Chilpancingo, Gro., a 24 de febrero del 2021.- El diputado Moisés Reyes Sandoval propuso reformar el Código Penal del Estado de Guerrero para castigar a quienes, en beneficio propio o de un tercero, utilicen su empleo, cargo o comisión pública para acceder con prioridad y ventaja a tratamientos, vacunas o insumos médicos.

En la iniciativa que se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación, el diputado expone que la crisis sanitaria ha generado una demanda inusitada de vacunas y fármacos, pero ante el reducido número de vacunas que llegan al país y la urgencia de millones de ciudadanos por ser inmunizados, se han generado grandes incentivos por tener acceso a una dosis de vacuna de forma anticipada.

Agregó que ha sido testigo de cómo en los últimos meses funcionarios públicos utilizan su posición de poder y privilegios para ser inmunizados, aun cuando las autoridades han expresado claramente que en esta etapa de vacunación únicamente el personal de Salud y los adultos mayores pueden tener acceso a la vacuna.

Resaltó que “estas acciones inapropiadas se caracterizan por estar fundamentadas en el delito de abuso de autoridad, el cual es definido como la exageración o extralimitación que las autoridades o funcionarios públicos hacen de las facultades que les fueron conferidas para el desempeño de su cargo u oficio. “De esta forma, hemos visto cómo políticos o funcionarios públicos acceden de forma ilegal y ventajosa a las vacunas”, reprochó.

Por estas razones, considera necesario adicionar el Código Penal del Estado para que se considere como causal de delito el hecho de que políticos o funcionarios hagan uso de su autoridad para acceder con prioridad y ventaja a tratamientos médicos, vacunas o insumos médicos.

Iniciativas
En otro punto, el diputado Marco Antonio Cabada Arias presentó dos iniciativas, una para adicionar el Código Penal del Estado y considerar como “discriminación” la exclusión en razón de género, religión, vestimenta, discapacidad física o intelectual; condición socioeconómica, origen o estado de salud en las instituciones educativas públicas y privadas de nivel básico, así como cualquier agresión física o verbal por parte de un alumno hacia sus compañeros.

Asimismo, para adicionar la Ley de Bienestar Animal del Estado y permitir que los elementos de Seguridad Pública, Protección Civil o Bomberos puedan actuar sin que exista orden de un juez cuando observen maltrato hacia un animal doméstico dentro de un domicilio, área de trabajo o parque público.

Ambas propuestas se turnaron para su análisis respectivo a las comisiones de Justicia y de Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático.

Chilpancingo, Gro., a 24 de febrero del 2021.- El diputado Carlos Cruz López propuso una iniciativa para adicionar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado a efecto de establecer la “debida responsabilidad” del agente del Ministerio Público, con el fin de evitar la revictimización de las personas que hayan sufrido un perjuicio en su patrimonio o integridad física, así como solicitar el procedimiento de investigación cuando la víctima lo requiera.

En su propuesta, el legislador de Morena señala que es un hecho notorio que en las agencias del MP se practican irregularidades, como omisiones en la atención de las víctimas que presentan su denuncia o agravio.

Esto, dijo, contraviene lo que señala la Declaración Universal y la Convención Americana de Derechos Humanos, así como lo establecido en los artículos 1º y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevén que la víctima de un delito debe recibir la debida atención, además de respetar su dignidad humana y velar por que se proteja su integridad física.

Sin embargo, recalcó que en los hechos no se les brinda la atención inmediata a las víctimas ni un trato digno, se ponen diversos pretextos para no levantar la denuncia y, en algunos casos, el Ministerio Público solamente levanta un acta, en lugar de iniciar la carpeta de investigación.

“Esto entorpece la judicialización, es un acto doloso y negligente que provoca que el agraviado desista de continuar con el trámite, lo cual inhibe la denuncia, y lo que es peor, con ello se alimenta la impunidad”, abundó.

