civil, cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales, así como equipo tecnológico que permita la integración a las plataformas estatales de monitoreo.
Asimismo, establece que las empresas supervisoras deberán actuar de manera independiente respecto de los desarrolladores o propietarios de las obras.
Sus reportes tendrán carácter oficial y serán vinculantes para la liberación de etapas constructivas, recepción de obras y verificación del cumplimiento de normas urbanísticas, ambientales y de protección civil.
Finalmente, la propuesta contempla también la creación de un Registro Público Estatal de Empresas Certificadas en Supervisión Externa, el cual será de consulta pública y se actualizará periódicamente, además de fijar sanciones para aquellas empresas que incumplan sus obligaciones, incluyendo la revocación de la certificación.
