Redacción

La marcha realizada el 15 de noviembre en el Zócalo de Ciudad de México, convocada bajo el paraguas del movimiento “Generación Z”, dejó ver un escenario social más complejo de lo previsto. Aunque la protesta se presentó como un llamado ciudadano contra la violencia, la corrupción y la inseguridad, la composición heterogénea de los asistentes reflejó un malestar transversal que trasciende a los jóvenes y alcanza a distintos sectores de la población.

A lo largo del recorrido, el ambiente se mantuvo mayoritariamente pacífico, pero la llegada al Zócalo marcó un punto de ruptura. Un grupo de encapuchados —identificado habitualmente como “bloque negro”— inició acciones de confrontación directa, derribando vallas metálicas y empleando objetos contundentes. Este episodio no solo alteró la dinámica de la movilización, sino que también desplazó la atención pública hacia la violencia, eclipsando las demandas originales.

La respuesta policial fue rápida y contundente. El uso de gases lacrimógenos, el avance de los cuerpos antimotines y la dispersión forzada de los manifestantes derivaron en un número significativo de heridos, tanto civiles como agentes. Las detenciones y el despliegue operativo alimentaron el debate sobre los límites de la intervención policial, así como sobre la capacidad del Estado para gestionar protestas o manifestaciones.

En el trasfondo, la marcha deja abiertas preguntas sobre el origen y la organización del movimiento, la presencia de grupos con agendas propias y la fragilidad de los espacios de protesta en un contexto social cargado de frustración. Más allá de los episodios violentos, la jornada reflejó un malestar amplio y persistente que continúa sin encontrar cauces políticos claros ni interlocutores capaces de canalizarlo de manera efectiva.

Heridos y detenidos

• Según la SSC, 100 policías resultaron lesionados, de los cuales 40 fueron hospitalizados.

• Hubo también 20 civiles heridos, según autoridades.

• Se detuvieron 20 personas: 20 de ellas fueron remitidas al Ministerio Público y otras por faltas administrativas.

• Otro reporte de la prensa dice que fueron 40 detenciones.

Ciudad de México.— La marcha convocada por la llamada “Generación Z” el 15 de noviembre en Ciudad de México, que comenzó en el Ángel de la Independencia con un tono de protesta pacífica contra la violencia y la corrupción, se tornó violenta al llegar al Zócalo capitalino. Un grupo encapuchado escaló vallas metálicas instaladas frente al Palacio Nacional y las derribó tras usar martillos, pedradas y cizallas.

Las vallas habían sido colocadas con anticipación para proteger la fachada del Palacio Nacional, pero parte de los manifestantes identificados como pertenecientes al “bloque negro” comenzaron los ataques, lo que derivó en un enfrentamiento entre encapuchados y policías. Autoridades reportan que los agentes usaron gas lacrimógeno o extintores desde el interior del cerco.

A pesar de estos incidentes, otros jóvenes del contingente llamaron a la calma para mantener la protesta con un tono pacífico. Algunos manifestantes incluso se acercaron a policías para solidarizarse con ellos, argumentando que sus quejas también son compartidas por servidores públicos.

La movilización Gen Z no se limitó a la Ciudad de México: también hubo manifestaciones en otros estados del país, con consignas contra la impunidad, la corrupción y la violencia, y con llamados a reformas democráticas profundas.

En el Congreso de la Unión permanecen estancadas dos iniciativas para duplicar el aguinaldo mínimo legal de los trabajadores asalariados, que desde hace casi medio siglo se sitúa en apenas 15 días de salario. Las propuestas buscarían elevarlo a 30 días, pero no han avanzado a pesar del debate público y la presión de algunos legisladores.

Paralelamente, los legisladores federales se preparan para recibir un aguinaldo de 40 días: los 128 senadores con una dieta mensual de 131,700 pesos y los 500 diputados con un sueldo de 79,000 pesos al mes. Esto ha abierto críticas al contraste entre sus condiciones y las de millones de trabajadores que siguen con el derecho más bajo estipulado en la Ley Federal del Trabajo.

Según los cálculos, el aguinaldo mínimo de 15 días equivale a apenas unos pocos miles de pesos para quienes perciben el salario mínimo, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte es algo más elevado, pero sigue lejos de la cifra que los legisladores se autopagan. Además, los parlamentarios aprovecharon un puente de seis días previo al cierre del periodo ordinario para maximizar sus beneficios.

Pese a que la Comisión de Trabajo del Senado aprobó en su momento una de las iniciativas para elevar el aguinaldo, no ha sido discutida en el pleno. Los promotores sostienen que duplicar esta prestación sería un acto de equidad y dignidad para los trabajadores, sobre todo frente a una brecha salarial persistente y la desigualdad entre empleados públicos y del sector privado.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que, desde el 6 de julio, la Estrategia Nacional contra la Extorsión logró identificar que el 56% de las líneas telefónicas utilizadas para extorsionar se originan en solo 12 centros penitenciarios del país. Gracias a esta intervención, el 75% de las extorsiones denunciadas no llegaron a consumarse, derivado del acompañamiento directo a víctimas y del análisis de llamadas al número 089.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, explicó que estos 12 penales concentran además el 12% de todas las líneas reportadas a nivel nacional, por lo que se implementaron acciones específicas para cortar la comunicación ilícita. Entre ellas destacan la instalación de inhibidores de señal, sistemas de circuito cerrado, sensores de movimiento y operativos de revisión tecnológica, además del bloqueo de un tercio de las líneas detectadas mediante el retiro y modificación de antenas en estados como Tamaulipas y Ciudad de México.

Como parte de la estrategia, también se han bloqueado servicios de conectividad 3G y 4G en centros penitenciarios estratégicos, y se prevé que para los primeros tres meses de 2026 queden completamente blindados los 14 reclusorios federales y los tres de la capital. Las autoridades indicaron que el objetivo es impedir que los grupos criminales sigan utilizando las cárceles como base de operaciones para extorsionar a la población.

En temas adicionales de seguridad, García Harfuch informó que durante octubre fueron detenidas 2 322 personas, aseguradas 13.2 toneladas de droga —incluidas pastillas de fentanilo—, confiscadas 1 698 armas de fuego y desmantelados 47 laboratorios clandestinos. Desde el inicio de la actual administración, las autoridades han detenido a más de 37 000 personas y asegurado 296.6 toneladas de droga, lo que, según el funcionario, demuestra un avance sostenido en el combate al crimen organizado.