Cruz López plantea adicionar tres párrafos al artículo 12 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, para establecer debidamente la responsabilidad del Ministerio Público y evitar revictimizar a la persona que ha sufrido un perjuicio en su patrimonio o en su persona, y en caso de omisión por parte del agente o funcionario encargado de levantar la denuncia y de dar la continuidad a la carpeta de investigación o al procedimiento penal, se considerará como grave y será motivo de suspensión del cargo de 30 hasta 90 días sin goce de sueldo, y en caso de reincidencia, se procederá a su inmediata destitución, además de fincarle las responsabilidades civiles, penales y administrativas que procedan.

Acuerdo
El diputado Carlos Cruz López también presentó un acuerdo para exhortar a los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal para que implementen un fondo económico emergente o programa de microcréditos a la palabra temporales en favor de los grupos vulnerables, mismos que se han visto particularmente afectados por la pandemia de Covid-19, y que no son beneficiados con ningún programa de los tres niveles de gobierno.

Dicho acuerdo se turnó a la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo para su análisis y emisión del dictamen correspondiente.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, diputado Alfredo Sánchez Esquivel y el diputado Ricardo Castillo Peña se reunieron este martes con representantes de las cuatro Casas de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), del Paraíso, Espino Blanco, Caxitepec Las Juntas y San Luis Acatlán, donde analizaron temas de relevancia para avanzar en el dictamen de la Reforma Constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano.

Allí, Sánchez Esquivel hizo un llamado a trabajar de manera conjunta con los distintos actores políticos en el estado para poder desahogar los puntos esenciales de dicha reforma, y que en su momento sea analizada, presentada y aprobada por el Pleno de la de la LXII Legislatura.

Chilpancingo, Gro., a 24 de febrero del 2021.- El diputado Bernardo Ortega Jiménez hizo un llamado a Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) para que el maíz acopiado mediante el Programa Precios de Garantía se distribuya en Guerrero a precios no mayores a los de su adquisición.

Lo anterior, al participar con el tema «Acaparamiento del maíz y el incipiente incremento de los precios de la masa y la tortilla en el estado de Guerrero”, en la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles.

El legislador explicó que dicha problemática se ha planteado con anterioridad en el Congreso local; sin embargo, actualmente se ha vuelto más compleja por la injerencia de instituciones como SEGALMEX, que está realizando prácticas monopólicas respecto a la adquisición del maíz, situación que está generando preocupación y que ya ha sido denunciada por los productores de la masa y la tortilla en la entidad.

El también coordinador de la bancada del PRD explicó que de acuerdo con el proceso que maneja dicho organismo descentralizado, primeramente se abastecerá las necesidades de maíz de las tiendas DICONSA, y si hay remanentes, se hará con programas de instituciones o en mercado abierto, pero este procedimiento puede generar aumento del costo del maíz y, en consecuencia, el alza de insumos de primera necesidad para las familias guerrerenses.

Por lo anterior, hizo un llamado al Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, dependiente de la Secretaría de Economía, para que verifique los precios de la masa y la tortilla en Guerrero, ya que en su página web aparece en ceros todo el mes de febrero, situación que genera incertidumbre y dispersión de información en cuanto a los precios de la canasta básica.

«Las autoridades no deben minimizar esta problemática o dar afirmaciones de que existe suficiente producción de maíz en Guerrero, la realidad es que no es autosuficiente en la producción de este insumo, por tanto, afecta seriamente a productores de la masa y la tortilla que a mediados del año compran maíz a otras entidades, lo que genera el alza en el precio del producto, afectando la economía de las familias», externó.

Licencias
En una segunda sesión, las diputadas y diputados aprobaron la licencia por tiempo indefinido de Javier Solorio Almazán al cargo y funciones de síndico procurador del Ayuntamiento de Acapulco, a partir del 01 de febrero.

También se aprobó la reincorporación de Jesús Silva Maldonado al cargo y funciones de regidor del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón. Expuso los motivos y contenido de ambos dictámenes la diputada Alicia Zamora Villalva, presidenta de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación.

Por último, se clausuraron los trabajos correspondientes al Primer Periodo de Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura al Congreso del Estado de Guerrero.