Chilpancingo, Gro., 02 de julio de 2026.- La diputada Violeta Martínez Pacheco presentó una iniciativa con el propósito de reconocer y regular los Centros de Convivencia Familiar Supervisada (CECOFAM) como órganos especializados de apoyo a la justicia familiar, garantizando espacios seguros para la convivencia, la revinculación familiar y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes involucrados en procedimientos judiciales.
La propuesta plantea incorporar a la legislación la existencia y funcionamiento de los CECOFAM, a fin de brindar certeza jurídica a una institución especializada que auxilia a los órganos jurisdiccionales en el cumplimiento de los regímenes de convivencia familiar.
Explicó que estos Centros han demostrado ser una herramienta indispensable para proporcionar espacios neutrales y seguros para convivencias supervisadas, brindar acompañamiento psicológico y orientación especializada, así como emitir informes técnicos que apoyen la toma de decisiones de las autoridades jurisdiccionales.
Asimismo, refiere que, pese a la relevancia de sus funciones, estos Centros operan con base en un acuerdo administrativo emitido por el Poder Judicial, por lo que la iniciativa propone reconocerlos en la legislación para garantizar su permanencia, continuidad y fortalecimiento, especialmente ante los procesos de transformación institucional derivados de la reforma judicial.
La propuesta también establece que los Centros de Convivencia Familiar Supervisada deberán actuar bajo principios como el interés superior de la niñez, la perspectiva de infancia, la máxima protección, la debida diligencia, la no revictimización, la igualdad y no discriminación, además de prever la participación de equipos multidisciplinarios especializados en psicología, trabajo social, pedagogía, derecho familiar y otras disciplinas afines.
La iniciativa para adicionar el Capítulo XIII, denominado “De los Centros de Convivencia Familiar Supervisada”, al Título Cuarto de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero, fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación.
